Oxfam Intemón ha presentado más de 100 medidas para la próxima legislatura para avanzar hacia un país "justo y sostenible". Entre ellas destacan la consolidación del impuesto a los beneficios extraordinarios, la puesta en marcha de una Ley de Salario Mínimo Vital (SMI), otra de Cuidados o la ampliación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Para el director de la entidad, Franc Cortada, "es imperativo contar con políticas públicas que protejan y brinden oportunidades a las mayorías sociales", ya que en los próximos cuatro años viviremos un contexto "de enormes cambios y riesgos globales". Reclama que España "debe llevar a cabo cambios estructurales para construir una sociedad más equitativa, solidaria y con horizontes de futuro para toda la población". Por ello propone medidas en diferentes áreas.
Economía
En el ámbito de la fiscalidad, Oxfam ha planteado la necesidad de combatir los paraísos fiscales y la evasión y elusión fiscal, así como ajustar el Impuesto sobre el Patrimonio y avanzar en el Impuesto de Sociedades en línea con la agenda europea. Además, ha defendido que el impuesto a los beneficios extraordinarios "se consolida como una medida efectiva".
En lo que a empleo se refiere, ha destacado que se debe garantizar la protección de los trabajadores más vulnerables y ha propuesto impulsar una Ley sobre el SMI que "asegure su actualización anual y otras garantías y derechos laborales". Así, también ha apostado por una "reforma integral" de las políticas activas de empleo en el marco de la nueva Ley de Empleo y la próxima Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.
En relación con los jóvenes, la organización ha apuntado a la "realidad insostenible" de desempleo y la precariedad laboral. Ha reclamado ocho medidas para mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral en condiciones de calidad, como destinar más fondos propios de España para el impulso de empleo joven, el desarrollo de contratos formativos y el apoyo a los jóvenes autónomos.
Protección social
En materia de protección social, ha indicado que hay que transitar hacia un modelo "más amplio y eficiente", con medidas como la ampliación del IMV a distintos colectivos y mejoras en la gestión, así como la integración del sistema de prestaciones sociales en la declaración de la renta.
Ha calificado de "imprescindible" avanzar hacia un sistema integral de cuidados mediante políticas públicas que involucren a las familias, el sector privado y el Estado. Para este aspecto ha propuesto la implementación de una Ley General de Cuidados "que promueva la autonomía y singularidad de las personas en situación de dependencia", así como una mayor inversión pública en ello.
También considera "fundamental" que la nueva cooperación española se caracterice por "el compromiso con los derechos humanos, enfoque feminista y coherencias políticas", por lo que ha incidido en la necesidad de una financiación del 0,7% "cuanto antes", y "feminizar la cooperación y desvincularla de los intereses fronterizos y migratorios".
En lo referente a Derechos Humanos y empresas, ha defendido impulsar la aprobación de una regulación "ambiciosa" de debida diligencia en DDHH y medio ambiente a nivel europeo y español, "garantizando el cese de las vulneraciones de derechos por parte de algunas empresas".
Asimismo, ha defendido la implementación de medidas legislativas que promuevan modelos de negocio "centrados en los ámbitos social y ambiental, garantizando dinámicas predistributivas". También ha reclamado un reglamento de desarrollo de la Ley de información no financiera y diversidad.
Políticas ambientales y de movilidad
Se refiere también a la transición ecológica y la justicia climática para establecer objetivos nacionales de reducción de emisiones, aumentar la financiación para la adaptación al cambio climático y mejorar el proceso de gobernanza de la transición. Esto implica generar espacios de escucha con la ciudadanía afectada por proyectos de energías renovables y garantizar la participación de los territorios en la toma de decisiones, entre otras medidas.
En cuanto al derecho de movilidad humana, Oxfam Intemón ha abogado por una gestión de la migración como "bien público global, basada en los derechos y con un enfoque antirracista", al tiempo que ha apostado por la regularización de personas migrantes y la mejora de leyes y procedimientos para garantizar sus derechos.
"La nueva legislatura será clave para el cumplimiento de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo, momento en el que valorar los compromisos internacionales adoptados para lograr un futuro mejor, más igualitario y sostenible", ha concluido el director de la entidad, para instar a los partidos políticos a considerar estas propuestas como "fundamentales" y así avanzar hacia un país "con igualdad de oportunidades y una sociedad más equitativa".
