El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobó en julio el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria del Covid-19. Una norma que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso y que las asociaciones de mayores denuncian que podría incurrir en casos de discriminación al colectivo de personas mayores y dependientes.
La nueva ley busca eliminar del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada por tratarse de “figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que ahora se propone”, tal y como recoge el anteproyecto. De este modo, el anteproyecto propone sustituir la “incapacidad” e “incapacitación” de las personas con discapacidad por la curatela –cargo de curador de un menor o persona dependiente– cambiando su función representativa por la asistencial, salvo ciertas excepciones.
Según el Ministerio de Justicia, el objetivo de esta reforma es que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje. Pero dos de las principales organizaciones de mayores de nuestro país, la Unión Democrática de Pensionistas (@MayoresUDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores CEOMA (@CEOMA_ong), consideran que este cambio atenta contra el principio de autonomía de la voluntad y contra los principios consagrados en la propia convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y puede suponer un claro caso de discriminación hacia las personas mayores. En concreto, las asociaciones de mayores exigen revisar los puntos que afectan a "los poderes preventivos y la hipoteca legal" y su capacidad para decidir sobre su vida y sus bienes, según explican fuentes de CEOMA.
Modificación del Código Civil y la Ley Hipotecaria
Por ello han pedido la supresión del proyecto de los artículos 259, 1291.1 del Código Civil y los artículos 165,168 y 12 de la Ley Hipotecaria. Así se lo han comunicado por carta a los 10 grupos parlamentarios involucrados en la reforma. En concreto, UDP y CEOMA muestran su preocupación por el proyectado artículo 259, y la figura de curatela representativa solo en casos excepcionales y como último recurso de apoyo, pero que, “paradójicamente, se consagra como regla general en este artículo”. Han mostrado también su rechazo a la exigencia de hipoteca legal al apoderado, porque consideran que “va a impedir que nuestros hijos e hijas puedan encargarse de nuestros asuntos dado que o bien carecen de inmuebles o bien ya los tienen hipotecados y además les dificultará sobremanera el acceso a la vivienda y a financiación”.
Para ambas entidades, esta regla supone estar “sometiendo al apoderado preventivo –el 'tutor legal' de la persona mayor– no solo al imperativo de obtener autorización judicial para actuar sino que además les incluye en los supuestos de hipoteca legal pudiendo exigir al apoderado constituir hipoteca sobre sus bienes en garantía de un posible perjuicio que pueda ocasionar por su actuación al poderante”. Además, consideran que es una norma que “se basa en la sospecha hacia la familia y en concreto hacia la persona mayor a quien en aras de una “supuesta protección de sus bienes” se le limita su derecho a tomar libremente sus propias decisiones”.
Posible colapso burocrático en los tribunales
Las dos principales asociaciones de mayores, que representan a más de dos millones de pensionistas y jubilados, auguran que se producirá un colapso en los tribunales dado que, “al no preverse régimen transitorio alguno, todos los poderes conferidos con anterioridad serán automáticamente supuestos de curatela representativa, pues muchas de las personas que utilizaron esta figura ya no están en condiciones de conferir nuevo poder y se les somete por ley al régimen que ellos querían evitar al otorgarlo, vulnerando su voluntad manifestada conscientemente. Y para aquellos que sí estén en condiciones de otorgar un nuevo poder les imponen la necesidad de conferir uno nuevo si desean evitar esa regulación legal”.
Una preocupación que comparte la Asociación Profesional de la Magistratura (@juecesAPM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) y Foro Judicial Independiente (FJI), que afirman que alguna de las medidas contenidas en el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supondrán una “avalancha” en los juzgados. Las asociaciones de jueces creen que en el mejor de los casos esto supondría “decenas de miles de medidas que ya están en trámite y que podrían volver a los juzgados“.
? Comunicado AAJJ sobre la reforma de la Ley en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. pic.twitter.com/hLZadE4Mnb
— Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) September 22, 2020
