Plus de brecha, jubilación anticipada y autónomos, entre las reformas pendientes en pensiones

65YMÁS cumple este 18 de febrero su séptimo aniversario, y lo hace como medio de comunicación de referencia del segmento sénior en España. Un diario por y para las personas mayores, enfocado en las noticias y novedades que atañen a los jubilados, a los pensionistas, a los trabajadores sénior, sin perder de vista la imprescindible actualidad general, la cultura, el ocio, los avances en ciencia, educación y la economía de la longevidad.

Durante estos siete años hemos informado con rigor, claridad y puntualidad de la reactivación del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones constituyen el germen del sistema de pensiones actual; hemos desgranado, año a año, la reforma de pensiones conducida por José Luis Escrivá, y seguimos diseccionando los cambios y nuevas medidas puestas en marcha por la actual ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. 

La reforma Escrivá instauró la garantía del poder adquisitivo a los pensionistas, mediante el mecanismo de la revalorización en función del IPC, además de incrementar las cuantías de las pensiones mínimas y no contributivas. Se concretó en dos etapas: la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y el Real Decreto-ley 2/2023; ambas normas pactadas con los sindicatos UGT y CCOO en su totalidad, y con CEOE-Cepyme parcialmente, además de con las asociaciones de autónomos. 

La actual responsable de las pensiones, Elma Saiz, cogió las riendas en 2023, con varias tareas por delante, entre ellas, la prefijada de conducir a España hasta la culminación de un periodo progresivo, que situará la edad de jubilación en los 67 años en 2027, con una carrera de cotización de 38 años y medio. 

Durante su mandato, se han incrementado gradualmente las bases máximas y las pensiones máximas, se ha creado la cuota de solidaridad para los salarios más altos y se ha continuado reforzando los ingresos del sistema, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que nutre la hucha de las pensiones. Asimismo, se han ampliado las formas de jubilación compatible con el trabajo (jubilación activa y parcial) y más incentivos para la jubilación demorada.

"Se trata de medidas que facilitan a los trabajadores que el tránsito hacia su jubilación tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones y situaciones de cada uno de ellos", defiende la ministra Saiz.

Con todo, existen varias reformas de pensiones en marcha, pendientes de acordar en la Mesa de Diálogo Social y de implementar. 

Reforma del plus de brecha de género

Entre los 9,4 millones de pensionistas españoles, existen 1,1 millones con la pensión pendiente de reforma, después de que, en mayo de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara en contra del complemento de brecha español, por considerarlo discriminatorio para los hombres.

El Ministerio tiene pendiente reformar este plus, aprobado en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez para compensar a las mujeres por el daño sufrido durante su carrera profesional, por haber asumido el cuidado de los hijos, lo cual las condenó a mayor temporalidad, menores salarios e interrupciones laborales, con un lógico perjuicio en su pensión.

Mientras llega la reforma, el Gobierno sigue pagando el complemento mensual a ese millón largo de beneficiarios (más del 86% son mujeres), pero los sindicatos UGT y CCOO, miembros de la Mesa de Diálogo Social en pensiones, quieren que la reforma se active cuanto antes, para resolver cualquier inquietud. Proponen estudiar medidas alternativas urgentes en el marco del diálogo social, al tiempo que lamentan la sentencia europea y observan anacronismos legales (por parte del Tribunal europeo) que "no responden adecuadamente a los retos actuales que plantea el mercado laboral y la realidad de la sociedad".

‘Aterrizar’ las nuevas jubilaciones anticipadas

Varias profesiones y colectivos se encuentran a la espera de saber si podrán o no (y cuándo) beneficiarse del nuevo desarrollo reglamentario de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Es decir, del nuevo esquema de jubilación anticipada en determinadas circunstancias: tareas penosas, peligrosas, insalubres, etc. Mediante criterios técnicos, se bajará la edad de jubilación, en función de la incidencia, persistencia y duración de bajas médicas, así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los casos de fallecimiento.

Es el caso de los bomberos y agentes forestales, para quienes el Gobierno dio luz verde a finales de 2025, aprobando la cotización adicional en el real decreto-ley ómnibus que fue anulado por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, cuando el Parlamento vuelva a votar el real decreto de la subida de pensiones (ahí se incluye el tema de los forestales), es de suponer que volverá a estar vigente su fórmula de jubilación anticipada. 

