¿Garantiza el IPC el poder adquisitivo de las pensiones?

Con el dato del incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de noviembre, se nos anuncia un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas a partir del mes de enero de 2026. Capítulo aparte merece el anuncio de que, para las pensiones mínimas y no contributivas, y el ingreso mínimo vital, se anuncien incrementos por encima del 11%.

Pero vayamos por partes. El ligar la actualización de las pensiones contributivas al incremento del IPC se vende como dato positivo y en buena parte lo es gracias a la lucha del Movimiento Pensionista, que derrotó aquel 0,25% de Mariano Rajoy y su ministra Fátima Báñez, y a que desde entonces hemos permanecido en las calles. Por lo tanto, la primera conclusión es que la lucha paga, y que en ella seguiremos.

Ahora bien, ¿el actualizar las pensiones según los incrementos del IPC, realmente garantiza nuestro poder adquisitivo? Somos personas mayores, pero no tontas, y de entrada sabemos que el IPC es un “producto precocinado”, compuesto por una amalgama de factores, algunos de los cuales nada tienen que ver con nuestra vida cotidiana, por lo que supone un riesgo de empobrecimiento de nuestra vida real.

Desde Unidad Coespe (@UCoespe) recordamos que, en la vida real, las personas mayores y pensionistas dedicamos una parte importante de nuestros ingresos a alimentación, medicinas y cuidados, y aquí las noticias empiezan a no ser tan buenas. Poniendo el foco en la alimentación, y según el último informe del Banco de España, en el conjunto del Estado español, entre finales de 2019 y 2024, el precio de los alimentos ha aumentado un 33,9%, superando las cifras de la eurozona (31,2 %) y Estados Unidos (28,3 %).

“Los alimentos básicos han subido más que el índice general de precios”, señala el Banco de España. Las consecuencias son dramáticas para las personas jubiladas y pensionistas, especialmente las que reciben pensiones de miseria. Y hablando de miseria, las pensiones mínimas, contributivas o no, no solamente no cumplen con el art. 50 de la Constitución española, sino que suponen un maltrato sistémico a las personas atrapadas en ese pozo de pobreza. Un 11% aplicado a una miseria no deja de ser miserable, y no saca a nadie de la pobreza.

Por eso, desde las organizaciones de pensionistas, de manera unánime, exigimos la dignidad de todas las pensiones. Afirmamos que limitarse a la subida del IPC no garantiza nuestro poder adquisitivo, ya que no cubre el coste de nuestras necesidades básicas, cuyo coste cada vez más está por las nubes.

Pero todavía es más importante acabar con la discriminación y el maltrato que sufren las personas pensionistas pobres (mayoritariamente mujeres), y para ello exigimos que, de una vez por todas, se equiparen las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, y se elimine de la ley 2/2023 el umbral de la pobreza como referencia para el cálculo de las pensiones mínimas y no contributivas.