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El acuerdo del Pacto de Toledo no resuelve la sostenibilidad de las pensiones, según los expertos
Una de las situaciones que más preocupan a los pensionistas actuales y futuros de nuestro país es el déficit de la Seguridad Social. Un desequilibrio financiero que en multitud de ocasiones se utiliza como argumento para sembrar incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público de protección social.
En esta línea, una de las recomendaciones recién aprobadas por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo insiste en la necesidad de consolidar la separación de fuentes de financiación para restablecer el equilibrio financiero del sistema.
Tal y como explica la Seguridad Social, esta recomendación se traduce en que las cotizaciones sociales con las que se financia el sistema se destinen exclusivamente a costear las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, es decir, las que están vinculadas a cubrir las contingencias que en determinados momentos puedan impedir trabajar a una persona, a excepción del desempleo.
En la actualidad, y desde el mismo origen de la Seguridad Social, el sistema de pensiones español ha asumido gastos comúnmente denominados impropios, puesto que no tienen que ver con ese carácter contributivo. Entre esos gastos se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que servirían para superar el déficit financiero del sistema.
Opinión de la AIReF
Esta visión la comparte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que considera "factible cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones. El déficit estructural identificado en el corto plazo supone un riesgo limitado para la sostenibilidad de la Seguridad Social, ya que debe verse en el contexto del conjunto de las Administraciones Públicas”, según publicó en su Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social, publicada en enero de 2019.
La AIReF destaca que “una anomalía de nuestro sistema de cotizaciones sociales es el sesgo a favor de las cotizaciones por desempleo. De los casi 36 puntos de cotización, casi 8 puntos se destinan a las prestaciones de desempleo. Ello implica que la parte contributiva de las prestaciones pagadas por el SEPE esté siempre en superávit, incluso en los momentos de la crisis con mayor nivel de paro".
La Autoridad Fiscal añade que “en términos internacionales, la cotización por desempleo es comparativamente alta en España y se ha mantenido estable con independencia de la evolución de la economía. Frente a un promedio del 3,8% en países de nuestro entorno, la cotización por desempleo en España se situaría en el 7,05% para contratos indefinidos y en el 8,30% para temporales”.
Las previsiones de la AIReF, que coinciden con las que presentó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado mes de septiembre ante la Comisión del Pacto de Toledo, señalan que estos gastos impropios ascenderían a 22.871 millones en 2023, mientras que el déficit estimado para ese año sería de 20.185 millones.
La AIReF concluye que si el Estado asumiera esos gastos impropios “mitigaría las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y permitiría centrar la atención en los retos de largo plazo”.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que acaba de aprobar el Gobierno para su tramitación parlamentaria prevé ya pasos en esta dirección y el Ministerio de Hacienda ha previsto una transferencia de unos 12.000 millones de euros para cubrir parte de estos gastos.
Una tesis que se ve reforzada si atendemos a la aportación del Estado a la financiación de las pensiones. De acuerdo al informe The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070), publicado por la Comisión Europea, y si nos fijamos en los datos relativos a 2016, la aportación del Estado para pagar pensiones cubre el 14% del gasto en pensiones frente al 26,6% de Francia o el 37,2% de Alemania, por ejemplo.
De esta forma, en el sistema de pensiones español se juntan dos cuestiones: una gran cantidad de gastos sufragados por los ingresos por cotizaciones sociales y una menor aportación estatal, de ahí que hasta ahora se haya visibilizado un déficit mayor al de otros países, situación que se empezará a revertirse una vez aprobados los presupuestos de 2021.
