El déficit contributivo “ha escalado en marzo de 2021 hasta los 32.050 millones de euros en términos anuales, un 2’88% del PIB, con un aumento de casi 11.000 millones de marzo de 2020”. Con estas cifras, el déficit por pensionista se sitúa ya en 3.610 euros, y el déficit por cotizante en 1.704 euros, valores que son más de un 50% superiores a los de un año antes y suponen un crecimiento superior al 1.100% con respecto a marzo de 2012.
Es la principal conclusión del último informe ‘El Pensiómetro’ del Instituto Santalucía, tras analizar los indicadores contables de ingresos, gastos y saldo en la parte contributiva. Los expertos consideran que se trata del “pico más alto del actual ciclo y que, en los próximos trimestres los datos de déficit tenderán a mejorar al ir desapareciendo los meses malos de la pandemia, aunque sin reformas estructurales mucho deberéra crecer la Economía para que el déficit contributivo baje del 2% del PIB”.
El informe de este órgano de reflexión y debate del Grupo Santalucía pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema público de pensiones si no se toman medidas para que la cotización media crezca igual o más que la pensión media, a través de mayor productividad y salarios, con el fin de “poder compensar la probable disminución a largo plazo del número de afiliados por pensionista por motivos demográficos”. El histórico de datos muestra una clara tendencia al aumento del importe de la pensión media por euro medio cotizado, en concreto, un crecimiento de 9,8%, desde 2012, independientemente del ciclo económico.
Por otro lado, y en relación a las medidas del plan de recuperación, transformación y resiliencia español en materia de pensiones, el Foro de Expertos del Instituto Santalucía considera que no se está teniendo en cuenta “ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni en las reformas del Gobierno, que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema están entrando con un déficit actuarial, ya que ningún trabajador, por muy larga que sea su carrera de cotización, aporta lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los tipos existentes de cotización y los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación”.
Estos expertos proponen una reforma estructural del sistema que garantizaría que las pensiones iniciales no entren con un déficit al sistema. Y para ello, plantean “implementar la adopción de un sistema de reparto basado en cuentas nocionales individuales de contribución definida, que mantenga un sistema de complementos a mínimos similar al actual”.
Los indicadores contables de ingresos, gastos y saldo “han seguido recogiendo los efectos de la crisis de la Covid-19, pero con alguna luz al final del túnel en cuanto a los ingresos”, según se apunta en el informe, ya que los ingresos por cotizaciones han mostrado tasas positivas de crecimiento respecto a los del año anterior (0,5%), tras un año con tasas negativas. Además, en cuanto a los gastos en pensiones contributivas se registra un dato “atípico” que es un incremento negativo de -2,8% “porque en marzo de 2020 se pagaron atrasos de la subida de pensiones de 2020”. Los expertos señalan que “en el próximo trimestre, este efecto calendario habrá desaparecido y esperemos que también el exceso de mortalidad provocado por la Covid-19, con lo que volveremos a tasas de incremento normales, alrededor del 4%”.
Además, la gran caída que ha experimentado el PIB anual entre marzo de 2020 y marzo de 2021 (-10%), hace que las ratios de ingresos y gastos contributivos sobre el PIB estén algo sobredimensionadas. Aun así, los autores del documento indican que “los ingresos contributivos sobre el PIB se han situado en el 10,9% frente al 10,2% de un año antes, mientras que los gastos lo han hecho al 13,8% desde el 12%”.
En cuanto a la brecha de género, los indicadores recogen una tendencia a largo plazo a su disminución. A nivel agregado, la pensión media de jubilación de mujeres se sitúa en un 66,7% de la de hombres (59,8% hace 9 años). Los expertos destacan que “esta caída habrá que seguirla en los próximos meses” ya que marzo de 2021 es el primer mes en el que ha estado en vigor el nuevo complemento para la reducción de la brecha de género y el indicador marginal ha bajado del 82,9% en febrero al 79,7% en marzo.
El último informe de El Pensiómetro, en el que se han actualizado 15 de los 20 indicadores del sistema público de pensiones, destaca también que la edad efectiva de jubilación no se ha visto alterada apenas en el último año, pese a haber aumentado en 2 meses la edad legal de jubilación hasta los 66 años en 2021.
Este reciente informe de El Pensiómetro, también, incluye un estudio de actualidad, en este caso se recogen unas reflexiones sobre el nuevo sistema de cotización que se está preparando para los trabajadores autónomos. Este nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo hasta un máximo de nueve años y con revisiones periódicas cada tres años.
El estudio pone de manifiesto las modificaciones positivas del nuevo sistema, como es la consideración de los rendimientos fiscales como base de cotización, y analiza los elementos negativos: la quiebra del estatus existente hasta ahora en cuanto a la unificación del tipo de cotización por regímenes (RETA y RG). Esta modificación, asegura el grupo de trabajo, dará lugar a inequidades sin lugar a duda, rompiendo el principio de contributividad, ya que en España el cálculo de la pensión de jubilación no depende del tipo de cotización, sino de las bases de cotización. Es decir, que individuos con idénticas carreras laborales que coticen distintamente por el RG y por el RETA pagarán cuotas diferentes, pero recibirán la misma pensión, lo cual supone un trato privilegiado, en este caso para el RETA.
Los investigadores concluyen que la solución más sencilla sería utilizar los rendimientos ficales como base de cotización y seguir aplicando un tipo de cotización único para todos los autónomos.
El informe, que compara los indicadores del sistema de pensiones del primer trimestre del año 2021 frente al mismo periodo de 2020, ha sido elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, integrado por los profesores de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez y Borja Encimas; de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García; y de la Universidad de Valencia, Mar Devesa, Robert Meneu y Enrique Devesa.
