Las 15 medidas anticorrupción de Sánchez: subir penas a corruptos y hacer listas negras de empresas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones después de la entrada en prisión preventiva de su 'exnúmero tres' en el PSOE, Santos Cerdán por un presunto caso de cobro de mordidas, un paquete de 15 medidas anticorrupción. El jefe del Ejecutivo ha señalado que este paquete de medidas se ha elaborado en el último mes, con la ayuda del socio de coalición Sumar, y de los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El plan está articulado en cinco ejes que afectan tanto a empresas, como partidos políticos y la ciudadanía. Sánchez ha anunciado un acuerdo con la OCDE cada 14 y 24 meses para comprobar los resultados y la eficacia del mismo.

El primer eje se centra en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción:

1.- Una Agencia de Integridad, Pública e Independiente, que asumirá las funciones claves en la "prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas". Los técnicos de la OCDE recomiendan su creación, según el presidente.

2.- Extender la metodología aplicada a los fondos Next Generation a toda la Administración del Estado. "Crear mapas de riesgo, de integridad y usar el análisis avanzado de datos para detectar procesos críticos". Se utilizará la Inteligencia Artificial en la plataforma del sector público.

3.- Exigir sistemas de 'compliance' a las empresas que quieran contratar con las administraciones

4.- Desplegaremos pactos de integridad para contratos públicos, un sistema que usan en otros países europeos.

5.- Nueva ley de Administración abierta y controles patrimoniales a altos cargos de manera anual para que nadie obtenga un beneficio.

6.- Reforzar los controles a los partidos políticos: obligar a partir de fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a realizar auditorías externas, publicarlas un mes como muy tarde después de hacerla.

El segundo eje se centra en las personas que deciden dar un paso al frente para denunciar casos de corrupción, porque no hay que perseguirlas, sino protegerlas. Además de la Ley 2/2023 para la protección de los informantes y la autoridad independiente, propone:

7.- Cualquier persona que acuda a la Fiscalía o a un juez para denunciar casos de corrupción cuente con la máxima protección. Asimismo, as empresas y administraciones públicas deberán tener canales de denuncias, que formarán parte de un sistema general e integral.

El tercer eje se basa en medidas para reforzar la capacidad del Estado para "investigar, juzgar y sancionar" estos comportamientos.

8.- Crear secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, jueces y juezas especializados para "aumentar su eficacia".

9.- Otorgar carácter preferente y se creará un procedimiento sumario a las causas que involucren a cargos públicos. Continuo refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción.

10.- Anteproyecto de la ley de Enjuiciamiento criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal atribuyendo esta competencia al ministerio Fiscal. Además, endurecer las penas por delitos contra la Administración pública y duplicar los pasos de preinscripción. Aumentar las multas sobre las constructoras. Sistema de exclusión y listas negras para evitar que empresas condenadas por corrupción puedan seguir trabajando con la Administración. Se retirará subvenciones a formaciones políticas que mantengan en sus estructuras a personas condenadas.

El cuarto eje se centra en la recuperación de los bienes robados por corrupción:

11.- Aumentar los medios, la plantilla de la oficina de gestión de activos, así como optimizar la colaboración con juzgados y administraciones

12.- Incluir la figura del decomiso administrativo preventivo que incautará bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa.

El quinto eje se centra en "generar una cultura de integridad":

13.- Estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España

14.- Lanzar campañas de concienciación ciudadana, promover el uso de los canales de denuncias

15.- Reforzar la formación de los empleados de la función pública en el ámbito de la corrupción.