Una comunidad de vecinos logra anular una factura de gas 'sorpresa' de 8.350 euros

Imagínese que su comunidad de vecinos decide cambiarse de compañía de gas y varios meses después se da cuenta de que siguen cobrándole de su anterior comercializadora, cantidades que superan los 8.300 euros. Esto es lo que le ha pasado a una comunidad de vecinos de Gernika (Euskadi) que quiso rescindir su contrato con TotalEnergies tras la subida de precios de sus tarifas, pero para su sorpresa siguió recibiendo facturas de una filial de esta empresa, en la que habían sido dados de alta sin su consentimiento.

Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando el administrador recibió un carta certificada de TotalEnergies (@TotalEnergies), donde le informaba de la actualización automática de su contrato a partir de enero del año siguiente, pero con un nuevo precio mucho más caro, informan desde FACUA Euskadi (@facua), entidad que se ha encargado del caso y ha logrado la anulación de los importes de 8.350 euros a Baser, la filial de Total Energies en el mercado regulado, que les exigía el pago.

Tras varias búsquedas de ofertas y compañías, la comunidad optó por cambiarse a Naturgy, pero finalmente la oferta no les convenció por lo que acabaron firmando un contrato con Iberdrola desde el 26 de enero de 2022. La fecha les "resultó extraña", explican desde Facua, teniendo en cuenta que el contrato vigente expiraba el 31 de diciembre de 2021.

Cambio ilegal de compañía: FACUA logra anular 8.350 euros facturados por el gas de un edificio de vecinos https://t.co/O9qM3p6Z2k

— FACUA (@facua) January 23, 2023

La desconocida factura 'sorpresa'

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando en marzo de 2022, la comunidad recibió dos facturas de Baser por importes de 4.984,58 y 3.368,05 euros, correspondientes a los periodos del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 y del 22 de diciembre al 25 de enero de 2022.

Tras tratar el asunto con los vecinos, el administrador canceló los cargos en el banco al no reconocerlos. Tal como explica FACUA, en estos recibos aparecía el CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro) de la comunidad de propietarios del edificio, pero un CIF diferente al suyo, que comprobaron que correspondía a otra de Guipuzkoa.

A partir de ahí, el administrador se puso en contacto con TotalEnergies para saber qué había pasado. Tras dos semanas solicitando información, le comunicaron que alguien había dado de baja el servicio el 9 de noviembre de 2021 y que no podían ayudarle, emplazándolo a que contactase con la distribuidora de gas de la zona, Nortegas, también propiedad de TotalEnergies.

La versión de TotalEnergies

No fue hasta abril cuando el administrador consiguió que Nortegas le comunicase, aunque sólo de manera verbal, cuál había sido el supuesto origen del problema. Según la versión que le dieron, después de que se cancelase el cambio de contrato a Naturgy, la compañía que tras la firma se negó a cumplir el precio ofertado, automáticamente se atribuyó a la comunidad de propietarios un contrato de suministro con Baser aunque nadie lo firmase.

Sobre el hecho de que el CIF que aparecía en las facturas no fuese el suyo no le dieron ninguna explicación. Ni tampoco del motivo por el que Nortegás validó ese cambio de comercializadora más de un mes antes de la fecha en que estaba prevista la finalización del contrato con TotalEnergies.

Un cúmulo de infracciones y fallos

Pasados unos meses, y viendo que las compañías no ofrecían ninguna solución, la comunidad de propietarios, a propuesta del administrador, decidió asociarse a FACUA Euskadi. La asociación redactó un escrito de reclamación en el que solicitaba a Baser que anulase las facturas  que había cargado a esta comunidad de vecinos de Gernika, y que además eliminase de su base de datos la ficha correspondiente a estos clientes, ya que actualmente tienen el gas contratado con Iberdrola y no tienen ningún vínculo comercial con ellos.

En su reclamación, la asociación advirtió de que la comunidad no tenía por qué abonar ni un céntimo por esos dos meses de facturación. Y es que el artículo 66 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que no podrá reclamarse al consumidor pago alguno por el suministro de servicios como el agua, la electricidad o el gas si no han sido solicitados.

Finalmente, FACUA Euskadi ha recibido una respuesta de Baser en la que explica que el cambio de comercializadora se trató de un error y que, por lo tanto, no iba a repercutir el importe de 8.352 euros por las dos facturas de gas. En resumen, un cúmulo de fallos, que en esta ocasión, termina bien.