Los sindicatos exigen a Saiz culminar los cambios en pensiones antes de negociar bajas médicas

El último gran acuerdo en pensiones, el cuarto entre el Gobierno y los agentes sociales (Real Decreto-ley 11/2024, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo), establece la flexibilización de la jubilación, regula las profesiones penosas y plantea involucrar mejor a las mutuas en tratamientos sanitarios. Año y medio después de publicarse en el BOE, sigue teniendo flecos pendientes, entre los que destaca aterrizar la jubilación anticipada por penosidad, es decir, aprobar ocupaciones y colectivos que tendrán coeficientes para rebajar la edad de jubilación.

También sigue sin aplicarse la jubilación parcial a funcionarios y personal laboral de las Administraciones Públicas, pese a que existía el compromiso para extenderla a este colectivo de trabajadores públicos. 

Los sindicatos UGT y CCOO han criticado en varias ocasiones el retraso del Gobierno en cumplir lo pactado en materia de jubilaciones anticipadas, así como la falta de acción del Ejecutivo para conceder el acceso de los funcionarios al retiro parcial. En este sentido, la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, reprocha al Ministerio "que está emperrado en llevar ciertos asuntos a la mesa del diálogo social, mientras que otros no se han cumplido, como la jubilación parcial del personal administrativo".

En los últimos días, el malestar sindical por la falta de avances es evidente, al punto de que UGT y CCOO advierten al Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, que no acordarán reformas en incapacidad transitoria, ni tampoco negociarán la propuesta del Ministerio, que pretende introducir la incorporación progresiva al trabajo tras el alta médica, si no se culminan los cambios acordados en pensiones.

Respecto a las bajas laborales, advierten en un comunicado conjunto que no se puede achacar "un supuesto creciente absentismo laboral" ni culpabilizar la salud de los trabajadores. Para UGT y CCOO, el incremento de procesos de incapacidad se debe a un cúmulo de factores: "el crecimiento de la actividad económica y el empleo, el envejecimiento de la población laboral" y otras causas, como las "listas de espera o falta de recursos en la sanidad pública".

UGT: "No acordaremos otras materias sin resolver lo pendiente" 

"Si no se abordan los temas que están pendientes, no vamos a avanzar en otros asuntos en los que está emperrado el Ministerio. Hay cuestiones que no podemos dejar pasar; desde UGT no vamos a permitir que se queden en el papel. Me refiero, por ejemplo, a la jubilación anticipada del personal laboral de las administraciones públicas", denuncia Cristina Estévez en 65YMÁS.

Recuerda que esa jubilación anticipada figura en el acuerdo del 31 de julio de 2024, y está teniendo serios problemas en su aplicación en la administración pública. "Es un tema que tienen que solventar la Secretaría de Estado de Seguridad Social con la de Función Pública. Para nosotros es tan fundamental, que ya hemos dicho que no vamos a acordar ninguna otra materia dentro de la mesa del diálogo social de pensiones y Seguridad Social mientras esto no quede resuelto", remacha Estévez.

Plus de brecha de género y mejoras para viudas

Otra reivindicación sindical es la reforma del complemento de brecha de género, pendiente después de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo. Hoy en día, pueden acceder tanto hombres como mujeres. En el caso de los dos progenitores, el que antes se jubile. "Y ahí están las cifras, que muestran cómo, habitualmente, quien tiene carreras más largas y se jubila antes son los varones. Por lo tanto, lo que se va a hacer es agrandar esa brecha de género", critica la dirigente de UGT Cristina Estévez.

Los sindicatos reclaman también mejoras en el acceso de la pensión de viudedad en las parejas de hecho, para beneficiar a aquellas que no estuviesen apuntadas en algún registro —en cada provincia funciona de una forma distinta— y dadas de alta como pareja de hecho, pero que tengan hijos en común y tengan así un libro de familia que lo acredite, "para que puedan tener ese acceso a una pensión de viudedad".

La jubilación parcial de empleados públicos, en conflicto

El pasado verano, delegados de UGT Servicios Públicos (UGT-SP) y del Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) se concentraron para exigir solución a los trabajadores que aún están a la espera de la jubilación parcial, entre otras medidas. Denunciaban que la jubilación parcial anticipada del personal laboral está bloqueada.

Meses después, septiembre de 2025, en una reunión con la ministra Elma Saiz, fueron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, quienes exigieron a la ministra "cumplir" con la jubilación parcial en la Administración Pública, un compromiso adquirido por el Gobierno con las organizaciones sindicales.

Según Pepe Álvarez, "por razones que el Gobierno tiene que arreglar, los trabajadores de las administraciones públicas no quedaron incluidos y, por tanto, esa es una cuestión que de manera inminente tenemos que solventar". A su vez, Unai Sordo indicó que quedan "elementos" por resolver sobre este tipo de jubilación en la Administración, debido a que la "parálisis" de muchas Administraciones a la hora de renovar sus plantillas está dificultando la jubilación anticipada en algunos colectivos, que están "bien enfadados".

La situación continúa estancada: hace un mes, CCOO subrayaba la prioridad de la "implantación de la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario", avisando de que resulta "indispensable" recuperar de manera "inmediata" la jubilación parcial de personal laboral, paralizada por la exigencia de un contrato indefinido de relevo, hecho que no ha tenido en cuenta la singularidad del sector público en el acceso al empleo público".

Retiro anticipado para conductores profesionales, forestales...

Los sindicatos UGT y CCOO exigen celeridad para aplicar los coeficientes reductores a conductores profesionales del transporte de mercancías por carretera, que les permita adelantar su retiro profesional por causa de penosidad y peligrosidad. Para presionar al Gobierno, han convocado a concentrarse en Madrid el 10 de marzo para acelerar la jubilación anticipada.

CCOO y UGT tienen constancia de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social está tramitando el procedimiento para aplicar coeficientes reductores en este sector, pero no tienen garantías de que el resultado vaya a ser favorable.

En el caso de los bomberos y agentes forestales, el Consejo de Ministros ya ha aprobado los coeficientes de retiro anticipado, pero su entrada en vigor definitiva está pendiente de la convalidación del recal decreto en el Parlamento (previsiblemente, en la semana del 23 de febrero de 2026).

Tal como expone Cristina Estévez, "lo más sangrante es el retraso en coeficientes reductores en la edad de jubilación. Se aprobó el Real Decreto el 27 de mayo de 2025, y la preceptiva Comisión de Evaluación, que iba a tutelar todo el procedimiento y recepcionar los informes de los distintos organismos y dar entrada a los expedientes, todavía no funciona, a pesar de la insistencia de todos los agentes sociales".

La dirigente de UGT critica que han pasado ya 4 meses, desde el 13 de octubre en que se constituyó esa comisión por orden ministerial, y siguen sin saber qué expedientes están llegando a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. "No puede ser que el Ministerio firme acuerdos, pero luego esos acuerdos no lleguen a la ciudadanía".

Las altas médicas progresivas "no son prioritarias", dicen los sindicatos

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quiere acordar un sistema que permita la reincorporación progresiva al empleo, en determinadas enfermedades y siempre tras recibir el alta médica. De hecho, lo había fijado como uno de los objetivos del Ministerio para 2025.

Sin embargo, en el arranque de 2026, las posiciones de la Mesa de Pensiones se mantienen enfrentadas. Para los sindicatos, este tema no es prioritario, y advierten que solo abordarán una reforma de las altas progresivas si existe previamente un informe médico que acredite que sea beneficioso para el paciente. "Si los médicos en este país dicen que en determinados casos eso es conveniente para el paciente, y son los médicos los que activan esta cuestión, podemos verlo", han declarado en varias ocasiones.

El 'melón' de la incapacidad laboral transitoria 

Un nuevo melón ha aparecido sobre la mesa de diálogo social: el de las bajas médicas por incapacidad laboral transitoria, cuyo coste se ha disparado para el Gobierno, y que los empresarios denuncian como gran problema, por el absentismo laboral que causa. Entre medias, un informe de la AIReF acaba de urgir al Ministerio de Elma Saiz a reforzar la supervisión y seguimiento de las bajas, en un contexto marcado por la evolución normativa más garantista, el aumento de la demanda sanitaria y las listas de espera.

Como resultado, el Gobierno ha puesto en marcha el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, integrado por el Ministerio de Seguridad Social, el de Sanidad, CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT.

La patronal denuncia que el absentismo es uno de los problemas "más importantes" del país, con cerca de 1,2 millones de personas que no han ido ningún día a trabajar.

Por su parte, CCOO y UGT recalcan que la infrafinanciación del sistema público está detrás del incremento del tiempo de las bajas médicas. Así, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, admite que la gestión de las mismas es compleja, pero reitera su propuesta de que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que se financian al 100% con cuotas sociales, deberían de integrarse en el sistema de Seguridad Social.

Para Cristina Estévez, el Ministerio se está centrando sobre todo en procesos de más de 365 días o de 180 días, cuando el gran incremento se ha producido en aquellos inferiores a 3 días. "No entendemos que el Ministerio esté incidiendo en propuestas como la reincorporación progresiva, que no resolvería este tipo de bajas por incapacidad temporal".

UGT reclama avances en la jubilación de deportistas

Con el nuevo año, el sindicato UGT sigue a la espera del texto, que en breve saldrá a audiencia pública, que recogerá las condiciones y procedimientos de regularización de cuotas a la Seguridad Social de los primeros deportistas.

Se trata de que beneficie no solo a los deportistas a las puertas de la jubilación, sino también y especialmente a aquellos que están en activo.

 

✊ Desde #UGT reclamamos que se aprueben sin más demoras medidas que garanticen una protección social real para las y los deportistas profesionales

🗣️ Cristina Estévez (@CrisEstevez_UGT), sec. ejecutiva de UGT, nos lo explica, junto a deportistas

✅ El deporte profesional es… pic.twitter.com/rYerem2WK6

— UGT (@UGT_Comunica) February 16, 2026

Hay que recordar que, desde hace dos años, UGT viene reclamando cambios legislativos urgentes para mejorar la protección social de las y los deportistas profesionales.

"En la actualidad, hay deportistas ya jubilados o a punto de jubilarse que necesitan soluciones inmediatas, y el resto del sector, los deportistas en activo, continúan con enormes dificultades para cotizar con normalidad a la Seguridad Social", pide Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

El mensaje que lanzan desde UGT es que "el deporte profesional debe reconocerse y regularse como cualquier otra actividad laboral, con derechos claros y una protección social garantizada".

Sin noticias de la nueva jubilación flexible

El Gobierno asegura que otro objetivo es que la jubilación se adapte a la voluntad de las personas, y en este sentido se enmarca la reforma de la jubilación flexible, la última modalidad que falta por reestructurar, después de haber modificado la jubilación parcial, activa y demorada.

Los sindicatos están pendientes de los planes del Gobierno para el retiro flexible, sin que les hayan concretado nada definitivo.

En la actualidad, el pensionista, una vez que cobra su paga de jubilación, si lo desea, puede volver a reengancharse al mercado de trabajo. Es una fórmula que apenas se utiliza, aunque está permitido cobrar parte de la pensión y desempeñar un trabajo a tiempo parcial de hasta el 50% de la jornada.