Expertos piden planificar la longevidad desde el punto de vista jurídico: "Es un acto de fortaleza"

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario para una España cada vez más longeva

María Isabel Louro García, notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado (@FNotariado) participó en una mesa redonda, junto a Ester Pérez Jerez (@EsterPerezJere1), directora general de Seguridad jurídica y Fe pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), en el marco la jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid (@ColNotMad).  

El debate, moderado por el experto en Longevidad con una amplia trayectoria profesional vinculada a las personas mayores, Javier García Pérez, versó sobre los derechos y obligaciones jurídicas de los sénior, la importancia de la formación y los recursos existentes a su alcance para garantizar su seguridad

Cabe señalar que el evento, presentado por la directora de 65YMÁS, Ana Bedia, contó asimismo con la presencia destacada de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia (@justiciagob), Manuel Olmedo (@Manuel_Olmedo); del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. 

Durante su intervención en la mesa redonda, María Isabel Louro García, notaria y Patrona de Fundación Notariado, aseguró que los notarios son clave en la garantía de la seguridad jurídica de las personas mayores y puso en valor la labor del colectivo buscando "los instrumentos públicos más adecuados a cada uno de los individuos" y ofreciendo un asesoramiento personalizado. 

A continuación, la ponente destacó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas. Y valoró la proximidad y accesibilidad del notariado para hacer valer estos derechos.

“Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, comentó, incidiendo en que son una garantía de que los actos se realizan con plena conciencia y voluntad libre, frenando situaciones de abuso o manipulación. Además, puso en valor la cercanía de estos servicios, comentando que, en regiones como Galicia, "ningún ciudadano tiene más lejos de 30 km a un notario". 

Por otro lado, Louro García resaltó la flexibilidad de los instrumentos jurídicos que tienen los sénior a su disposición, afirmando que documentos como testamentos, poderes preventivos o voluntades anticipadas "son modificables", y explicó que la planificación del futuro es "un acto de fortaleza" que garantiza que la voluntad de la persona será respetada en todo momento.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, explicó que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y abordó el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias personales, y va a ser plenamente accesible”, señaló. 

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, del cual forman parte las 13 principales asociaciones de mayores del país, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), se centró en las preocupaciones jurídicas de los sénior. Por una parte, pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades”. Por otro lado, reclamó prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores, cuidando cómo se trata al colectivo en el lenguaje, reconociéndoles y garantizando una información que llegue al ciudadano sobre temas como testamentos, últimas voluntades… Finalmente, instó a la administración a que “traten de reducir los plazos”.