Organizaciones catalanas hacen enmiendas al proyecto de Ley de Dependencia: estas son sus peticiones

La Federación de Pensionistas de CCOO Cataluña, la Coordinadora 5+1 de familiares de usuarios de residencias, la asociación Sostre Cívic y la organización ciudadana Xarxa Dret a Cura han presentado un conjunto de enmiendas al proyecto de ley que busca modificar la vigente Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD, Ley 39/2006).

Así, si bien el manifiesto reconoce que el proyecto representa un avance, estas entidades instan al Congreso de los Diputados y al Senado a incorporar sus propuestas de redacción para garantizar la efectividad de la ley y asegurar un acceso universal y digno a los cuidados.

Y es que, detallan, la LAPAD, aprobada por unanimidad en 2006, ha estado "infrafinanciada" desde su nacimiento y no ha logrado responder a las necesidades sociales. Actualmente, la aportación estatal no alcanza el 29% del presupuesto total, muy lejos del compromiso inicial del 50%.

Ante esta situación, las organizaciones impulsan el objetivo político de que los presupuestos dedicados a esta Ley lleguen, a corto plazo, al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), superando el 0,77% actual (frente al promedio de la UE de 1.6%) y consideran fundamental la aprobación de medidas clave ya contenidas en el proyecto, como la garantía del respeto a la voluntad y autonomía personal, la eliminación del régimen de incompatibilidad entre diferentes tipos de prestaciones, el refuerzo de la gestión local, el fomento de la organización comunitaria de los cuidados, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo y universal, la posibilidad de que Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) se extienda al entorno relacional o la exigencia de que quienes cuiden no puedan haber estado condenados por delitos contra la libertad e identidad sexual o trata, entre otras propuestas. 

Pensionistas CCOO Cataluña

Y además de los puntos anteriormente mencionados, desde las distintas organizaciones hacen ciertas proposiciones propias para que sean incluidas en el texto final.

Desde la Federación de Pensionistas CCOO Cataluña se centran en la mejora de la calidad de los servicios y en asegurar la suficiencia económica del sistema.

Así, exigen la referencia expresa al fortalecimiento y suficiencia de la financiación pública, sin necesidad de recurrir a un copago relevante.

Asimismo, reclaman añadir al Artículo 25 que el servicio de atención residencial debe ofrecer, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario y piden incluir la necesidad de adoptar medidas preventivas de organización y control para evitar situaciones de maltrato de cualquier tipo.

Familiares de residencias

Desde la Coordinadora 5+1 demandan la creación de órganos de participación y representación en todos los centros residenciales (públicos o privados), elegidos periódica y democráticamente, de los que deberán formar parte los familiares o sus asociaciones.

También proponen que, en el procedimiento para aplicar sujeciones, se incluya la determinación de su temporalidad y formato, un análisis de prevención de riesgos y, obligatoriamente, la comunicación al Ministerio Fiscal.

Y exigen incluir como requisito para el ejercicio profesional el no haber sido condenado en sentencia firme por delitos relacionados con cualquier tipo de maltrato, físico o psicológico (como amenazas o coacciones), además de los incluidos en el proyecto de Ley. 

Sostre Cívic

En el caso de la asociación Sostre Cívic, sus propuestas de enmiendas se centran en la petición de incluir explícitamente la mención a las cooperativas en cesión de uso como un ejemplo de forma colectiva, participativa y sin ánimo de lucro, y que se reconozca que la contratación colectiva de cuidados se podrá realizar a través de estas cooperativas.

Xarxa pel Dret a Cura

Por último, desde la organización ciudadana Xarxa pel Dret a Cura reclaman reforzar el derecho de las personas dependientes a recibir cuidados y apoyos según sus voluntades y preferencias, buscando una vida independiente y plena inclusión, y evitando que la persona sea desarraigada de su entorno.

Igualmente, se plantea añadir derechos para las personas cuidadoras del entorno (no remuneradas), incluyendo apoyo, formación, asesoramiento, y la implementación de permisos y excedencias para cuidar, equivalentes a los de la crianza y que la PECEF sea totalmente compatible con las ayudas para cuidados a domicilio, para garantizar una contraprestación por los cuidados no remunerados.

Otra de las peticiones es crear servicios de inspección que sean una autoridad independiente del gobierno autonómico (a semejanza del Care Inspectorate escocés) para recoger quejas y proponer mejoras.

Finalmente, piden establecer mecanismos de coordinación social y sanitaria, potenciar la asistencia personal; reformar el servicio de ayuda a domicilio, haciéndolo flexible y diferenciando las tareas domésticas de las tareas de cuidados; asegurar que las residencias ofrezcan entornos similares al hogar, organizados en unidades de convivencia, con ratios de personal adecuadas para una atención personalizada; y eliminar el copago de las actividades asistenciales.