Denuncian que las inmobiliarias aplican comisiones de hasta el 6% sobre el precio de venta
La OCU exige medidas para proteger a consumidores
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado "deficiencias en la transparencia" de las agencias inmobiliarias en sus servicios y en las comisiones aplicadas en la compraventa de vivienda.
El sindicato habla de "presiones" a los propietarios para firmar encargos en exclusiva por tres o seis meses, lo que da derecho a la agencia a cobrar sus honorarios, incluso si el propietario encuentra al comprador por otra vía.
La organización, que ha estudiado los precios y servicios de 60 agencias, indica que aplican comisiones “muy variables” que oscilan entre el 2% y el 6%, con una media del 5% del precio de venta de una vivienda, "lo que supone miles de euros adicionales para los consumidores"
Además, todas las agencias inmobiliarias de Madrid inflan los precios de los inmuebles entre un 5% y un 10%, en un contexto en el que comprar una vivienda en España supone un esfuerzo equivalente a 7,8 veces los ingresos brutos de un hogar, según indica OCU, aunque en ciudades como Barcelona las valoraciones se ajustaron más, y en Sevilla los precios se tendieron a infravalorar.
Estas deficiencias que la OCU denuncia sobre el modo de actuar de las agencias las atribuye a la falta de "una normativa homogénea sobre la intermediación inmobiliaria", y piden que se haga un registro obligatorio de los agentes inmobiliarios y un seguro de responsabilidad civil.
OCU exige medidas urgentes para proteger a consumidores
En primer lugar, defiende el derecho a recibir información clara y esencial sobre los costes y los servicios que presta la agencia inmobiliaria, incluyendo las comisiones, el precio estimado de venta y el desglose detallado de los honorarios correspondientes a servicios adicionales, como el certificado energético.
Asimismo, considera necesario establecer requisitos claros para el ejercicio de la profesión de agente inmobiliario, como la creación de un registro obligatorio, la exigencia de unos criterios mínimos de cualificación y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
Por último, propone un mayor control administrativo de los anuncios inmobiliarios, de modo que solo puedan publicitarse viviendas que cuenten con una hoja de encargo firmada por el propietario y que el precio anunciado refleje el importe total que deberá abonar el comprador, incluyendo, en su caso, los honorarios de la agencia.
