La convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre (29-N) anunciada este martes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la consecuente disolución de las Cortes Generales, suponen un frenazo a diversas reformas entre las que destacan muchas que afectan a los casi 10 de personas mayores de 65 años de nuestro país. Aunque la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC) de cara a 2027 se mantiene plenamente garantizada por ley, el adelanto electoral provoca el decaimiento de la despenalización de la jubilación anticipada para largas carreras de cotización, impulsada por la asociación Asjubi40.

También sufre un segundo frenazo la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, impulsada tras el movimiento 'Soy Mayor, no idiota' y que pretendía garantizar la inclusión financiera de los colectivos vulnerables. También queda en el aire la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que buscaba asegurar la atención telefónica con un operador humano y erradicar los abusos digitales. Ambas normas han sido caballo de batalla de muchos mayores y sobre las que el diario 65YMÁS ha puesto especial foco desde hace años.

En el área social y sanitaria, decaen también proyectos como la Ley del Medicamento, que incluye varias medidas que podrían ayudar a limitar la polimedicación de las personas mayores. También se congela Real Decreto sobre alimentación saludable en las residencias de mayores, o la Ley de Familias, que incluía permisos retribuidos para el cuidado de dependientes. Aquí detallamos cuáles son las principales normas afectadas.

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Las pensiones subirán con el IPC en 2027, pese al adelanto

El adelanto electoral no afectará a la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, puesto que la ley en vigor fija que la subida de cuantía para los pensionistas se realizará cada año en función del IPC, con efectos desde el 1 de enero. La primera nómina aumentada conforme a la inflación llegará al bolsillo de sus titulares alrededor del 25 de enero de 2027, que es la fecha en la que la gran mayoría de las entidades bancarias abonan las prestaciones a sus clientes.

Con los datos oficiales hasta el mes de septiembre, la evolución de la inflación hace prever que las pensiones podrían subir cerca del 3,5%; de confirmarse, sería la mayor revalorización desde 2024, año en el que las pagas aumentaron el 3,8% general. Por lo tanto, la disolución de las Cortes no impedirá el aumento anual, ya que dicha actualización está garantizada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público. Así lo aseguran los expertos consultados por 65YMÁS, que descartan rotundamente que la precipitación de los comicios,vaya a desencadenar cambios bruscos en el sistema de pensiones, en las reformas en marcha o en la subida de las pagas el año próximo.

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Despenalización de la jubilación anticipada con largas carreras, paralizada

Tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, algunos proyectos y proposiciones de ley que no verán culminar su tramitación serán la reforma para conceder jubilaciones anticipadas sin penalizaciones a trabajadores con más de 40 años cotizados, destinada a eliminar los coeficientes reductores en estos casos. La convocatoria electoral supone la paralización automática del trámite parlamentario de la Proposición de Ley.

Desde la asociación Asjubi40, lamentan profundamente que las coyunturas políticas e institucionales vuelvan a postergar una reforma de las pensiones que consideran "urgente, justa y necesaria", en declaraciones a 65YMÁS.  Aún así, han remarcado que el trabajo realizado hasta la fecha "no ha sido en vano" y que las enmiendas elaboradas y la interlocución continuada mantenida durante los últimos meses constituyen un punto de partida sólido e irrenunciable. Además, han anunciado que preparan un documento con sus reivindicaciones para los candidatos. 

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La Autoridad de Cliente Financiero, de nuevo paralizada

Una de las leyes impulsadas por el Gobierno que tampoco verá la luz será la de la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, figura era clave para defender los intereses y una buena atención en la banca del colectivo de personas mayores. Un proyecto impulsado por la lucha del médico jubilado Carlos San Juan desde 2021, que estuvo a punto de culminar en la legislatura anterior pero también decayó por el adelanto electoral de 2023. "Tengo frustración. Nos hemos vuelto a quedar con la miel en los labios”, ha dicho Carlos San Juan a 65YMÁS. 

En marzo de 2024 volvió a aprobarse en Consejo de Ministros y comenzó su tramitación por la vía de urgencia. Pero en esta legislatura, partidos que votaron a favor del mismo texto, ahora lo bloquearon. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo se había comprometido a retomar la creación de esta figura este mes de septiembre, y Asufin, junto con el propio Carlos San Juan, había empezado a movilizarse para recabar apoyos y firmas acelerar su aprobación. Ahora, Carlos San Juan pide a los partidos que “se mojen” en esta materia.

