El número de trabajadores que decide posponer el retiro laboral de forma voluntaria experimentará un notable repunte en las próximas décadas, pasando del 10% de jubilaciones demoradas registradas en la actualidad al entorno del 30% de las nuevas altas.

Así lo vaticina un análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea @socialfedea) y firmado por su director, Ángel de la Fuente, que pone sobre la mesa que este cambio de tendencia estará motivado de manera determinante por el aumento continuado de la esperanza de vida, desplazando a un segundo plano el efecto de los incentivos y bonificaciones aprobados por el Gobierno.

El documento, Modelos contables de proyección del gasto en pensiones: Estructura, limitaciones y propuestas para seguir avanzando, subraya que, en la actualidad, entre 10 y 11 de cada 100 nuevos pensionistas (el 11,6% con registros de agosto) optan por demorar su salida del mercado de trabajo. Según las proyecciones del think tank, la perspectiva de una etapa de retiro sensiblemente más prolongada exige acumular un patrimonio superior para mantener el nivel de vida, lo que induce a extender la etapa activa y amplifica el rendimiento derivado de la prima por demora.

Por este motivo, desde Fedea sostienen que el volumen de jubilaciones demoradas habría alcanzado de todos modos la cota del 30% aunque no se hubieran modificado las reglas de bonificación. Las mejoras económicas introducidas en la reforma de 2021 —como la prima del 4% anual o el pago único— supusieron un ajuste incremental sobre los incentivos previos (que ya oscilaban entre el 2% y el 4%), por lo que su impacto directo se califica de "reducido".

En paralelo, el estudio de Fedea pone de relieve profundas discrepancias entre la simulación propia y las herramientas de cálculo empleadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INTegraSS), el Ministerio de Economía (PeGaSo) y la AIReF.

Mientras las proyecciones públicas auguran un incremento contenido del gasto, Fedea calcula un repunte del gasto en pensiones de 5 puntos del PIB para 2050 (frente a los 2,5 o 3 puntos previstos institucionalmente), lo que abocaría al sistema a un empeoramiento del déficit básico de unos 4 puntos de PIB.

Fedea alerta contra la subida de pensiones según el IPC

En este informe, Fedea advierte asimismo de que ligar la actualización de las prestaciones al IPC produce un doble perjuicio sobre el equilibrio financiero público. Además del repunte inmediato en las obligaciones de pago, la indexación plena reduce el incentivo al ahorro privado de los hogares y estimula decisiones de jubilación anticipada en determinados segmentos laborales. Esta combinación de factores desacelera la actividad del PIB y encarece la cuota del sistema sobre la riqueza del país.

Reprocha también que las previsiones gubernamentales descansen sobre "identidades contables" que califican como incapaces de anticipar cómo reaccionan las familias ante variaciones legislativas.

El think tank expone que, para estimar el impacto de las últimas reformas, los organismos públicos han recurrido a modificaciones manuales ("ajustes ad hoc") sustentados en la intuición técnica, pero sin una justificación detallada. Para subsanarlo, propone absoluta transparencia y detalle de cada hipótesis de cálculo y apostar definitivamente por modelos con comportamiento que capten la conducta real de los ciudadanos en términos de oferta de trabajo y ahorro.