Los tiempos de espera medios hasta que se recibe una ayuda del sistema de Dependencia siguen siendo muy superiores al máximo estipulado por la Ley de Dependencia de 2006. 

Según la sexta entrega del Panel del SAAD, presentada este miércoles por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la demora actual sería de 314 días, un periodo 134 días mayor que el marcado por la legislación: seis meses, es decir, unos 180 días. 

Sólo seis comunidades y una ciudad autónoma cumplen con estos plazos límite: Cantabria (172), Castilla-La Mancha (166), La Rioja (138), País Vasco (131), Castilla y León (120), Aragón (117) y Ceuta (82). 

Durante la presentación de los datos del panel, el Gobierno, que ha puesto en valor la reducción en 27 días de esta demora media en lo que llevamos de 2026, también ha reconocido que la mejora de estos tiempos es un desafío pendiente, aunque los datos vayan a mejor y queden ya lejos del pico alcanzado en 2021 de 421 días. 

En concreto, ha sido la secretaria de Estado quien ha entrado más al detalle sobre este asunto. Martínez ha asegurado que es uno de "los retos del sistema" y ha afirmado que la financiación extra aprobada por el Gobierno, es decir, los 6.200 millones de euros suplementarios, que se aportarán entre 2026 y 2027, deberían servir para ayudar a reducir estos plazos. 

La inyección de fondos, ha argumentado, sumada al trabajo de las autonomías para desburocratizar estos procesos "administrativos" y de "gestión", debería repercutir en una mejora de los datos. 

También el ministro Pablo Bustinduy se ha pronunciado sobre este aumento de la financiación que, ha precisado, debe dedicarse a incrementar la calidad de los servicios dados y a reducir las listas de espera –y los tiempos de demora–. 

Asimismo, ha precisado, "debe servir para mejorar drásticamente las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados", que ha definido con términos como "precariedad", "parcialidad" y "remuneración insuficiente". 

La lista de espera baja

Por otra parte, durante la rueda de prensa, tanto el ministro como la secretaria de Estado han puesto énfasis en la reducción del número de personas que llevan más de seis meses inmersas en trámites –solicitud, valoración, Programa Individual de Atención...– para conseguir una prestación. 

Según han explicado, en la actualidad, habría 142.887 ciudadanos en esta situación, lo que supone una reducción de un 21% en el último año.

Y ampliando el foco, desde 2021, cuando el Gobierno anterior comenzó a aplicar políticas de aumento del gasto en Dependencia –con medidas como el Plan de Choque–, se habría producido un descenso total del 54%.

Así, basándose en el efecto positivo que han tenido los incrementos de gasto por parte del Estado, Martínez ha asegurado que estiman que, con la inyección de fondos aprobada recientemente vía Real Decreto-Ley, este número podría disminuir más aún: un 47% para finales del año 2027. 

Además, según han explicado en un comunicado del Ministerio, se espera que también pueda contribuir a esta reducción la reforma de la Ley de Dependencia, que se vota este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, y que deberá pasar posteriormente por el Pleno para ser debatida –según las previsiones del Gobierno, podría ser el próximo 14 de julio–. 

Una persona en lista de espera muere cada 17 minutos

Cabe recordar que estas cifras dadas a conocer por el Gobierno se corresponden únicamente con las de las personas que llevan más tiempo esperando que el máximo fijado por ley.

En total, según el Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la lista de espera –contando a todos los solicitantes– ascendería a 255.302 personas, de las cuales 108.908 esperan ser valoradas y 146.394 aguardan recibir una prestación ya reconocida.

En lo que va de año, esta lista sólo se habría reducido un 1%, matizan desde dicha organización, y recuerdan que, durante los primeros seis meses de 2026, 15.450 personas fallecieron esperando ser valoradas o recibir su prestación, lo que supone una media de 85 muertes al día o una cada 17 minutos. 