También aspiran a acogerse los transportistas; de hecho, a primeros de marzo de 2026, se manifestarán por la jubilación anticipada, apoyada por los sindicatos UGT y CCOO. Quieren acceder los conductores de transporte de mercancías, de viajeros por carretera y grúas autopropulsadas. 

Los sanitarios piden que se abra la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Los policías nacionales y guardias civiles reclaman tener acceso a los factores de corrección para el adelanto de jubilación, pese a que el Ministerio del Interior considera que "la profesión de riesgo, como tal, no existe en nuestro ordenamiento jurídico; lo que sí existe es que aquellas profesiones con mayor penosidad tienen complementos específicos, y la Policía Nacional y Guardia Civil ya lo tienen".

Las azafatas también reclaman jubilación anticipada (ya la tienen los pilotos), por someterse a los mismos riesgos sanitarios derivados del trabajo que los pilotos.

Otro colectivo pendiente de resolución es el de las cuidadoras, aquellas personas que compatibilizan sus trabajos con la labor de cuidador de grandes dependientes. La ministra Elma Saiz anunció en octubre de 2025 que analizará y evaluará la fijación de coeficientes reductores de jubilación a estas cuidadoras.

Asimismo, la Comisión Técnica del Ministerio de Seguridad Social ha emitido un informe favorable para que pacientes de espina bífida, párkinson, distrofia miotónica tipo 1, enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica puedan acceder a jubilación anticipada. Ahora bien, este visto bueno no implica aún poder acogerse al derecho.

'Caso Asjubi40': La penalización de pensión en largas carreras

Más de 900.000 jubilados anticipados de largas carreras, penalizados a perpetuidad por haberse retirado antes de la edad legal ordinaria, reclaman desde hace una década que se supriman los coeficientes reductores, cuando la persona tenga 40 o más años cotizados.

Es lo que exige la asociación Asjubi40, que batalla tanto en el ámbito nacional (con partidos políticos, Congreso, Pacto de Toledo, medios de comunicación, hasta con denuncias en los tribunales) como en el ámbito europeo (han presentado una demanda en el Parlamento Europeo).

El comité de esta asociación reclama al Gobierno español que resuelva su reivindicación: "La vía del Real Decreto es la solución que exigimos. Queremos que nuestra condena perpetua se resuelva de una vez por todas, por la vía rápida; que se ponga fin alrecorte de pensión que sufrimos quienes tuvimos que empezar a trabajar siendo casi niños, y fuimos obligados a jubilarnos para poder subsistir". 

A la espera de cambios en la jubilación flexible

La modalidad legal de la jubilación flexible, que el Gobierno pretendía llamar reversible, y que finalmente parece que continuará llevando el calificativo de flexible, sigue pendiente de la anunciada y prometida reforma por parte del Ministerio de Seguridad Social.

Sistema de cotización para autónomos desde 2026

El Ministerio de Seguridad Social, los agentes sociales y organizaciones de autónomos, miembros de la Mesa de Pensiones, tienen pendiente la culminación del sistema de cotización por ingresos reales, que tras una primera fase (2023-2025) se ha estancado en 2026, con un esquema de cuotas congeladas para este año, y los mismos tramos de rendimientos netos que regían en 2025.

Tampoco existen avances en la reforma del cese de actividad (el denominado paro de los autónomos), ni se ha avanzado en la posibilidad de establecer el subsidio de paro para mayores de 52 años, que iría dirigido a autónomos que hayan agotado sus prestaciones, con el fin de evitar situaciones de desprotección social en una franja de edad especialmente vulnerable.

Pasarela al RETA para abogados y procuradores mutualistas

Está en marcha un intento de instaurar una pasarela al RETA para abogados y procuradores mutualistas, que lo piden como solución para sus bajas pensiones, por no haber cotizado a la Seguridad Social, sino a mutualidades.

El Congreso de los Diputados trabaja en una proposición de ley, que reformaría la Ley de Seguridad Social para crear dicha pasarela al RETA. Los afectados piden que se culmine esta reforma legal cuanto antes y se ofrezca una solución a los miles de mutualistas que están alcanzando la edad de jubilación.

Altas laborales progresivas en algunas patologías

El modelo de alta gradual de reincorporación progresiva al trabajo es una de las reformas en mente del Ministerio de Seguridad Social para 2026. En principio, se baraja que, de aprobarse la medida, se aplicaría solo en bajas médicas de larga duración, es decir, que superen los 90 días.