CERMI denuncia a España ante el Consejo de Europa por no garantizar viviendas accesibles

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa, por el incumplimiento por parte de España del artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, que reconoce el derecho a una vivienda "adecuada, digna y accesible".

Según ha informado el CERMI, se trata de una reclamación colectiva que cuenta con la colaboración del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y el respaldo pro bono del Estudio Jurídico Regula.

"Esta acción supone un hito jurídico y político sin precedentes para el movimiento social de la discapacidad en España, al activar por primera vez la vía del litigio estratégico internacional, en este caso ante el Consejo de Europa, como herramienta de transformación y garantía de los derechos sociales", ha apuntado el CERMI.

Asimismo, ha explicado que la reclamación denuncia la "vulneración sistemática y estructural" del derecho a la vivienda por parte del Estado español, especialmente en lo que respecta a la habitabilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad, personas mayores y otras con movilidad reducida y necesidades para su autonomía personal.

La iniciativa, elaborada con el respaldo pro bono de la firma especializada del Estudio Jurídico Regula, se canaliza a través del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) ya que solo entidades sociales europeas están legitimadas para acudir en esta vía ante el Consejo de Europa, y se fundamenta en la falta de cumplimiento de los estándares establecidos por la Carta Social Europea Revisada.

El CERMI ha destacado que esta vulneración no es un "hecho aislado", sino "el resultado de años de insuficiencia normativa y de políticas públicas ineficaces para garantizar el acceso a una vivienda accesible para todas las personas".

La reclamación ha sido posible tras la ratificación por parte de España, en 2022, de la Carta Social Europea Revisada y, en 2023, de su protocolo de reclamaciones colectivas. Este avance, logrado tras una prolongada labor de incidencia del CERMI y la Plataforma del Tercer Sector, fue reconocido por el propio Comité premiando al Ministerio de Trabajo y Economía Social, impulsor de la ratificación de la Carta por España.

"El acceso a una vivienda adecuada y accesible no es un privilegio, sino una obligación legal y un derecho fundamental. Esta acción internacional busca visibilizar la causa y exigir al Estado español el cumplimiento efectivo de sus compromisos en materia de derechos humanos", ha declarado el CERMI.

La organización ha recordado que el artículo 31 de la Carta Social Europea establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a una "vivienda adecuada" y que el artículo 15 exige "políticas públicas inclusivas y no discriminatorias".

Con esta primera reclamación colectiva, el movimiento asociativo de la discapacidad en España abre una nueva senda para la defensa de los derechos sociales desde una perspectiva de "exigibilidad jurídica y justicia internacional", en alianza con las instituciones europeas. "Los derechos no se conceden: se conquistan, se reclaman, y cuando es necesario, se litigan, incluso más allá de nuestras fronteras", ha concluido el CERMI.