El reto demográfico al que se enfrenta España no es un "simple problema económico" sino una "trampa institucional", que debe ser afrontado con reformas urgentes. Esta es una del conclusiones del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional, elaborado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), que propone un nuevo "contrato intergeneracional", adelantar el voto a los 16 años o una jubilación gradual, entre otras medidas para garantizar la equidad entre generaciones.

Según el informe, el envejecimiento demográfico incrementa el gasto en pensiones, sanidad y dependencia, al tiempo que reduce el peso de la población en edad de trabajar, lo que limita el crecimiento de la renta per cápita y dificulta la financiación del Estado del bienestar. Según el autor, el progresivo envejecimiento del electorado genera un "sesgo político" que empuja a los partidos políticos a proteger el gasto presente frente a la inversión en el futuro y propone tres dimensiones de reforma para corregirlo, ya que sostiene que las actuales reglas políticas, fiscales y del Estado del bienestar fueron diseñadas para "una realidad demográfica que ha desaparecido". 

El fin del dividendo demográfico y las "tijeras" del gasto público

El informe diagnostica que la economía española ha perdido su "dividendo demográfico", aquel viento de cola que impulsó el crecimiento a finales del siglo XX. El estudio documenta que entre 1995 y 2024 el gasto asociado al envejecimiento aumentó 5,3 puntos del PIB, mientras la inversión pública caía del 4,4% al 2,7 %. El dividendo demográfico, que aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999, restó 0,19 puntos entre 2000 y 2019, y las proyecciones del INE apuntan a que seguirá siendo negativo en las próximas décadas.

"Este panorama se agrava por una demografía que cruzó un punto de inflexión en 2017, cuando por primera vez en la historia democrática de España, el número de votantes mayores de 64 años superó al de menores de 35 y y en 2074 los mayores de 64 representarán el 35% del electorado potencial frente al 20% de los menores de 35", señala el estudio. Al ser el "votante mediano" cada vez más mayor, el presupuesto del Estado ha sufrido un efecto de "tijeras del Estado del bienestar", concluye el autor. El trabajo propone corregir el sesgo institucional mediante tres reformas simultáneas.

Propone adelantar el voto a los 16 años

El trabajo propone corregir el sesgo institucional mediante tres reformas simultáneas. La primera es dar voz a las generaciones futuras en el proceso político: reduciendo la edad de voto a los 16 años, creando figuras institucionales de representación del largo plazo y exigiendo memorias de impacto intergeneracional en las normas con efectos sobre el futuro".

La segunda es "implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional: además de hacer efectiva la prohibición de déficit estructural del artículo 135 de la Constitución, se propone una regla de simetría por la que cada euro adicional de gasto orientado a los mayores exija un euro equivalente en partidas orientadas al futuro, sin posibilidad de financiarlo con deuda".

Y una jubilación gradual

La tercera es "adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad demográfica; entre otras medidas propone: reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva longevidad, una jubilación gradual que permita compatibilizar pensión y trabajo a jornada reducida, el desarrollo efectivo de la cobertura de dependencia como seguro colectivo, la adhesión automática a planes de pensiones de empleo complementarios (auto-enrolment).

Asimismo, propone priorizar los recursos públicos hacia políticas que impulsen el crecimiento económico y la productividad a largo plazo, como la educación, la I+D+i, las infraestructuras estratégicas o la lucha contra la pobreza infantil.