La gran deuda pendiente de la Dependencia

 

El sistema de atención a la dependencia vive desde su origen en un estado de infrafinanciación crónica que vulnera tanto el espíritu como la letra de la Ley 39/2006. Cuando los titulares del Gobierno aseguran que su aportación cumple la ley y que no existe obligación de aportar el 50%, están tergiversando el mandato legal básico: la corresponsabilidad financiera.

Argumentos legislativos:

• El artículo 32.3 de la Ley 39/2006 establece taxativamente que “la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado”. Esto significa que el Estado no puede aportar menos que las Comunidades Autónomas en la financiación del sistema de dependencia.


• El artículo 9.2 recoge la obligación presupuestaria estatal anual, al señalar que “la financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado”.


• La Ley consagra el principio de corresponsabilidad financiera, exigiendo una financiación “estable, suficiente, sostenida y garantizada” mediante la cooperación entre administraciones.

Los tres niveles de protección, explícitamente recogidos en la Ley.

La Ley 39/2006 en su artículo 7 y en la Exposición de Motivos establece tres niveles de protección claramente diferenciados:

1. Nivel mínimo de protección: definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado, que cubre el derecho básico para todas las personas reconocidas como dependientes.


2. Nivel de protección acordado: implantado mediante convenios de colaboración y cofinanciación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, permitiendo el desarrollo de servicios y prestaciones adicionales.


3. Nivel de protección adicional: aportaciones y servicios extraordinarios que pueden asumir de manera voluntaria las Comunidades Autónomas con financiación exclusivamente autonómica.

Esta estructura de niveles está formulada de manera explícita y exhaustiva en la propia ley, y determina de forma precisa la obligación de corresponsabilidad financiera y la distribución de competencias.

Pero ¿qué dicen los datos? Lejos de esa corresponsabilidad, la realidad de la ejecución presupuestaria es tozuda. El Estado nunca ha llegado al 50% de aportación. A continuación, la tabla oficial de los últimos años:

 

Ejercicio	Gasto total (M€)	Aportación CCAA (M€)	% CCAA	Aportación Estado (M€)	% Estado
2024	12.902	9.424	73,04	3.478	26,96
2023	11.522	8.230	71,43	3.292	28,57
2020	8.907	7.523	84,46	1.384	15,54

Fuente: IMSERSO

 

En 2024, el Gobierno central aportó solo el 26,96% del gasto total, frente al 73,04% de las comunidades autónomas.

En 2023, la financiación total fue de 11.522 millones de euros. Ese año, el Estado alcanzó su mayor porcentaje de aportación histórica reciente (28,57% del total), pero está lejos de equiparar su responsabilidad.

En 2020, la aportación estatal cayó a un mínimo histórico del 15,54%.

¿Conclusión? El modelo está quebrado y la ley incumplida. Es urgente que el Gobierno de España asuma de una vez su corresponsabilidad presupuestaria y equipare su aportación a la de las comunidades autónomas. No es solo una cuestión de justicia política, sino de legalidad y dignidad para millones de nuestros mayores y dependientes.

La dependencia merece un compromiso real, no excusas presupuestarias.

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