Sueldos que rondan el SMI, pero precios de artículo de lujo. Este es el sinsentido de las residencias privadas, que denuncian varias de las principales organizaciones de personas mayores de España. 

Mientras el precio medio de una plaza privada en 2025 se situaba en 2.118 euros mensuales, según Inforesidencias.com, el convenio colectivo nacional marca para las gerocultoras un salario base de apenas 1.160,37 euros.

Esta retribución es inferior al Salario Mínimo Interprofesional fijado para 2026, en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas –normalmente, denuncian los sindicatos, los sueldos llegan al SMI sumando a la retribución base, pluses como la antigüedad, nocturnidad, etc.–.

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José Luis Fernández, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), define el panorama como una "realidad compleja". 

En ese sentido, muestra una "evidente preocupación por el elevado coste" de las plazas, lamentando en paralelo que los sueldos del personal "apenas alcanzan el SMI".

Además, Fernández recuerda que la pensión más frecuente ronda los 850 euros, lo que exige "un esfuerzo económico muy elevado" obligando a los mayores a la "venta, alquiler o licuación del patrimonio" para pagar una plaza privada.

Por ello, desde CEOMA piden incrementar la financiación pública y apostar por medidas fiscales que alivien el impacto económico en las familias.

Por su parte, Juan Sepúlveda, secretario general de Pensionistas CCOO, recuerda que para muchos mayores, ir a una residencia privada no siempre es una elección libre, ya que advierte que la lista de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) acumula más de 200.000 personas y los tiempos superan los 300 días.

"Existe un porcentaje que no pueden esperar a ser valoradas y tienen que solicitar el ingreso en una residencia sin concierto", expone.

Y estos precios no están al alcance de todos, superando en muchos casos los 2.000 euros mensuales, según la calidad de las instalaciones.

Ahora bien, incide, simultáneamente, las "condiciones salariales del personal profesional –en su mayoría mujeres–" son precarias y las ratios asistenciales, bajas.

Para solucionar esta crisis, Sepúlveda urge a las administraciones a elevar el gasto en dependencia hasta el 2% del PIB, lo que permitiría reducir las listas de espera, asegurar que los trámites no superen los 180 días de máximo legal y, además, pide mejorar sustancialmente los salarios.

Anatolio Diez, secretario general de UJP-UGT, califica también la situación de "contradicción muy evidente". Diez reconoce que los centros asumen costes de funcionamiento altos –personal continuo, atención sanitaria, mantenimiento–, pero denuncia que "existe una fuerte presión empresarial para contener salarios y costes laborales".

Este mecanismo da como resultado un "equilibrio muy frágil" marcado por dos polos de precariedad: "Familias con dificultades para pagar y trabajadores con condiciones insuficientes para la responsabilidad que asumen".

Para el representante de UGT, la solución pasa por desmercantilizar el cuidado, vincular las ayudas públicas a la exigencia de condiciones laborales dignas para las plantillas y revisar el modelo de copago.

"La sociedad necesita más cuidados, pero difícilmente podrá garantizarse una atención digna si el acceso resulta inasumible para las familias y las condiciones laborales continúan siendo precarias para quienes sostienen el sistema diariamente", concluye.

Finalmente, Gloria Veiga, presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), advierte además del grave déficit estructural, asegurando que harían falta 50.000 plazas más para cubrir la demanda actual.

Y respecto a los profesionales que sostienen estos centros, se muestra tajante: "Están mal pagados en relación con la carga de trabajo física y mental".