Andalucía: la dependencia suma 1.500 prestaciones, alcanza 456.000 y la espera baja

Andalucía "sigue batiendo récord" de beneficiarios y prestaciones en el sistema de la dependencia a cierre del mes de julio de 2025. Así, la comunidad autónoma ha aumentado en más de 1.400 el número de personas atendidas respecto al mes de junio, superando las 304.000. En cuanto al número de prestaciones, se ha incrementado en más de 1.500 respecto a junio, hasta alcanzar una cifra de más de 456.000.

Por otro lado, "también se ha rebajado el número de días de espera en Andalucía", que se sitúa en 570 --en 574 estaba en el mes de junio de este año, fecha en la que la media nacional estaba en 342 días-- frente a la etapa del PSOE en el Gobierno de la Junta, en la que se llegaron a alcanzar los 1.275 días de espera en el periodo entre 2015 y 2016, lo que se traducía en un tiempo de espera de más de tres años y medio, según los datos ofrecidos por la Junta en una nota de prensa.

Además de estos "avances", "el Gobierno de Juanma Moreno tiene como objetivo transformar el sistema de atención a la dependencia para crear un nuevo modelo más eficaz para los usuarios", ha remarcado la Junta.

Entre las "mejoras", ha destacado la simplificación del procedimiento en una única visita y una única resolución; la utilización de un solo aplicativo informático que permite trazabilidad durante todo el proceso y la puesta en marcha de una "revolución tecnológica" en el Servicio de Teleasistencia "para conseguir una atención predictiva y personalizada".

Asimismo, ha subrayado el incremento de plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Así, en la presente legislatura se van a crear 6.885 nuevas plazas, mientras que en la última del Gobierno del PSOE en Andalucía fueron solo 283.

Igualmente, la Junta de Andalucía ha dado luz verde a un nuevo incremento de la financiación de las plazas en centros de día y residencias para personas mayores y personas con discapacidad. De este modo, se ha autorizado una nueva subida del 4,5% en el precio/plaza con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Esto supone un aumento del 26% en el caso de la atención a personas mayores y del 32% de media para las personas con discapacidad desde 2019. Este esfuerzo de la Junta de Andalucía para fortalecer el sistema de la dependencia contrasta con las subidas del 0,30% en mayores y del 1,17% en personas con discapacidad que se llevaron a cabo entre los años 2012 y 2018 con el PSOE al frente de la Junta.

Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el Gobierno andaluz también ha establecido este año un nuevo aumento del 3% del precio/hora, que acumula un incremento del 28% desde 2019, frente al 0% de subida que aplicó el PSOE en 11 años, manteniendo congelado el precio de este servicio que genera más de 40.000 empleos en Andalucía. Esta mejora es la cuarta aplicada en cuatro años para un servicio que ha crecido un 122% y que supone el 46,5% de la Ayuda a Domicilio de España.

La Junta ha destacado que Andalucía financia el 69,09% del sistema de la dependencia con 1.592 millones de euros de inversión, frente a los 739 millones que aporta el Gobierno de España. El Gobierno andaluz destina más del doble de fondos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el pago de la dependencia, a pesar de que la ley obliga al Gobierno a financiar la dependencia al 50% con la Comunidad autónoma.

Estas cifras ponen de relieve, a su juicio, "el compromiso y esfuerzo" del Gobierno andaluz por mejorar el sistema de la dependencia de la comunidad autónoma, aumentando año tras año su inversión, a pesar de la infrafinanciación del Gobierno. En concreto, entre 2019 y 2025, la Junta de Andalucía ha destinado 8.742 millones, frente a los 3.705 millones aportados por el Gobierno central. Esto se traduce en que, al no cumplir con su obligación de cubrir el 50% del coste, el Estado adeuda a Andalucía 5.037 millones desde 2019.

Asimismo, y para acabar con esta situación de infrafinanciación que sufre Andalucía, la Junta reclama al Gobierno central el mismo trato que al País Vasco, con quien la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ha acordado a través de la Comisión Mixta del Concierto Vasco el pago del 50% de la dependencia, una financiación que le niega a Andalucía, por lo que rompe con el principio de igualdad entre españoles, dejando claro que, para el Gobierno de España, un dependiente vasco vale más que un dependiente andaluz.