Dentro de la comisión de Economía, también ha decaído la proposición de ley impulsada por el Parlamento catalán para garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Tampoco verá la luz la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios.

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Ley del Medicamento, reforma antitabaco y el resto de medidas sanitarias

En el área sanitaria, la convocatoria anticipada de elecciones paraliza de forma directa la agenda impulsada por la ministra Mónica García, dejando en el camino casi una decena de proyectos de ley del Ministerio de Sanidad que se encontraban en distintas fases de debate parlamentario. Entre ellas, destacan algunas que afectarán especialmente a personas mayores como:

• Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios: aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2026 y entrada en el Congreso el 24 de julio, esta norma constituía una profunda reforma del marco farmacéutico. Planteaba agilizar el acceso a medicamentos innovadores, reforzar el papel de genéricos y biosimilares, proteger fármacos estratégicos y habilitar a enfermeros y fisioterapeutas para la prescripción en sus ámbitos. Aunque la tramitación parlamentaria decae, el Ministerio conserva la vía de un real decreto para regular la evaluación y financiación de medicamentos sin necesidad de pasar por el Congreso.
• Tramitación del Estatuto Marco: normativa orientada a reformar el régimen laboral de los profesionales de los servicios de salud y acabar con las guardias de 24 horas. Tras aprobarse en segunda vuelta en septiembre de 2026, contaba con la oposición del colectivo médico y había provocado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 28 de octubre. Con la disolución de las Cámaras, la ley decae y se prevé la desconvocatoria de los paros.
• Ley frente al Tabaquismo: planteaba la prohibición del tabaco en menores de 18 años, la extensión de restricciones a los cigarrillos electrónicos y la ampliación de espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y eventos al aire libre. El proyecto decae estando en fase de enmiendas en la Comisión de Sanidad.

• Bajada de tasa máxima de alcohol al volante:  La proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción queda en el aire tras la disolución de las Cortes Generales. La ley socialista obtuvo el aval del Congreso para su tramitación el pasado 29 de septiembre. La norma proponía la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico introduciendo como infracción grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre".

También quedan en el aire en materia sanitaria, la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, la ley de Organizaciones de Pacientes o la Ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Además, decaen la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en Menores, que está estancada en el Congreso desde marzo de 2025 y la reforma del artículo 43 de la Constitución, cuya tramitación para blindar el derecho al aborto dentro del marco constitucional estaba iniciada, pero no saldrá adelante. Habrá que ver además lo que hará el ministerio de Sanidad con la crisis actual de desabastecimiento de medicamentos para la menoapausia.

Ley de Familias y menús de residencias, entre las normas sociales que no verán la luz

El adelanto electoral deja en el aire multitud de normas de corte social, planteadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, algunas de ellas ya en tramitación parlamentaria y que decaerán por la disolución de las Cortes Generales. Entre ellas la tramitación de la Ley de Familias, que incluía, entre otras cosas, formalizar y ampliar los permisos retribuidos para el cuidado de familiares o convivientes mayores y personas dependientes. Al caducar el proyecto, cualquier ampliación o clarificación laboral respecto a la conciliación para atender a ascendientes queda frenada. Además, cuando el ministro Pablo Bustinduy asumió el cargo también hizo suya la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, que había impulsado su predecesora en la anterior legislatura, Ione Belarra, pero esta norma ni siquiera ha vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.

También queda en el aire el Real Decreto (RD) para garantizar una alimentación saludable y nutritiva en las residencias de mayores, así como en otros centros donde "la vida cotidiana discurre", como los hospitales, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Caerá además la Ley de Violencia Vicaria, del Ministerio de Igualdad que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso. La norma tipificaba como agravante de género este tipo de violencia, preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato y prohibía explícitamente a los condenados por violencia vicaria hablar sobre el crimen durante un tiempo de hasta 20 años. En materia de Extranjería, no verá la luz la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Ley de Atención a la Clientela y de Consumo Responsable

En materia de consumo, la medida más avanzada que se queda en el camino es el Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una petición histórica de los sénior, por lo que afecta a los derechos de los consumidores más vulnerables. La norma, diseñada para poner fin a los abusos en la atención telefónica y digital de las grandes corporaciones, contemplaba obligaciones clave como un tiempo máximo de espera de 3 minutos, la garantía de contactar con un operador humano o la prohibición de las llamadas spam comerciales no identificadas mediante códigos específicos. También el diario 65YMÁS se ha reunido con distintos grupos parlamentarios para concienciar sobre la importancia de aplicar cambios como una atención más humana y personalizada en la atención al cliente.

