Bustinduy se marca el objetivo de eliminar las listas de espera de la Dependencia en 2028

Lo aseguró en su intervención en el Congreso durante la tramitación de la nueva Ley

La reforma de la Ley de Dependencia pasa su último examen en el Congreso de los Diputados Miia

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, adelantó este miércoles en el Congreso de los Diputados, durante el debate celebrado con motivo del último trámite que afrontaba la nueva Ley de Dependencia, que el objetivo del Gobierno es lograr acabar con las listas de espera en 2028, animando a las comunidades –que detentan la competencia en servicios sociales– a hacerlo posible y caminar en esa línea. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado este jueves, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quien ha asegurado que hay "recursos" y "herramientas" para lograr se reduzcan a la mitad en 2027 y para terminar con ellas en 2028.

"El ministro ayer puso un horizonte, que ojalá se cumpla: reducir a la mitad las listas de espera en el 2027 y finalizar con ellas en el 2028. Creo que tenemos las herramientas, tenemos los recursos; vamos a ver si es posible que entre todos y todas lo logremos", ha destacado Martínez, durante la presentación del Índice DEC 2025 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Comunidad Valenciana habilita la presentación telemática de la Dependencia. europapress

 

La secretaria de Estado ha asegurado que el miércoles fue "un día histórico" por la aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y ha puesto en valor avances como el incremento de la financiación.

Entre los cambios más relevantes introducidos destacan la creación de nuevos derechos como el de recibir teleasistencia, la ampliación de servicios ya existentes como la ayuda a domicilio, la garantía de una financiación estable por parte del Estado –que sufragará el 50% de los fondos–, la desburocratización de ciertos trámites, la compatibilidad de prestaciones o la reducción del plazo máximo de tiempo en el que un solicitante de ayuda deberá recibir atención –ahora serán tres meses y antes eran seis–. 

Martínez ha subrayado la importancia de buscar el "equilibrio" a la hora de invertir este incremento de financiación de la dependencia y ha advertido de que se presenta "un trilema": invertirlo en "mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones, en mejorar las condiciones de trabajo de las profesionales y en mejorar la cobertura, esto es, acabar con las listas de espera".

Además, Martínez ha animado a defender los servicios sociales "con más fuerza que nunca" en un momento en que se ven "resurgir ciertas ideas que se creían ya superadas".

"Hay una oleada de discursos, podríamos decir, desgarradamente discriminatorios que están teniendo su expresión en distintas corrientes, en distintos discursos y en distintos actos de violencia que son una amenaza para la convivencia en nuestro país", ha advertido.

Ante esta situación, ha apelado a los responsables institucionales a defender unos servicios sociales "vertebrados" por "la universalidad, la solidaridad, la no discriminación, la equidad, la igualdad y la responsabilidad pública", unos principios que, según la secretaria de Estado, "están presentes en todas las leyes autonómicas de servicios sociales".

"Hay que dar un paso al frente y mostrar nuestro compromiso firme en su defensa con más fuerza que que nunca", ha insistido.

Asimismo, ha apelado a la "cooperación" para evolucionar hacia un sistema "que no se conforme con gestionar lo urgente, que aspire a anticipar, que aspire a innovar, que aspire a acompañar a las personas en sus proyectos de vida, que aspire a dar apoyos más flexibles, mucho más humanos y más cercanos".