La Comisión Europea tiene en marcha una reforma de las pensiones complementarias en la UE, para potenciar los planes de pensiones de empresa y los individuales, dentro de sus políticas para afrontar los cambios demográficos y la jubilación del baby boom. Los cambios afectan a las Directivas (UE) 2016/2341 y 2016/97, de refuerzo de planes de pensiones de empleo, así como al Reglamento (UE) 2019/1238, sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), coloquialmente conocido como plan de pensiones paneuropeo.

Una de las posibles medidas sobre la mesa es que los países puedan incluir en sus sistemas nacionales la afiliación automática a planes de empleo, de forma que los trabajadores se adhieran de forma inmediata al plan de pensiones complementario, abriendo la posibilidad a todos los sistemas: pilar 2 (planes de empresa) y pilar 3 (planes individuales).

Ante esta reforma inminente, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado recientemente un dictamen, que la secretaria de Políticas Europeas de UGT, María del Carmen Barrera, ha presentado este lunes a miembros del Gobierno de Irlanda, ya que este país asumirá la próxima presidencia del Consejo de la UE.

Durante el encuentro han analizado las posibles acciones que la futura presidencia irlandesa podrá impulsar para presentar las conclusiones del dictamen ante el Consejo de la UE, además de su implementación, para "garantizar y reforzar la adecuación y suficiencia de las pensiones" en toda la Unión Europea.

La reunión ha servido además para abordar los principales retos a los que se enfrenta la UE en materia de protección social y sostenibilidad de las pensiones, según indica el sindicato.

Barrera: "Pensiones dignas y adecuadas para todo ciudadano de la UE"

La secretaria de Políticas Europeas de UGT, María del Carmen Barrera, ha defendido que cualquier reforma "debe garantizar una jubilación digna, segura y con ingresos adecuados para toda la ciudadanía europea". En este sentido, ha destacado la necesidad de reforzar los sistemas públicos de pensiones y el mercado laboral, acompañándolo de medidas que mejoren el funcionamiento de los sistemas complementarios.

Asimismo, ha subrayado que las pensiones complementarias "no pueden utilizarse para debilitar los sistemas públicos", que continúan siendo el principal pilar de cohesión social y estabilidad económica en la UE. Y ha subrayado la necesidad de respetar las competencias nacionales y los modelos de pensiones de cada Estado miembro, evitando cargas administrativas y costes excesivos para los sistemas de previsión social.

La adhesión automática a planes de empresa, en la diana

Barrera ha hecho hincapié en el diálogo social y la negociación colectiva como elementos "imprescindibles para garantizar la legitimidad y eficacia de las reformas", señalando que cualquier iniciativa relacionada con la adhesión automática a sistemas complementarios debe surgir del acuerdo entre los interlocutores sociales.

En relación con los productos paneuropeos de pensiones individuales (PEPP), ha defendido que deben mantenerse como productos individuales y no adquirirse colectivamente en el ámbito laboral. Además, ha advertido de que las directivas o reglamentos europeos, "por sí solos, no garantizan sistemas complementarios sólidos y eficaces", por lo que ha defendido mecanismos europeos de coordinación y seguimiento con participación de los interlocutores sociales.

Veredicto del CESE sobre la reforma que planea Bruselas

Además de las cuestiones ya citadas, el CESE establece en su informe, aprobado a principios de abril, los parámetros para la futura reforma de pensiones complementarias:

- Reducir la brecha de género. La nueva Directiva europea debería obligar a los Estados miembros a adoptar medidas concretas, pactadas con los agentes sociales, para reducir esta desigualdad, ante la alarmante brecha de género en las pensiones privadas, que alcanza hasta el 40%.

- Simplificar la opción de sacar dinero del plan. Se debería emplazar a los Estados miembros a evaluar las prácticas de desacumulación y su impacto sobre los consumidores, eventualmente simplificando estas opciones, y evaluar los periodos de infrafinanciación de un fondo de pensiones, distinguiendo entre factores coyunturales y estructurales, impidiendo un impacto negativo futuro sobre las pensiones de los miembros actuales.

- Mayor seguridad de las inversiones, mediante una reformulación del "principio de prudencia" que proteja las cotizaciones de los trabajadores ante posibles crisis.

- Protección al ahorrador. Normas más estrictas de transparencia, márgenes de solvencia regulados y un asesoramiento obligatorio antes de que un ciudadano contrate un PEPP, evitando que asuman riesgos financieros desproporcionados.

- Políticas sociales. El despliegue de planes privados de pensiones debe ir acompañado de políticas sociales para evitar la segregación.

- Digitalización de la Seguridad Social europea, para que los trabajadores no pierdan derechos de pensión al desplazarse por Europa.

- Comité de Seguimiento: Instaurar un comité europeo (con Estados, industria, sindicatos y sociedad civil) para vigilar que estas medidas no aumenten la desigualdad y la pobreza entre los futuros jubilados.