Ya está abierto en el Congreso de los Diputados el plazo para la presentación de enmiendas a la Proposición de Ley que busca establecer la Pasarela al RETA para que los profesionales colegiados puedan transferir los derechos económicos acumulados en una mutualidad al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y que todos estén suscritos a éste a partir de 2027. Esta iniciativa legal, esperada por décadas por miles de profesionales que optaron por mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), afecta de manera particular a la abogacía en España.
La propuesta legislativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene como objetivo permitir que ciertos mutualistas se incorporen voluntariamente al sistema público de pensiones, transfiriendo los derechos económicos que han acumulado en sus respectivas mutualidades. Sin embargo, el texto inicial ha generado una notable inquietud entre una gran parte del colectivo involucrado, quienes sienten que el proyecto excluye injustamente a numerosos afectados por la situación.
El origen de esta problemática se remonta a los años noventa, cuando el Estado autorizó a los colegios profesionales a mantener sistemas de previsión ajenos a la Seguridad Social mediante mutualidades. Con el tiempo, entidades como la Mutualidad de la Abogacía transitaron de un modelo de reparto a uno de capitalización individual, sin ofrecer una prestación definida garantizada. Esto ha tenido consecuencias graves: muchos profesionales, incluyendo abogados, se encuentran con que sus pensiones, después de más de cuarenta años de aportaciones, son extremadamente bajas, llegando a ser inferiores incluso a las no contributivas. Desde la Plataforma Pasarela al RETA, una organización que agrupa a afectados de toda España y ha llevado a cabo diversas movilizaciones y contactos institucionales, se exige que el Estado no puede permitir que personas que han cotizado durante toda su vida se enfrenten a la vejez sin una pensión digna.
A pesar de que la toma en consideración del texto en el Congreso recibió un abrumador apoyo (311 votos a favor, ninguno en contra) el 6 de mayo, los colectivos de afectados identifican múltiples deficiencias en la Proposición de Ley, y que ahora esperan corregir con las enmiendas. El proyecto promovido por el PSOE restringe el acceso a la pasarela únicamente a mutualistas que se encuentran activos, que no están recibiendo una pensión actualmente ni cumplen los requisitos para jubilarse en la Seguridad Social. Esto implica que la ley deja fuera a miles de personas afectadas que ya son pasivas, beneficiarias, jubilados con pensiones ínfimas, e incluso a quienes tienen más de quince años cotizados en otros regímenes públicos.
Adicionalmente, la propuesta establece que los años de cotización en las mutualidades solo serán reconocidos si estas entidades pueden acreditar fondos suficientes, aplicando siempre la base mínima de cotización y un coeficiente de conversión que puede variar. Para los afectados, esta disposición constituye una “discriminación inconstitucional” en comparación con otros trabajadores autónomos, alegando una vulneración de los artículos 14, 41 y 50 de la Constitución Española, referidos a la igualdad, la protección social y la garantía de suficiencia económica en la jubilación.
Ante esta situación, la Plataforma Pasarela al RETA ha presentado una enmienda unificada que proponen como alternativa. Esta enmienda es significativamente más ambiciosa e inclusiva. Su objetivo es permitir el acceso a la pasarela a todos los profesionales que hayan cotizado en alguna mutualidad como alternativa al RETA, sin importar si están activos o ya jubilados, e independientemente de su situación actual. La propuesta de la enmienda incluye el reconocimiento completo de los períodos cotizados, el cálculo de las bases basándose en las aportaciones efectivamente realizadas, y la posibilidad de integración sin exclusiones consideradas arbitrarias.
La enmienda también aborda el aspecto financiero, contemplando la posibilidad de transferir los fondos acumulados en las mutualidades a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto incluiría tanto las aportaciones obligatorias como las complementarias, y se propone que dicho traspaso esté exento de tributación5. Además, se sugieren mecanismos de devolución con flexibilidad para aquellos mutualistas pasivos que elijan acogerse a esta integración.
El calendario es apremiante, ya que el plazo de presentación de enmiendas, abierto durante los próximos días, será determinante en la configuración final del texto legal. Los colectivos afectados instan a todos los grupos parlamentarios a que respondan al “clamor de justicia” de más de 100.000 profesionales cuya derecho a una jubilación digna se percibe amenazado. Se prevé que la tramitación parlamentaria continúe en junio, aunque el debate social sobre este asunto ya se encuentra activamente en la esfera pública.
Por su parte, la Mutualidad de la Abogacía insiste en que esa pasarela sea voluntaria y los mutualistas que así lo deseen puedan permanecer en las mutualidades de previsión social. La proposición de ley pretende hacer obligatorio a partir de 2027 que todos los nuevos abogados colegiados empiecen a cotizar directamente en la Seguridad Social.
Pide también que el traspaso de los fondos que los profesionales tienen en la entidad hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social esté libre de impuestos.
Por otro lado, Mutualidad quiere que los abogados que pasen al RETA lleven sus ahorros al sistema público en el momento en que se vayan a jubilar y no de golpe, para no comprometer las actuales inversiones que tiene la Mutualidad. De los 10.200 millones de euros que gestiona la entidad, una tercera parte corresponde a aportaciones de los mutualistas, la cuantía que ahora sería susceptible de perder.
