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La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha instado al Grupo Parlamentario Socialista a "poner los intereses de los andaluces por encima de los de Pedro Sánchez para exigir a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firme con Andalucía la misma financiación en dependencia que ha acordado con el País Vasco". "Sánchez y Montero están vendiendo el país a trozos", ha lamentado.
Durante la sesión de control en el Parlamento andaluz celebrada este miércoles, López ha destacado la "firme apuesta" del Gobierno de la Junta por incrementar la oferta total de plazas destinadas a personas en situación de dependencia y "agilizar" los procedimientos frente al "caos" que provocó en el sistema de la dependencia el PSOE durante su etapa en el Gobierno de la Junta y que, en palabras de la consejera, "prefirió optar por lo cómodo y no hacer nada por mejorarlo".
Así, López ha destacado que, desde el Ejecutivo andaluz "hemos puesto encima de la mesa 134 millones de euros para la creación y adaptación de plazas residenciales y en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad y hemos agilizado los trámites para la apertura de centros a través del decreto de simplificación".
Asimismo, la consejera ha recordado que la Administración andaluza "trabaja de la mano del sector en la orden de requisitos materiales y funcionales para adaptarla al nuevo modelo residencial, centrado en la persona".
Además, López ha resaltado el nuevo incremento anunciado por la Junta en el precio/plaza de los centros de días y centros residenciales para personas con discapacidad, que acumula desde que gobierna Juanma Moreno una subida del 26% en las plazas para personas mayores y un 32% de media para personas con discapacidad.

Frente a ello, la titular de Inclusión Social ha recordado que en la última etapa del PSOE en la Junta "el precio/plaza se mantuvo congelado durante años, llegando a bajarlo en 2016". "Además, 34.000 personas fueron expulsadas del sistema de dependencia con los socialistas gobernando Andalucía", ha zanjado.
Por su parte, la diputada del Partido Socialista, Irene García, ha asegurado que los últimos informes del Defensor del Pueblo y de la Cámara de Cuentas "ponen a la consejera ante su propio espejo" y evidencian un "sistema colapsado". García ha lamentado que, "por decisiones políticas", no se vayan a conocer más informes críticos de la Cámara de Cuentas, lo que, según ella, "dificultará la transparencia sobre la situación real de la dependencia en la comunidad".
Durante su intervención, García ha denunciado que el Gobierno andaluz "no ha sido capaz de incrementar la oferta de plazas residenciales", asegurando que faltan 36.000 para alcanzar la media nacional y que, en lugar de aumentar, el número de plazas ha descendido en los últimos años.
Además, ha destacado que la población dependiente ha crecido un 8% hasta 2024, mientras que la cobertura de plazas "apenas ha mejorado", lo que supone "un grave retroceso" en la atención a las personas más vulnerables.
García también ha criticado el cambio en la gestión de las listas de espera y la privatización de la asignación de citas, lo que, a su juicio, ha generado dos grandes problemas: el intento de maquillar los datos y el desbordamiento de los trabajadores, que sufren ahora más cansancio y ansiedad. La diputada socialista ha pedido al Gobierno andaluz que abandone la confrontación y se centre en mejorar la atención a los dependientes, "en vez de priorizar intereses partidistas".