El Gobierno vuelve al cole con deberes en Dependencia: lista de espera, precariedad, salarios...
El sector define cuáles son los retos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 afronta el nuevo "curso" 2026-2027 con una parte de las promesas del acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR de 2023 cumplidas, pero con el reto de dar un impulso definitivo al nuevo modelo de cuidados.
Así lo entienden las asociaciones de profesionales y de familiares, las patronales y los sindicatos consultados por 65YMÁS. Cabe recordar que, en los últimos años, son muchas las medidas que se han aprobado para transformar la asistencia que se da a los mayores como el Plan de Choque de 2021 y el Acuerdo de Acreditación de 2022 –con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos–, o la Estrategia de Desinstitucionalización, en 2024.
Este año también ha estado marcado por la tramitación de políticas que caminaban en esa dirección, como la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Dependencia –pendiente de debate en el Senado–, el aumento de la financiación estatal hasta el 50%, a través del Real Decreto Ley 17/2026 –petición histórica del sector y de las comunidades–, o la creación de una Comisión Interministerial para el cambio de modelo.
En paralelo, desde el ministerio se ha avanzado también en otros aspectos como por ejemplo: en la lucha contra la soledad, con la aprobación en 2025 de una Estrategia para combatir esta lacra; en favor de la participación de los mayores y la accesibilidad, con la celebración de la Cumbre Mundial de Ciudades Amigables; o en pro del envejecimiento activo, con las mejoras de calidad e inclusión de nuevos destinos de los viajes del Imserso, sobre todo, en el pliego de 2023.
Ahora bien, según aseguran a este diario diversas fuentes del sector todavía quedaría mucho por hacer en materia de cuidados. En concreto, piden que el nuevo modelo no se quede en el papel y que se le dé el empujón definitivo para que se materialice.
Fiscalización del incremento presupuestario
Así, uno de los retos más urgentes es lograr que los recursos extra destinados a la Dependencia y la aprobación de la nueva Ley sirvan para reducir las listas de espera –cada día mueren 90 personas sin atender– y los tiempos de demora, que siguen muy por encima de lo que marca la legislación, superando los 300 días.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, valora positivamente el esfuerzo financiero extraordinario que ha hecho el Gobierno recientemente, pero, de cara a este curso político, exige al departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy que defina con claridad "qué mecanismos" va a implementar para garantizar que "llegue directamente a mejorar las condiciones de vida de los dos millones de personas en situación de dependencia que viven en España, de sus cuidadoras y de los profesionales del sector".
En ese sentido, propone que se adopten medidas "de control para que el gasto de las comunidades autónomas sea lo más ágil posible", velando por que estas administraciones, que tienen las competencias en Servicios Sociales, aporten el correspondiente 50% presupuestario restante.
Ratios indignas y lucro
El portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias de Mayores, Miguel Vázquez, también reconoce que el Ministerio de Derechos Sociales tiene "asignaturas pendientes" y sitúa como uno de ellos la revisión del "número de personal necesario para atender dignamente a los residentes –ratios–".
El representante de las familias recuerda que el anterior secretario de Estado, Ignacio Álvarez, ya admitió que esta era una de las tareas pendientes. Sin embargo, sostiene, el actual Gobierno no habría entrado al fondo del asunto.
Por ello, exige que se rediseñen las plantillas y se las remunere en proporción a la "relevancia social de su trabajo" –cobran en muchos casos apenas el SMI–. Además, critica que la coordinación con el Sistema Nacional de Salud (SNS) "sigue brillando por su ausencia" y exige la incorporación de facultativos exclusivos para residencias para evitar que el personal médico propio se use "como reclamo para elevar el precio de las privadas". "Esta figura debería ser complementaria y no sustitutiva", apunta.
En tercer lugar, pide regular la participación efectiva de las familias en los centros modificando la Ley de Dependencia y atajar el grave problema de la escasa calidad nutricional de muchos menús de residencias. "Es otro aspecto en el que predomina el ahorro de costes", valora. Cabe recordar que el Gobierno lleva meses preparando –todavía no se ha aprobado– un Real Decreto para garantizar una alimentación sana y sostenible en estos centros.
"El Ministerio de Derechos Sociales debería dar a conocer los datos de los que disponga sobre los planes de transición establecidos en el Acuerdo de Acreditación de julio de 2022, sobre cómo se están adaptando las residencias actuales al nuevo modelo esbozado en el citado acuerdo –porcentaje de habitaciones individuales, unidades de convivencia, protocolos de prevención del maltrato, ratios de personal, etc.–", apostilla.
