Cómo impugnar la tasa de basuras: plazos y pasos para recurrirla

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea que las tasas de basuras aplicada por distintos ayuntamientos españoles podrían incumplir la Directiva (UE) 2018/851 sobre residuos, que consagra el principio de "quien contamina paga".

Según la OCU, numerosos consistorios han implantado tarifas fijas que no reflejan el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, ni incentivan una gestión responsable de los mismos.

La organización recuerda que la directiva europea fue incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa ajustada al coste real del servicio.

Sin embargo, OCU denuncia que muchos ayuntamientos no han cumplido correctamente con esta obligación. En concreto, cita los casos de Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Ourense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora, donde se aplica una tarifa fija para todos los contribuyentes, con independencia de la cantidad de residuos que generen.

El caso de Madrid

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la organización critica que el cálculo de la tasa tampoco respete el principio europeo. La tarifa se compone de una parte fija basada en el valor catastral de la vivienda, lo que —según OCU— puede resultar discriminatorio y alejado del coste real del servicio.

Además, el consistorio madrileño combina otros dos criterios: la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de basuras en cada distrito. OCU advierte de que este sistema genera grandes diferencias entre vecinos, ya que mezcla residuos de origen no estrictamente residencial —como los procedentes de pisos turísticos o negocios— con los domésticos, provocando "una fuerte penalización para algunos vecinos".

Ante esta situación, OCU solicita a la Comisión Europea que evalúe la correcta transposición y aplicación de la legislación sobre residuos en España. En caso de detectar incumplimientos, pide que se inicie el procedimiento correspondiente para garantizar el cumplimiento efectivo de la directiva.

Qué pueden hacer los ciudadanos

La OCU también ofrece orientación a quienes se consideren perjudicados por la tasa de basuras:

• Los contribuyentes tienen un mes para impugnar la liquidación desde que reciben la notificación. En el caso de tasas nuevas —como la de Madrid—, el plazo empieza a contar desde esa comunicación.
• Los recursos pueden presentarse ante la Agencia Tributaria municipal (recurso de reposición) o directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento (recurso económico-administrativo). Solo es necesario adjuntar una copia de la liquidación, y en esta primera fase no se requiere abogado ni procurador.
• Si el recurso se desestima, el ciudadano dispone de dos meses para presentar un Recurso Contencioso-Administrativo, ya con asistencia legal obligatoria. OCU recuerda que, si transcurren seis meses sin respuesta, se considera desestimación por silencio administrativo, y el plazo de dos meses empieza a contar desde entonces.