Cuerpo, sobre el Defensor del Cliente Financiero: "La demanda social nos obliga a aprobarlo en 2025"

Exclusión financiera: avances, pero hay que "seguir vigilando" que la banca cumpla lo prometido

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido este miércoles a "darle un impulso adicional" al proceso de tramitación de la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para intentar que esté aprobado el proyecto antes de final de año.

El ministro ha subrayado que ya se ha dado "un paso clave" con la enmienda a la totalidad en el Congreso y que ahora se están discutiendo las enmiendas parciales en la Comisión de Economía del Congreso.

"No puedo asegurar que se vaya a aprobar este año, pero nos hemos comprometido a dar un impulso adicional a esta tramitación. La demanda social que existe es tan elevada que no podemos hacer otra cosa que no sea responder a ella y dar un impulso en estos meses para ser capaces de aprobarlo a final de año", ha explicado.

"Vamos a elevar el tono y ponerlo en primera plana de nuestra actuación y narrativa, que se visualice, y que podamos entender la importancia de dar un paso decidido", ha defendido Cuerpo.

Una norma casi aprobada en la pasada legislatura que murió por el adelanto electoral

Fue el departamento económico de la exministra Nadia Calviño quien emprendió la normativa para crear este organismo en la legislatura pasada. De hecho, y tras llegar a acuerdos con varios socios parlamentarios y también con el PP, el texto legislativo superó el trámite en el Congreso, pero el adelanto electoral hizo que muriera en el Senado ante la disolución de las Cortes.

Ya con el nuevo ministro de Economía, el Gobierno recuperó en esta legislatura el mismo texto que decayó en la Cámara Alta, y el PP, aunque antaño llegó a abstenerse en la Cámara Baja para dejar pasar la ley, formuló una enmienda a la totalidad.

Beneficios para personas mayores y ámbito rural 

La autoridad en cuestión ejercería unas competencias en resolución de reclamaciones de los clientes financieros que, en la actualidad, ya llevan a cabo el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros.

Sobre el papel, se reforzará el papel de los protocolos para la inclusión financiera de mayores y en el ámbito rural, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento. Se refuerzan los instrumentos para garantizar la inclusión a través de la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo, se elaborará un modelo accesible para detallar las reclamaciones y que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemático.

Las entidades financieras deberán atender conforme al principio de prestación personalizada. Es decir, deberán tener en cuenta aspectos tales como la edad, la situación de discapacidad, la condición de persona extranjera y su situación administrativa, de la persona a la que está prestando o va a prestar servicios financieros, las características de la zona geográfica en la que reside la persona en términos de población y el nivel de competencias digitales de dicha persona, entre otras cuestiones. La Autoridad deberá operar también bajo este principio.

Asimismo, se simplifican los procedimientos de prueba necesarios para facilitar la acreditación de los requisitos del ejercicio del derecho a una cuenta de pago básica y a su gratuidad.

También se incluye expresamente la posibilidad de que las partes puedan someterse voluntariamente, una vez iniciado el procedimiento, a un mecanismo de conciliación o mediación, aun cuando el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad.

Las organizaciones de consumidores y asociaciones de mayores valoran muy positivamente la aprobación de la Autoridad del Cliente Financiero, si bien critican que llega con retraso. Y señalan algunos puntos negativos del proyecto, como que nace sin presupuesto; que pese a ser vinculantes, sus resoluciones pueden ser recurridas por la banca; y tiene sede telemática, lo que supone una contradicción en relación al objetivo de velar por los mayores más vulnerables.