Entra en vía muerta además el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible, con el que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo buscaba tipificar el greenwashing o fraude publicitario ambiental, penalizar la obsolescencia programada e incentivar las reparaciones ampliando la garantía legal en 12 meses cuando el usuario optase por arreglar un producto. También incluía combatir la práctica de la reduflación, es decir vender menos cantidad de producto, por el mismo precio. Quedarán paralizadas además las restricciones a la publicidad de productos de alto impacto contaminante y las medidas destinadas a frenar la reventa especulativa de entradas a través de plataformas digitales. 

Congelación del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

Se quedan por el camino también varios proyectos emblemáticos sobre cambio climático y protección ambiental. El freno más significativo es la congelación del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un acuerdo estructurado en 15 ejes que pretendía crear una comisión parlamentaria de seguimiento y constituir por ley la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para hacer frente a catástrofes climáticas cada vez más frecuentes. Asimismo, decaen la Ley de Calidad del Aire, y la revisión de la Ley de Residuos orientada a prevenir el desperdicio alimentario. También se congela el despliegue del marco normativo vinculado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o la Ley de Industria y Descarbonización. 

Pero el golpe normativo más relevante se produce sobre el Proyecto de Ley de Reintegración de la Comisión Nacional de Energía (CNE). La norma, diseñada para escindir las competencias energéticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y resucitar el organismo supervisor independiente, queda archivada sin haber completado su paso por el Congreso. Con esta paralización, la supervisión de los peajes, los expedientes sancionadores y la regulación del sector eléctrico y de hidrocarburos continuarán concentrados en el superregulador único de la CNMC.

Otras medidas que decaen

• Presupuestos Generales del Estado y reforma de la financiación autonómica: por primera vez en la historia democrática, la actual legislatura se ha cerrado sin la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, la aprobación de la reforma de la financiación autonómica ha quedado finalmente en el aire por el adelanto electoral. Pese a que a principios de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera había dado 'luz verde' al proyecto --con apoyo de Cataluña y Canarias-- el Consejo de Ministros no ha aprobado este proyecto y, por consiguiente, no se ha remitido a las Cortes para su convalidación.
• Vivienda: aunque está previsto que los dos nuevos decretos de vivienda pasen este martes por el Consejo de Ministros, con la convocatoria electoral decaen todas las iniciativas legislativas impulsadas por el PP en Congreso y Senado, y que abarcan un amplio abanico de medidas que van desde agilizar el desalojo de 'okupas' en vivienda hasta rebajas fiscales en la compra de inmuebles y reformar la Ley del Suelo. También ha caído la ley de EH Bildu para controlar y regular la publicidad de los pisos turísticos ilegales y la presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.
• Quita de deuda o directiva europea de IVA:  son algunas de las normas que estaban en trámite parlamentario y han decaído por el adelanto electoral. Tampoco llegará a tramitarse en esta legislatura el proyecto de ley para transponer una parte de la nueva Directiva europea del IVA en el ámbito de la economía digital, ni un proyecto que reformaba varias leyes tributarias en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea.
• Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual: por segunda legislatura consecutiva se queda a las puertas de redefinir las cuotas de pantalla, las ayudas a la producción independiente y la protección frente a las plataformas de streaming—. También se congela la creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos y la Ley de Derechos Culturales orientada a garantizar el acceso universal a la cultura.
• Estatuto del Artista: queda pendiente el desarrollo de este estatuto en materia de régimen de contratación, regulación del uso de la inteligencia artificial sobre derechos de imagen y voz de los creadores, y mejoras en la protección social de los trabajadores autónomos de la cultura—, así como las reformas para agilizar los incentivos fiscales al mecenazgo y al patrocinio artístico.
• Inteligencia Artificial y medios: el adelanto electoral ha dejado en suspenso normas como el proyecto para el buen uso de la Inteligencia Artificial (IA) o la reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que regula las imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) o 'deepfakes' sin autorización y los denominados 'true crimes', o la que prevé la creación del registro estatal de medios. Esta última medida estaba prevista en el proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, presentado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que decae con la disolución de las Cortes.