Carolina Madroñal Machero
Sociedad
Tasas de basuras: OCU denuncia que incumplen la ley en 17 capitales
En estas 17 ciudades las ordenanzas municipales aplican un importe fijo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que 17 capitales de provincia españolas están incumpliendo la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en vigor desde abril. Esta normativa establece que las tasas por la gestión de residuos deben ajustarse al principio de “quien contamina, paga”, es decir, deben reflejar el volumen real de residuos generados por cada hogar y el esfuerzo que este realiza para separarlos adecuadamente.
Sin embargo, la OCU informa que estas 17 ciudades están aplicando un importe fijo, establecido por sus ordenanzas municipales, sin tener en cuenta ni la cantidad ni el tratamiento de los residuos. Esta aplicación se considera injusta, ya que penaliza a quienes sí reciclan correctamente. Las ciudades señaladas son: Badajoz, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Teruel y Zamora. De ellas, Las Palmas, Oviedo y Segovia permiten reducir el importe de la tasa mediante acciones como el uso del punto limpio o la correcta separación de residuos.
Criterios discutibles
El resto de las capitales aplican tasas basadas en criterios variables como el tamaño de la vivienda, el consumo de agua o el número de personas empadronadas. En teoría, estas fórmulas están más ajustadas a la realidad de cada hogar, pero la OCU advierte que siguen siendo arbitrarias y no garantizan una relación justa entre generación de residuos y coste.
Diferencias entre ciudades
Las diferencias entre ciudades son notables. Para una vivienda media con un valor catastral de 79.000 euros, tres residentes y un consumo de 175 metros cúbicos de agua al año, la tasa puede variar desde los 62 euros anuales en La Coruña hasta los 202 en San Sebastián. La media se sitúa en 105 euros, lo que supone un incremento del 31 % respecto al año anterior. Destaca especialmente el caso de Alicante, donde la tasa ha pasado de 28 a 145 euros anuales, lo que representa un aumento del 420 %. La OCU advierte que estas subidas rara vez se acompañan de una rebaja en otros tributos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que en muchas ciudades asumía antes el coste de la recogida de residuos.
Pocos incentivos para los ciudadanos
La organización critica que el modelo actual no incentiva a los ciudadanos a separar adecuadamente sus residuos. En la mayoría de los casos, el esfuerzo realizado no repercute en una reducción del recibo. Quedan fuera del cálculo medidas ya aplicadas con éxito en otros municipios, como las bonificaciones por el uso correcto del contenedor de orgánicos con acceso controlado, la utilización de puntos limpios o la participación en programas de compostaje.
Por ello, la OCU reclama al Gobierno y a las entidades locales que se establezcan criterios nuevos, comunes, objetivos y transparentes que garanticen una tasa justa y, además, promuevan conductas responsables en materia de residuos.