"Nos parece altamente improbable que, con el 90% de las residencias siendo de titularidad privada o gestionadas por empresas, se pueda establecer un nuevo modelo en el que, en palabras del propio Ministerio, se primen las necesidades de las personas residentes sobre las necesidades de quienes prestan el servicio", concluye el portavoz, que exige un estudio riguroso de la demanda de plazas asistenciales públicas a largo plazo y "redoblar los esfuerzos" para "reducir las listas de espera".
Acabar con la precariedad
Desde el ámbito sindical, Consuelo Cuadra, responsable de Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), entiende que el sistema de dependencia "todavía queda lejos de poder compararse con el Sanitario o el Educativo", pese al aumento de la financiación aprobado este 2026 y para 2027.
Por esta razón, CCOO exige que el incremento actúe como una palanca para combatir "las graves carencias que todavía arrastra la norma tras 20 años de su vigencia".
De forma ineludible, Cuadra marca como prioridades el aumento de las intensidades –sobre todo, de la ayuda a domicilio–, reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales, denunciando "la mala calidad del empleo y de las condiciones laborales, así como una falta de reconocimiento a la tarea esencial del cuidado" –cabe recordar que el Convenio del sector está actualmente en negociación–.
Por último, traslada su preocupación por el auge de las prestaciones económicas indirectas. "Nos preocupa enormemente la tendencia que se refleja en las últimas estadísticas del Imserso según las cuales aumentan de manera considerable las prestaciones para cuidados informales –el 30% del total– o las vinculadas al servicio", comenta y recuerda que estas deberían ser excepcionales, priorizando la atención profesional.
La falta de personal
Desde el ámbito empresarial, las patronales ponen igualmente 'deberes' al Gobierno. En la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), su presidente, Ignacio Fernández-Cid, considera imprescindible que los recursos asignados "se materialicen" y se ejecuten en su totalidad.
Advierte que se sigue afrontando un "enorme déficit de profesionales, que se está convirtiendo en uno de los principales retos para la sostenibilidad del sistema" y propone poner el foco en "la actualización de los precios de los contratos públicos". "Continúan sin estar indexados a la evolución real de los costes, especialmente los laborales. No tiene sentido exigir cada vez mayores estándares de calidad y mejores condiciones para los profesionales mientras permanecen ajenos al incremento de los costes", indica.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) coincide en señalar que las reformas legales y financieras "son avances imprescindibles, pero no son el punto de llegada".
De esta manera, reclaman un "verdadero Plan de actuación" con objetivos anuales y directrices claras ante la falta de trabajadores y critican que la mayor parte de los conciertos se sostienen sobre precios que "no se actualizan al ritmo del SMI, de los convenios colectivos, de la inflación o de las nuevas exigencias regulatorias". En esa línea, vuelven a pedir al ministro Pablo Bustinduy que "lidere esta cuestión" y pida al Ministerio de Hacienda flexibilizar la Ley de Contratos del Sector Público. Además, plantean que se impulse un "Pacto de Estado por los cuidados".
"El nuevo curso tiene que ser el de pasar de los anuncios a los resultados", apunta Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). "Si los recursos aumentan al mismo ritmo que las personas que se incorporan al sistema, estaremos atendiendo a más personas, algo imprescindible, pero no estaremos corrigiendo las carencias estructurales que arrastra la Dependencia", avisa.
A su juicio, existe el riesgo de replicar el "Acuerdo de Belarra" –nuevo modelo de residencias de 2022–, un proyecto que, comenta, "generó unas expectativas de transformación que, en buena medida, han quedado en papel mojado al no ir acompañadas de los recursos necesarios para hacerlas realidad".
Por todo ello, insta también a caminar hacia un "Pacto de Estado de los Cuidados", urge a la concertación y al diálogo entre administraciones y prestadores privados para liquidar "las enormes desigualdades que siguen existiendo entre comunidades autónomas" y reclama "una estrategia de país" que prestigie laboralmente al sector, facilite la contratación y homologue de urgencia títulos extranjeros.
En consonancia con el resto de patronales, Ignacio Gamboa, presidente de ASADE –empresas de ayuda a domicilio– fija como la máxima prioridad del curso que "esas medidas se traduzcan en un impacto real y medible sobre los servicios que reciben las personas".
"Seguimos echando en falta mecanismos concretos de seguimiento que permitan verificar cómo se incorporan nuevos profesionales al sistema, cómo se agilizan los procesos de cualificación y acreditación y cómo se garantiza la sostenibilidad de unos servicios que ya sufren una importante escasez de profesionales", puntualiza y reclama consolidar un "diálogo estable con todos los agentes que prestamos diariamente estos servicios" para que los fondos dejen de ser meros anuncios estatales y se traduzcan en una mejoría asistencial.
