Los planes del Gobierno para las pensiones: cambios en la edad de jubilación y vinculación al IPC

Pensiones: Lo que los partidos se callan del Pacto de Toledo

Jubilación anticipada: El 5,4% de jubilados tiene menos de 65 años y cobra el doble

 La exministra Magdalena Valerio, nueva presidenta del Pacto de Toledo

 El Pacto de Toledo arranca con el reto de sanear cuentas y decidir cómo subirán las pensiones

Pensiones: ¿Qué medidas de las que discute el Pacto de Toledo considerarías inadmisible?https://t.co/62YBQAXWJp

— 65ymas (@65ymuchomas) June 25, 2020

El Pacto de Toledo, que preside la exministra socialista Magdalena Valerio (@mvalerio_gu), ha retomado este lunes sus trabajos, y lo ha hecho encallado en los mismos puntos que lleva más de tres años estancado, pero ahora con la urgencia de llegar a un acuerdo antes de fin de año, ya que la crisis del coronavirus ha empeorado la muy delicada situación financiera de la Seguridad Social (el déficit supera el 1,3% del PIB), y Europa vigila las cuentas españolas, toda vez que la reforma de las pensiones es una de las exigencias históricas de Bruselas a nuestro país.

Volver a ligar las pensiones al IPC real, retocar la edad de jubilación y atajar el déficit son tres de los puntos más candentes de la reforma que planea  el Gobierno de Pedro Sánchez, y así lo ha dejado ver el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (@joseluisescriva) en los últimos días. De hecho, este mismo fin de semana ha avanzado por dónde irá la reforma, al pronunciarse sobre dos medidas muy controvertidas, que afectan a la edad de jubilación y a las jubilaciones anticipadas, ya que se propone elevar los incentivos a quienes voluntariamente retrasen el momento del retiro (para que la edad real de jubilación se aproxime a los 65-67 oficiales en 2027).

Escrivá también ha avanzado que planea endurecer el retiro anticipado, aumentando los coeficientes reductores según el nivel de renta, para de este modo disuadir a los trabajadores que ganan sueldos más altos. En la actualidad, de los 6.073.499 jubilados contributivos contabilizados en España en el mes de mayo, existen un total de 331.371 beneficiarios que tienen menos de 65 años, y cuya pensión media asciende a 2.113,4 euros mensuales; un importe muy superior a los 1.160 euros que cobra un jubilado tipo en nuestro país, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (@inclusiongob).

Otra medida polémica que se baraja, tanto en el Pacto de Toledo como en el Gobierno, es la eventual discusión sobre la extensión del cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, aunque los economistas y expertos en pensiones afirman que más pronto que tarde, habrá que computar toda la vida laboral para hallar el importe de la pensión.

Compatibilizar pensión y trabajo

Aumentar y publicitar la compatibilización de pensión y trabajo es otra intención clara de Escrivá, para lo cual se reordenarían los incentivos existentes y se realizarían campañas para darlos a conocer. Por ejemplo, la jubilación activa. El ministro está convencido de que habrá reforma de las pensiones en esta legislatura, y que el punto de partida para ese acuerdo será el borrador del Pacto de Toledo que estuvo muy cerca de firmarse hace algo más de un año.

Con todo, la gran baza del ministro Escrivá para acabar con el déficit del sistema, la que más repite, consiste en reajustar la estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social para que refleje el componente contributivo y se vea que, con el nivel actual de cotizaciones sociales y el gasto en pensiones, la Seguridad Social tiene una situación financiera adecuada.

Muy polémico sería el sacar del sistema todo lo que no sean pensiones contributivas, ya que el Estado tendría que hacerse cargo de ellas y también por las susceptibilidades de los colectivos de pensionistas. Sin embargo, como señalaba recientemente a 65Ymás el profesor de Economía de Comillas-Icade (@UCOMILLAS), Emilio J. González, "la  Seguridad Social es un sistema contributivo y esas pensiones nunca deberían haber pasado a formar parte de él. La política social tiene que hacerse con cargo al Estado, no a la Seguridad Social"

Dónde quedaron las negociaciones del Pacto en febrero

Antes de que toda España se detuviera por la pandemia, los portavoces de los partidos dejaron entrever a finales del pasado mes de febrero que había tres recomendaciones con amplio respaldo de las formaciones: la revalorización de las pensiones en función del IPC, la suficiencia de las pensiones y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, tal y como entonces revelaron a la prensa María Muñoz (@mariadelamiel), portavoz de Ciudadanos, o Jordi Salvador (@jsalvadorduch), portavoz de ERC. 

¿Qué significa separar fuentes de financiación? Entre otras medidas, modificar la estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social para sacar de ella los gastos impropios, que no deberían costearse con cotizaciones, según viene repitiendo el ministro Escrivá desde hace tiempo, cuando era presidente de la AIREF (@AIReF_es). Tal y como aseguraba el economista José Antonio Herce (@_Herce) en febrero a 65Ymás, "si el ministro consiguiera de este modo recortar el déficit en 7.000-8.000 millones de euros, se anotaría un tanto muy importante, pero ese trasvase de gasto no sanearía el sistema, simplemente traspasaría el problema a los Presupuestos del Estado".

Otro de los temas delicados sobre la mesa del Pacto de Toledo es la reforma (o no) de las pensiones de viudedad, la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas tras las de jubilación. 

El preacuerdo que Podemos se negó a firmar

En febrero de 2019, el Pacto de Toledo se rompió de manera súbita, dejando en el aire el preacuerdo que todos los grupos tenían casi ultimado, por la negativa de Podemos (@PODEMOS) a firmarlo y su intención de introducir votos particulares a las recomendaciones. La cercanía de las elecciones generales echó por tierra tres años de trabajo.

Estos eran los puntos principales del preacuerdo, que este mismo fin de semana el ministro Escrivá ha señalado como el punto de partida idóneo para arrancar las nuevas conversaciones:

1) Poder adquisitivo de las pensiones: actualizarlas de acuerdo al IPC real.

2) Atajar el déficit de la Seguridad Social: reordenar los ingresos y gastos para terminar con el déficit y con la política de préstamos del Estado, que ahora mismo es vital para poder pagar las pensiones. Posibilidad de que sea el Estado el que financie los déficit de los regímenes especiales.

3) Edad de jubilación: En 2020, la edad oficial de retiro son los 65 años y 10 meses para quienes tengan menos de 37 años cotizados, y los 65 años para quienes tengan al menos 37 años de contribuciones. Pero la realidad es que la edad efectiva de jubilación no llega a los 63 años. Así las cosas, sobre los negociadores del Pacto de Toledo planea un posible endurecimiento de la jubilación anticipada.

4) Vida laboral: valorar la ampliación de los años de cómputo más allá de 25 años (previstos para 2022), para calcular la cuantía de la pensión a cobrar, pudiendo llegar a la totalidad de los años cotizados. 

5) Pensiones mínimas y no contributivas: Incremento de su importe hasta un umbral mínimo, pero de forma equilibrada, para no desincentivar la cotización.

6) Viudedad: Valorar la posibilidad de establecer una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar. Se subirían las que reciben los mayores de 65 años para quienes son su principal fuente de ingresos. Propuesta de que las mejoras en la base reguladora se financien mediante transferencias del Estado.

7) Tasa de sustitución: Las pensiones deben ser suficientes, pero ¿qué se entiende por una pensión suficiente? Se debate la eventualidad de concretar un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.

8) Fondo de Reserva: Situar su dotación mínima en el 7% del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.