Victoria de 65YMÁS: el Gobierno aprueba la limitación de precocinados en las residencias de mayores
Este diario fue pionero en la denuncia de las carencias nutricionales de sus menús
Tras varios años de espera, el decreto que regula la comida que se consume en residencias de mayores tanto públicas como privadas –además de en hospitales, escuelas de 0 a 3 años y museos y bibliotecas propiedad de la administración– ya es una realidad.
La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y aprobada este martes por el Consejo de Ministros, promueve una alimentación más saludable en estos centros sociosanitarios.
Según han explicado desde el Gobierno en un comunicado, se pondrá coto en los menús a los precocinados, las frituras y a aquellos productos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal añadida.
El nuevo marco fija pautas en régimen de pensión completa dentro de estos establecimientos, restringiendo la presencia de precocinados a un máximo de tres raciones mensuales y limitando las preparaciones fritas a dos tomas por semana.
Asimismo, el texto impone un consumo diario de dos a tres raciones de fruta junto a un mínimo de tres de hortalizas, garantizando que el 90% y el 30% respectivamente sean frescas y de temporada, con al menos un 10% procedente del abastecimiento de proximidad.
La planificación semanal exigirá la inclusión de cuatro platos estructurados en torno a proteínas vegetales, así como tres raciones principales de pescado alternando especies blancas y azules. Esta pauta dietética se completa con la aportación diaria de tres a seis porciones de productos elaborados a base de cereales, priorizando enteros e integrales y minimizando el consumo de harinas refinadas y la obligación de destinar un 25% del presupuesto alimentario a productos de certificación ecológica –con un mínimo transitorio del 10% durante el primer cuatrienio–.
En la vertiente asistencial y de instalaciones, la norma estipula que la elaboración gastronómica debe desarrollarse preferentemente en las dependencias del propio centro bajo la supervisión obligatoria de especialistas titulados en Nutrición Humana y Dietética, adaptándose a las particularidades de salud, convicciones éticas o creencias religiosas de las personas usuarias.
Para prevenir estados carenciales, la disposición implanta cribados nutricionales periódicos orientados a diagnosticar de forma precoz situaciones de desnutrición.
En cuanto al canal de autoservicio, se exige destinar un 70% del catálogo de las máquinas 'vending' a opciones saludables colocadas en los estantes de mayor visibilidad, dispensando por defecto bebidas calientes sin sacarosa añadida.
Finalmente, los inmuebles deberán dotarse de fuentes de agua potable gratuita y señalizadas junto a un plan operativo para reducir la merma de comida, restringir plásticos monouso, reducir las vajillas desechables y recortar envoltorios individuales.
Una denuncia de 65YMÁS
Cabe recordar que 65YMÁS denunció hace ya siete años, en 2019, que muchas residencias abusaban de ultraprocesados y daban a sus usuarios alimentos con baja calidad nutricional.
Este diario tuvo acceso a 81 menús de diferentes centros y los hizo analizar por expertos independientes que detectaron que, de facto, muchos platos no se adaptaban a las necesidades reales de los mayores.
La exclusiva de este medio fue incluso mencionada en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid en 2020, donde, el por aquel entonces presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (@pladigmare), Miguel Vázquez, se hizo eco de este reportaje.
A raíz de esta denuncia, de otras similares publicadas por varios medios en aquel año y gracias a la presión que hicieron diversas organizaciones de familiares y del sector, el tema escaló a nivel estatal y el Gobierno central –por aquel entonces de coalición entre PSOE y Unidas Podemos– decidió aprobar las primeras medidas nacionales, para mejorar la calidad de los menús.
Así, en 2023, promovida por el exministro de Consumo, Alberto Garzón, el ejecutivo presentó una guía de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre alimentación saludable y sostenible en residencias de mayores y centros de día. Según explicaba, el objetivo era orientar a las instituciones y a los profesionales para que elaborasen dietas que satisfaciesen las necesidades nutricionales de los usuarios, adaptándose a sus particularidades.
Además, en paralelo, las comunidades también hicieron cambios para garantizar la calidad de los menús. Si ya buena parte exigía que estos estuviesen avalados y firmados por profesionales de nutrición, varias aumentaron el precio que se paga por usuario y comida y ciertas regiones promovieron la inclusión de los residentes o representantes de las familias en la valoración de la calidad y variedad de la comida que se sirve.
Ahora, el Ejecutivo, con este real decreto, promueve un marco legal nacional para que sea obligatoria una alimentación adaptada y saludable para los mayores.
