Los padres de cuatro jóvenes de entre 14 y 17 años tendrán que pagar 557.563 euros después de que sus hijos incendiaran un chalé en Zaragoza. Según ha podido saber el Heraldo de Aragón, la vivienda pertenecía a un notario de Zaragoza, y el día del incendio no se encontraba en su inmueble.
Al parecer, los jóvenes entraron en la vivienda por la puerta trasera que estaba rota, y accedieron a la casa. Una vez dentro, los acusados rompieron la puerta que daba a la bodega, donde empezaron a beber varias botellas de vino, mientras fumaban. La Guardia Civil ha podido confirmar que esto ocurrió gracias a los teléfonos móviles de uno de los jóvenes investigados.
Lejos de terminar de beber e irse, los jóvenes decidieron echar gasolina en un vaso de cristal y prender fuego, sin ser conscientes de que se les iría de las manos.
Los jóvenes intentaron que el fuego no se extendiera con agua del grifo, pero según ha podido saber el medio, la gasolina se derramó también por la mesa, incendiándose también.
Posteriormente, intentaron apagar el incendio con un edredón que había en la cama, pero consiguieron todo lo contrario: avivar más el fuego.
Los menores abandonaron la vivienda sin apagar el fuego
Viendo que las llamas no se apagaban, los menores abandonaron la vivienda, que acabó quemándose por completo. El medio aragonés ha contado que los propios autores del fuego reconocieron a la jueza que estuvieron en la vivienda, pero que no sabían que alguien vivía ahí, de hecho pensaban que estaba abandonada.
La jueza no ha tenido en cuenta esto último, ya que el dueño compró la casa en 2019 y estaba en buen estado, a pesar de que las defensas de los menores alegaran que el propietario de la vivienda debería haberse asegurado de que nadie pudiera entrar en su casa. También alegaron enriquecimiento ilícito, ya que, al parecer, pagó 320.000 euros cuando adquirió la vivienda.
La magistrada ha decidido el precio a pagar teniendo en cuenta el precio actual de la vivienda, que es la segunda residencia del notario, que solo residía ahí los fines de semana y en vacaciones.
Los cuatro menores están condenados por un delito de allanamiento de morada y por daños por imprudencia grave, pero al ser menores, serán sus progenitores quiénes tengan que pagar la indemnización.
Uno de los cuatro, que ya ha cumplido la mayoría de edad, tendrá que hacer durante seis meses de tareas socioeducativas, mientras que otros dos de los menores tendrán que estar un año bajo libertad vigilada. El último implicado tendrá que acudir durante seis meses a un centro de día supervisado. Por su parte, los padres recurrirán la condena.