Los geriatras debaten sobre la necesidad de una Ley contra el maltrato a los mayores
Los impulsores de la ILP frente a esta lacra estuvieron presentes en el 66º Congreso de la SEGG
España envejece a un ritmo sin precedentes, lo que incrementa cada año el número de personas mayores que requieren apoyos y cuidados frente a situaciones de vulnerabilidad. Pese a esta realidad demográfica, el ordenamiento jurídico español carece en la actualidad de una norma integral, coordinada y eficaz para afrontar de manera específica el maltrato hacia este colectivo.
Para dar respuesta a esta carencia, el 66.º Congreso Nacional de la SEGG, que tuvo lugar del 10 al 12 de junio, abrió un espacio de debate científico y social para impulsar una futura Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores.
El debate se introdujo en el foro oficial gracias a la comunicación científica titulada De la concienciación social a la respuesta normativa: hacia una Ley de Protección Integral frente al Maltrato a las Personas Mayores. Este documento fue presentado conjuntamente por Francisco Miguel Contreras Sáez, vicepresidente y coordinador jurídico de la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE), y el reconocido geriatra Javier García Monlleó, obteniendo la validación y certificación del Comité Científico del Congreso.
Un problema multidimensional más allá de la violencia física
La inclusión de esta propuesta en un encuentro de referencia nacional supone un importante espaldarazo para visibilizar un problema que, a menudo, permanece oculto. Los expertos subrayan que el maltrato a las personas mayores trasciende la agresión física, abarcando el abandono, la negligencia en los cuidados, la vulneración continua de derechos fundamentales y el abuso psicológico, económico e institucional.
Al tratarse de una realidad compleja, la propuesta defiende que la respuesta legal debe ser transversal, coordinando los ámbitos policial, judicial, sanitario y social. Son precisamente los profesionales de estos últimos sectores (geriatras, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos) quienes suelen detectar los primeros indicios de abuso, lo que justifica la pertinencia de elevar este debate al máximo nivel científico.
De la Iniciativa Legislativa Popular al Parlamento
La presentación en el Congreso de Geriatría coincide en el tiempo con la finalización del plazo de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ABTE había impulsado para promover esta misma ley. Aunque la campaña no logró alcanzar las 500.000 rúbricas que exige la legislación española, la asociación valora el rotundo éxito de haber situado el problema en el centro del debate institucional y social, cosechando el apoyo público de numerosos ayuntamientos, colegios profesionales y administraciones.
Ahora, con el respaldo unánime de la sociedad civil, el mundo jurídico y la comunidad científica, los impulsores de la medida señalan directamente a los responsables políticos. Advierten que garantizar una intervención rápida y eficaz mediante una normativa moderna no es solo una cuestión legal, sino una obligación ética hacia quienes construyeron la sociedad actual. El mensaje definitivo que arroja el Congreso es claro: la voz de la ciencia ya se ha pronunciado y el siguiente paso corresponde ineludiblemente al Parlamento.
