En una sociedad cada vez más digitalizada, garantizar los derechos digitales de las personas mayores se ha convertido en una necesidad urgente. No se trata únicamente de facilitar el acceso a la tecnología, sino de asegurar que este acceso se produzca en condiciones de igualdad, respeto y seguridad. La Carta Española de Derechos Digitales, publicada en 2021, reconoce este principio al establecer que ayudar a las personas mayores en su adaptación tecnológica no es solo una responsabilidad social, sino también un derecho fundamental.
La brecha digital generacional sigue siendo una realidad preocupante. Según datos presentados en el V Congreso “Tecnología y Personas Mayores”, organizado por Fundación Telefónica en colaboración con CEOMA, el 40% de los mayores tiene dificultades para acceder o utilizar herramientas digitales, y más del 70% de las víctimas de estafas digitales son mayores de 65 años. Esta situación no solo limita su autonomía, sino que también los expone a riesgos que podrían evitarse con una mejor formación y acompañamiento.
Muchas personas mayores se enfrentan a barreras que van más allá de la falta de dispositivos. Por ejemplo, la complejidad de las interfaces digitales, el uso de lenguaje técnico o anglicismos en aplicaciones, y la ausencia de opciones de accesibilidad como el aumento de tamaño de letra o la lectura en voz alta, dificultan su autonomía. A esto se suma la falta de formación específica: muchos mayores no han tenido contacto previo con herramientas digitales y se sienten inseguros al realizar gestiones online, como pedir cita médica, hacer trámites bancarios o acceder a servicios públicos.
Además, el miedo a cometer errores o ser víctimas de estafas digitales genera una desconfianza generalizada. Es común que las personas mayores eviten el uso de plataformas como la banca electrónica o las redes sociales por temor a ser engañadas o a perder información personal. Esta situación no solo limita su autonomía, sino que también los expone a riesgos que podrían evitarse con una mejor formación y acompañamiento.
En este contexto, iniciativas como el programa “Reconectados. La tecnología no tiene edad”, impulsado por Fundación Telefónica, cobran especial relevancia. Este proyecto ha formado ya a más de 30.000 personas mayores en competencias digitales, y se está expandiendo al ámbito rural. Su objetivo es claro: que ningún mayor se quede fuera de la revolución digital. Porque la tecnología, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa para combatir la soledad, mejorar la salud mental y fomentar el envejecimiento activo.
Pero la inclusión digital no se limita al acceso a dispositivos o redes. Implica también el respeto a la privacidad, la protección frente a la desinformación, el derecho a la educación digital y a un trato humano en los servicios tecnológicos. Los derechos digitales deben contemplar la diversidad de capacidades, experiencias y necesidades de los mayores. Esto incluye el uso de lenguaje claro, formatos accesibles, canales de atención adaptados y acompañamiento intergeneracional.
Que el ciudadano conozca los derechos digitales es clave, igual que conoce sus derechos en el mundo físico. Por ello la divulgación y concienciación deben formar parte de la agenda. La exposición ‘Hoy es un buen día para hablar de Derechos Digitales’, realizada en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y comisariada por el colectivo artístico Domestic Data Streamers y que podrá verse en Espacio Fundación Telefónica a partir del 19 de noviembre, ofrece una amplia panorámica del trabajo de artistas y tecnólogos que reflexionan sobre siete derechos: a la libertad de expresión y a la información veraz, a la privacidad, a la identidad, al trabajo digno, derecho al olvido y a la herencia digital, al acceso a Internet y a la decisión humana frente a la IA.
La accesibilidad tecnológica se convierte en una llave para el ejercicio de múltiples derechos de la ciudadanía. En un país como España, donde se prevé que en 2050 un tercio de la población será mayor de 65 años, el desarrollo tecnológico debe evitar nuevas formas de exclusión. La tecnología debe estar al servicio de las personas, de todas las personas, sin excepción.
En definitiva, los derechos digitales de las personas mayores no son un lujo ni una concesión: son una expresión de su dignidad. Asegurar su inclusión en la sociedad digital es garantizar su participación activa, su autonomía y su bienestar. Y para ello, es imprescindible que las políticas públicas, las empresas tecnológicas y la sociedad en su conjunto trabajen de forma coordinada para construir un entorno digital verdaderamente inclusivo.
