Crecen los 'pactos asistenciales': acuerdos privados para garantizar el cuidado de los mayores

En Cataluña hay más de 1,4 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales casi el 20% necesitará algún tipo de apoyo continuado en los próximos años, según datos del Idescat (2024). Este envejecimiento acelerado de la población, junto con el aumento de situaciones de dependencia, está poniendo a prueba la sostenibilidad de los sistemas públicos de cuidados y servicios sociales.

En este contexto, gana peso una fórmula todavía poco conocida, pero en crecimiento: los pactos asistenciales, acuerdos (a menudo notariales) mediante los que una persona mayor o en situación de dependencia establece con familiares o terceros un compromiso de cuidado a cambio de patrimonio, como puede ser la cesión de un inmueble o de ahorros.

Estos acuerdos ofrecen una alternativa a las residencias o a los servicios domiciliarios convencionales, pero también abren nuevos debates sobre la desigualdad, la regulación y la confianza en un sistema de cuidados que muchas familias perciben como insuficiente.

Un recurso ante la falta de plazas públicas

Según Daniel Rueda Estrada, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, "los pactos asistenciales son acuerdos entre una persona mayor con limitaciones y necesidades de atención y de cuidados que no puede proporcionarse directamente ella misma, y otra persona o entidad que se compromete a ofrecer esta asistencia". Los servicios que se incluyen pueden abarcar "desde la higiene, la movilidad, la limpieza y la organización del hogar hasta el acompañamiento a servicios sanitarios, el control de la medicación y el apoyo emocional o psicológico".

El profesor alerta de que el modelo público no llega a cubrir toda la demanda: "Hay un déficit de plazas residenciales públicas; la mayoría de las comunidades autónomas no cumplen la ratio establecida por Europa de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años". Además, "la ayuda a domicilio y la teleasistencia no responden a todas las necesidades, sobre todo en lo que respecta al número de horas asignadas". Esto obliga a muchas familias a buscar alternativas, que suelen ser la contratación de cuidadoras o los pactos privados.

El coste de una plaza residencial supera los 2.000 euros mensuales, y una atención domiciliaria intensiva puede llegar a los 1.200 o 1.500 euros, según informes del sector. Rueda lo resume así: "El sistema público de atención a la dependencia continúa siendo lento, desigual e insuficiente según la comunidad autónoma, y esto hace que muchas familias busquen soluciones propias".

El profesor recuerda también que "el incremento de personas mayores que viven solas, desvinculadas de la sociedad y en situaciones de soledad que suelen pasar desapercibidas es uno de los grandes factores que explican el crecimiento de estas fórmulas contractuales". Sin embargo, advierte que "no todas las personas se pueden permitir un contrato privado y directo" y que esta tendencia "refleja las desigualdades sociales y la incapacidad de muchas familias para afrontar una realidad cada vez más acusada".

Seguridad jurídica y necesidad de regulación

Desde el punto de vista legal, Tatiana Cucurull, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señala que "en cuanto al derecho común (España), en la actualidad no hay ninguna regulación en el Código Civil que trate específicamente sobre este instrumento; sin embargo, al ser un contrato entre dos partes, se rige por la regulación contractual".