Lo exhumado y lo que queda por exhumar

El pasado 24 de octubre se produjo la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Fue una noticia largamente esperada, recibida con alegría por el movimiento social por la recuperación de la memoria y de víctimas del franquismo, y por buena parte de la sociedad española.

Cada día que Franco ha pasado en Cuelgamuros ha supuesto un insulto a la democracia y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador ha sido un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de sus víctimas. Además, ha supuesto cumplir con un requerimiento de diversos organismos internacionales de derechos humanos, que así lo habían solicitado a España.

Ciertamente la exhumación ha tenido aspectos discutibles, tanto porque hayan tenido que pasar 44 años desde la muerte física del dictador para que se culmine, como por haber convertido el acto de exhumación e inhumación posterior un producto televisivo obsceno: una retransmisión televisiva en directo de más de cinco horas, que ha contenido imágenes de explícita exaltación del franquismo con la consiguiente humillación a sus víctimas. Creemos que debería haberse llevado a cabo de manera privada, rápida, discreta, y más expeditiva.

Supone también un éxito innegable para el movimiento social por la Memoria. Hace un año constituimos la Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc... Se han celebrado varios actos públicos, concentraciones y manifestaciones, hemos enviado cartas a responsables políticos y al arzobispado de Madrid, exigiendo tanto la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, como que fueran trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación de su figura, ni de la dictadura que encabezó.

Asimismo, desde hace trece años, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid junto a otros colectivos sociales de la Sierra de Guadarrama, ha venido convocando una concentración en torno al 20 de Noviembre frente a la entrada de Cuelgamuros. Una de las exigencias, la primera pero no la única, era la salida de los restos del dictador.

La denuncia y la labor de difusión durante años de sus reivindicaciones por parte del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, han terminado convenciendo y consiguiendo el apoyo de buena parte de la opinión pública, lo que explica porqué Pedro Sánchez ha hecho lo que ni siquiera se plantearon gobiernos anteriores.

Si bien la importancia real de la exhumación de Franco es relativa, tiene una evidente carga simbólica. Además, ha constituido una prueba de fuego de la calidad de la democracia española: si la labor obstruccionista de la familia Franco y sus abogados, de la Fundación que lleva su nombre, de algunos jueces y los benedictinos del Valle, hubiera tenido éxito, habría significado una gran derrota democrática. Durante este año y medio los opositores a la exhumación han confrontado con los tres poderes del Estado: primero con el Legislativo, que había aprobado una Proposición No de Ley que instó a sacar al dictador del Valle en mayo de 2017 y convalidó un real decreto-ley en septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra; después con el Ejecutivo, que lo marcó como prioridad en junio de 2018 sin esperar las trabas de todo tipo que encontraría en un proceso escrupulosamente garantista; y por último con el Judicial, que el pasado 30 de septiembre desestimaba con una votación unánime en el Tribunal Supremo el último recurso de los Franco y daba luz verde a la exhumación.

La salida de Franco de Cuelgamuros ha supuesto, de cualquier modo, sólo un peldaño en la ya larga lucha contra las pervivencias del franquismo en nuestra sociedad, y contra la impunidad de sus crímenes. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros que pase por su desacralización; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional-católica; y finalmente, por una resignificación integral del Valle, en línea con otros lugares de memoria destinados a servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de las agresiones a los derechos humanos, tales como la ESMA de Buenos Aires, Casa Grimaldi en Chile, o el Memorial de Auschwitz.

En los próximos meses tendremos que valorar , en relación con los resultados electorales y la composición del próximo Gobierno, qué efecto tienen sobre el futuro del Valle, tanto la salida de los restos de Franco como la indignación de una parte sustancial de la opinión pública tras un año de continuas trabas dirigidas a entorpecer el proceso. 

La actuación provocadora de los Franco y de sus abogados, ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político que conserva la familia el dictador. Creemos que, después de los 44 años transcurridos, es indispensable naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador) como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia. Estamos viendo recientemente a  la Justicia de Chile, exigiendo a la familia Pinochet la devolución de fincas irregularmente apropiadas y las cuentas bancarias en el extranjero.

La labor obstruccionista que ha tenido posibilidad de ejercer el prior de los benedictinos del valle, demuestra también la necesidad modificar urgentemente el estatus legal del Valle. Algo similar puede decirse sobre la pervivencia de la Fundación que lleva el nombre del dictador, algo inconcebible en los países democráticos de nuestro entorno que derrotaron a los fascismos en 1945.

Queda aún mucho por hacer: como muestra, el cadáver de Franco descansa hoy en un panteón pagado con dinero público. Y su familia es una privilegiada porque sigue teniendo un lugar al que llevar unas flores, que es un derecho del que no pueden disfrutar los familiares de miles de víctimas de su dictadura.

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Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria