"La reforma de las pensiones de 2011 ya ha retrasado la jubilación unos ocho meses para los trabajadores afectados, con un coste en mortalidad, especialmente para los hombres afectados pero también para las mujeres en su conjunto, y su impacto pleno está aún por llegar". Esta es la conclusión del último estudio publicado por FEDEA, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Barcelona School of Economics (BSE), que ha evaluado por primera vez los efectos causales de la reforma de las pensiones de 2011 (Ley 27/2011) con datos administrativos de la Seguridad Social.

El informe, elaborado por el investigador Sergi Jiménez-Martín, revela que la norma, que elevó gradualmente la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y condicionó el retiro a los 65 a carreras largas de cotización desde 2013, ha logrado su objetivo principal de prolongar la vida laboral, pero advierte de importantes "costes ocultos" en la salud, especialmente en trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes y una mayor brecha de género. 

Fedea #UPF @bse_barcelona 🔴 Estudio de @sergijm64 evalúa con datos de la Seguridad Social, los efectos causales de la Ley 27/2011 sobre la edad de jubilación, las vías de salida del mercado laboral y la mortalidad prematura 👇https://t.co/tYUT5jaxhY
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— Fedea (@socialfedea) July 28, 2026

Ya se notan los efectos, pese a evaluarse la mitad de la reforma

Según el análisis, la reforma ha generado un desplazamiento significativo de las salidas del mercado laboral: "la probabilidad de jubilarse después de los 65 años aumenta en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación a los 65 cae en 10,3 puntos y la anticipada se reduce en 17,7 puntos". El estudio distingue entre trabajadores con carreras largas -que mantienen el acceso a la jubilación a los 65- y aquellos sin suficientes años cotizados, que afrontan una edad legal creciente. La comparación entre ambos grupos permite identificar el impacto directo de la reforma.

Aun así, según Fedea, los efectos estimados son ya muy importantes en diversos ámbitos.

–   Retraso de la jubilación. Los trabajadores afectados retrasan en promedio su jubilación efectiva en 8,1 meses respecto al grupo de control, y el retraso crece cohorte a cohorte a medida que avanza el calendario: cada mes adicional de edad legal se traduce, aproximadamente, en un retraso adicional de un mes en la jubilación efectiva para los que alcanzan los años requeridos que posibilitan la jubilación a los 65.

–   Cambio en las vías de salida. La respuesta dominante es el desplazamiento de la jubilación más allá de los 65 años: la probabilidad de jubilarse después de esa edad aumenta en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación exactamente a los 65 —el gran punto focal del sistema anterior— cae 10,3 puntos y la jubilación anticipada (antes de los 65) se reduce 17,7 puntos.

–   Una reforma que recae sobre todo en las mujeres. Al condicionar la jubilación a los 65 a carreras de cotización largas, la reforma penaliza a quienes tienen carreras más cortas e interrumpidas: las mujeres representan el 62% de los trabajadores afectados, frente a solo el 29% del grupo de control. En consecuencia, su retraso medio de la jubilación es mucho mayor (10,0 meses, frente a 3,1 en los hombres) y su desplazamiento hacia la jubilación después de los 65 también (+34,0 puntos, frente a +15,3).

–   Un coste en mortalidad concentrado en los hombres. La reforma eleva la mortalidad prematura (entre los 60 y los 67 años) de los trabajadores afectados. El efecto es estadísticamente significativo para los hombres (+1,6 puntos porcentuales) y de magnitud aproximadamente doble que el de las mujeres, lo que amplía el exceso de mortalidad masculina en unos 0,8 puntos (en torno al 15% de la brecha preexistente). El mecanismo apunta a la prolongación forzosa de la vida laboral en ocupaciones físicamente exigentes —construcción, industria, minería—, no a pérdidas de renta: el estudio muestra que la riqueza en pensiones de los afectados no se redujo de forma diferencial respecto al grupo de control.

Aumento de la edad legal de jubilación (en meses sobre 65) para los trabajadores sin carrera larga, por cohorte de nacimiento. En granate, las cohortes evaluadas en el estudio; en azul, las pendientes, expuestas a aumentos de hasta 24 meses. Fuente: Fedea

Los que se jubilen en 2027, en el foco

Tal como aclara el informe, el calendario de la reforma no culmina hasta 2027. "La cohorte de 1962, que cumplirá 65 años ese año, será la primera en afrontar las reglas plenamente desplegadas —edad legal de 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados— y todas las cohortes posteriores quedarán sujetas a ese mismo esquema de forma permanente", señala el estudio.

Como ilustra el gráfico, las cohortes de 1958 a 1962, aún pendientes de evaluación, afrontan retrasos de la edad legal de hasta 24 meses, frente a un máximo de 14 en las cohortes analizadas. Dado que el estudio documenta que la respuesta escala con la intensidad de la exposición, cabe anticipar que el impacto total de la reforma —tanto el retraso de la jubilación como sus costes en salud— será sustancialmente mayor cuando estas cohortes completen su vida laboral y alcancen los 67 años.

Sugieren buscar diseños más equitativos

Así, los resultados avalan la eficacia de la reforma en su objetivo principal —retrasar la jubilación efectiva— , pero el estudio insiste en los dos costes distributivos poco visibles en el debate público. Primero,  señalan que la exención por carrera larga, presentada como una protección, tiene en la práctica una incidencia de género regresiva: expone a la subida plena de la edad legal precisamente a quienes acumulan carreras más cortas, mayoritariamente mujeres, agravando la brecha de género en pensiones.

Segundo, obligar a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud que recae desproporcionadamente sobre los trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes.  El estudio de Fedea sugiere "explorar diseños alternativos —ajustes por densidad de cotización o vías específicas por ocupación— que eleven la edad efectiva de jubilación de forma más equitativa". El trabajo utiliza métodos econométricos recientes sobre una muestra de casi 180.000 jubilados de las cohortes 1943–1957, dentro de la línea de investigación de FEDEA sobre pensiones.