Récord de solicitudes y atendidos

Otro de los datos destacables que se desprenden del sexto Panel del SAAD es que se ha producido un nuevo récord de peticiones al sistema, un fenómeno que lleva varios años ocurriendo y que es síntoma del progresivo envejecimiento de la población española. 

El número total de solicitudes ha ascendido hasta las 2.392.242. Ahora bien, matizan en el comunicado del Ministerio, las personas atendidas habrían crecido este año a mayor ritmo que la demanda. En este segundo trimestre del año, el número de personas con prestación efectiva habría vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico: 1.707.328 –desde 2021, se habrían incorporado 623.119–. Esto supone un aumento del 10,9%, mientras que el incremento de solicitudes es del 6,8%, respecto a hace un año, puntualizan.

Tipo de prestaciones 

En cuanto al tipo de prestaciones que se conceden, desde el Ministerio afirman que el porcentaje de servicios que se ofrecen en el entorno comunitario se encuentra en el 57,09% en junio de 2026, lo que iría en línea con el nuevo modelo de cuidados. 

"Esta tendencia se refleja con especial claridad en el ritmo de crecimiento de los servicios profesionales de proximidad. La teleasistencia crece un 21,8% respecto al año anterior y la ayuda a domicilio un 13,6%, ambos muy por encima del crecimiento general de las prestaciones del Sistema. La prestación económica por cuidados familiares, por su parte, continúa siendo la más numerosa del Sistema, con un 31% del total de prestaciones reconocidas", apuntan en el comunicado.

"Además, los datos también muestran la tendencia hacia el aumento progresivo de la combinación de diferentes prestaciones que hacen las personas usuarias. En los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,45 en junio de 2026, lo que supone un crecimiento del 14%", añaden.

Sistema 'low cost'

Con todo, esta tendencia no es vista de la misma manera por parte de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia la consolidación de un sistema de atención "low cost".

Aunque el número de personas atendidas ha crecido, este aumento se basaría en prestaciones y servicios de muy bajo coste, como la teleasistencia o la prestación por cuidados en el entorno familiar.

En ese sentido, critican que el modelo se caracteriza por escasas cuantías económicas –una media de 262 euros al mes para cuidadoras familiares–, una bajísima intensidad de los servicios –apenas 38 horas al mes de media en ayuda a domicilio– y la imposibilidad de compatibilizar diferentes prestaciones.

Y ante este escenario, exigen que el incremento de la financiación sirva verdaderamente para reducir la lista de espera, aumentar las prestaciones y mejorar las condiciones laborales del personal, evitando que las autonomías reduzcan su parte.  

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado durante la rueda de prensa el ministro Pablo Bustinduy, quien ha asegurado que el incremento de 6.200 millones de euros se canaliza a través del "nivel mínimo de financiación", lo que significa que el Estado transfiere a cada comunidad una cuantía directa por cada persona usuaria incorporada al sistema.

A modo de ejemplo, ha indicado que las cuantías para los dependientes de grado 3 –los que requieren mayor complejidad– se incrementan en un 126%, y que las autonomías recibirán de media un 98% más de recursos vinculados a las personas que atienden.

Para garantizar que las regiones no rebajan su contribución, Bustinduy ha aclarado que existe un mecanismo en la otra vía de financiación, el "nivel acordado", que penaliza si se retirasen fondos por parte de la región. 

La reforma de la Ley de Dependencia

Por otro lado, cabe señalar que, según ha informado Europa Press, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confía en que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia se apruebe "por unanimidad", previsiblemente, el próximo martes 14 de julio en el Pleno del Congreso, coincidiendo con la convalidación de real decreto ley por el que se aprueban 6.200 millones de euros adicionales para la dependencia entre 2026 y 2027.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han precisado que son "optimistas" con respecto al resultado de la votación del dictamen este jueves en la Comisión de Derechos Sociales. 

