La mayor longevidad de los españoles y el consiguiente envejecimiento de la población, que ni la tasa de nacimientos ni los inmigrantes podrán evitar, van a provocar un aluvión de gastos en pensiones, pero también en sanidad, dependencia y cuidados de larga duración, que pondrán en un brete la sostenibilidad de las cuentas públicas de aquí a 2050.

Esta es una de las alertas que lanza la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en su segundo examen a las pensiones, en el que dictamina que en estos momentos España "no incumple la regla de gasto", pero a la vez reitera su advertencia de que "no está garantizada la sostenibilidad del sistema", en la misma línea de lo que ya afirmó en el anterior informe, publicado en 2025. La Autoridad Fiscal, presidida por Inés Olóndriz, recomienda al Gobierno ajustes y reformas en profundidad porque, de lo contrario, la suma de estas partidas fuertemente incrementadas producirá una tensión máxima sobre la sostenibilidad del Estado.

Más en detalle, en su Estudio de evaluación sobre la regla de gasto de pensiones, el organismo alerta de que el gasto para sufragar los cuidados a los mayores pasará de suponer el 0,8% del PIB en 2025 a representar el 1,6% en 2050, impulsado no solo por el propio envejecimiento demográfico, sino también por la progresiva ampliación de la cobertura del sistema de atención.

De cumplirse este pronóstico de la AIReF, los cuidados duplicarán su peso entre las partidas de los Presupuestos Generales del Estado y crecerían a mucho mayor ritmo que el gasto en pensiones, ya que en este último capítulo la AIReF prevé un aumento desde el 13% al 16,4% del PIB en el mismo periodo, o lo que es lo mismo, el gasto en pensiones se incrementaría el 26,15% respecto a su tamaño actual en la economía.

GASTOS EN CUIDADOS, PENSIONES Y ENVEJECIMIENTO

La conjunción de estas dos partidas, pensiones y cuidados, junto con el aumento de la factura de la sanidad, complicará aún más la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, que en las dos próximas décadas debe asumir la jubilación masiva de la generación de baby boom. Además, según las previsiones recién publicadas, el coste de los cuidados no solo se duplicará en 2050, sino que seguirá creciendo de forma relevante hasta 2070. En concreto, el gasto en cuidados de larga duración pasará de suponer el 0,8% del PIB al 1,8% del PIB en 2070.

Ante este panorama, la Autoridad Fiscal pide al Gobierno ajustes y reformas en profundidad porque, de lo contrario, en ausencia de medidas adicionales, estos incrementos supondrán una minoración de recursos para financiar otras políticas de gasto o bien obligarán al Estado español a contraer un mayor endeudamiento.

Según prevé el organismo, presidido por Olóndriz, en un escenario a políticas constantes, la deuda pública iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo impulsada por el proceso de envejecimiento de la población española, "agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas". Tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario llevaría la deuda de España a un 123% del PIB en 2050, alerta la AIReF.

¿De qué depende que las pensiones sean sostenibles?

En su sección AIReF Divulga, explica que la sostenibilidad de las pensiones, en un país que envejece, "es una cuestión compleja que va más allá de solo el crecimiento de las pensiones o las cotizaciones sociales", y concluye que serán sostenibles "siempre que lo sea el conjunto de las administraciones públicas".

El organismo detalla las tres grandes vías por las que llega el dinero para sostener las pensiones en nuestro país: las cotizaciones que trabajadores y empresas realizan a la Seguridad Social; los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que dependen las pensiones y prestaciones no contributivas; y las transferencias del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social, para abonar los gastos impropios y, en general, suplir lo que no se pueda pagar solo con los ingresos por cotizaciones.

En este sentido, el último informe del organismo avisa de que, para financiar el aumento del gasto en pensiones esperado en las dos próximas décadas, las transferencias implícitas del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central deberán aumentar 2,3 puntos hasta alcanzar el 3,0% del PIB. "Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos derivados de los marcos fiscales europeo y nacional", hace hincapié la Autoridad Fiscal.