Hasta el momento, según apuntan, se han aprobado 78 enmiendas transaccionales y este jueves irá otro paquete "más pequeño". Además, prevén que queden algunas "vivas" para el Pleno, por lo que consideran que el resultado va a ser "muy participado".

A partir del momento en que se apruebe la reforma, las mismas fuentes explican que entrarán en la fase de adaptación de las normativas autonómicas y algunos cambios llevarán más tiempo como la transformación de los centros de día, los nuevos modelos de vivienda asistida o la reforma de la ley de propiedad horizontal para obligar a que los edificios sean accesibles.

Entre otras medidas, la reforma también contempla eliminar las incompatibilidades de prestaciones; establecer una prestación transitoria; ampliar las funciones y las características del servicio de ayuda a domicilio o que amigos y vecinos puedan ejercer como cuidadores formales, permitiendo que reciban la prestación por cuidado en el entorno familiar.

Las patronales piden apoyar la reforma

Este mismo miércoles las patronales del sector de la Dependencia han pedido, en un comunicado, apoyar dicha reforma. Tras la reunión mantenida con el ministro Pablo Bustinduy a comienzos de semana, AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES consideran que la iniciativa supone un avance necesario para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que se dedican a los cuidados.

No obstante, las entidades recuerdan que el proceso seguido para la elaboración de estas medidas ha sido manifiestamente mejorable. El sector ha echado en falta una mayor participación y un diálogo más profundo con las organizaciones que diariamente gestionan y prestan los servicios. En este sentido, valora positivamente el compromiso adquirido este pasado lunes por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de mantener abierto el espacio de diálogo e interlocución con los agentes del sector para seguir trabajando en el desarrollo de estas reformas.

Las entidades subrayan asimismo que la profesionalización de los cuidados constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la calidad de atención.

Asimismo, recuerdan que el incremento de la financiación estatal y la reforma normativa, siendo necesarias y positivas, no resolverán por sí solas todos los desafíos que afronta el sistema. Entre ellos, destacan la escasez de profesionales o la necesidad de adaptar los mecanismos de financiación y contratación pública.

Las patronales del sector también consideran que no podrá encontrarse una solución definitiva para el desafío que nos plantea la necesidad de cuidados en nuestro país sin que, como sociedad, logremos alcanzar un gran Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia.

Los sindicatos valoran la financiación extra

También CCOO y UGT estuvieron presentes en la reunión que mantuvo el ministro con todos los agentes sociales. CCOO valoró, en un comunicado, el incremento de la financiación como una "buena noticia, que nos hubiera gustado que hubiera venido precedida de un proceso de negociación", viéndolo como una "magnífica oportunidad para hacer un seguimiento y distribuir los fondos para reforzar la calidad de los servicios que se prestan a las personas y la calidad del empleo de las personas que lo prestan".

Así, para asegurar este objetivo y evitar que la inyección de fondos acabe fomentando un modelo mayoritario de cuidados informales o sobrefinancie modelos precarios, el sindicato exigió establecer un "Acuerdo Marco" con el Gobierno y la patronal que impida a las comunidades autónomas reducir su aportación, obligándolas a vincular estos recursos para "reforzar provisión pública de servicios profesionales, y a elevar precios de concierto condicionados a mejora clara de condiciones laborales, económicas, de empleo de las personas trabajadoras".

Por su parte, desde UGT subrayaron que la financiación del sistema y las mejores condiciones laborales "tienen que ir de la mano" de forma "absolutamente indisoluble". Para lograrlo, exigieron que "se abran mesas de diálogo social" a nivel autonómico para que parte de los nuevos fondos "vaya a las licitaciones" públicas, obligando a que estas "contemplen los incrementos salariales" acordados previamente en la negociación colectiva. Y denunciaron la vulnerabilidad de las trabajadoras al tratarse de "un sector feminizado mayoritariamente con alta parcialidad", lo que les exige un "sobreesfuerzo extraordinario" al verse sometidas a "jornadas parciales involuntarias cuando los servicios requieren jornadas completas".