Pensionistas, mutualistas y otras gentes del buen vivir

Formar parte del colectivo de pensionistas en este país está cada vez peor visto. Cada mes se nos recuerda el “gasto” que supone al erario atender las pensiones. La “clase pasiva” que engulle, según dicen, la mayor parte de los ingresos y alguna vez también los “préstamos” que hay que transferir al sistema para atenderlas.

Crear sentimiento de culpa, sugerir que peligra el sistema y hacer recaer sobre ellos la razón del desajuste se ha convertido en algo recurrente. No hay más análisis ni tampoco explicación, es lo fácil. Pero vayamos por partes. Cuando la generación boomer accedió al mercado de trabajo, cuando tocó remar, cotizar y pagar a la anterior que había vivido al socaire de la “libertad fiscal” todo estaba bien. Hubo que apechugar con compatriotas que o bien no habían colaborado o bien aprovechaban los dos últimos años en activo para pagar y conseguir las pensiones más altas. Nadie protestaba. Cuando se iniciaron las prejubilaciones en los entes públicos o grandes empresas tampoco y así trabajadores de 50 años accedían al sistema de pensiones y se mantenía “la paz social”. Cuando la “caja común” tuvo que hacerse cargo de trabajadores que residían en comunidades autónomas (vascongadas) siempre deficitarias, tampoco. El problema llegó cuando el mercado de trabajo cambió y esta generación inició su propia jubilación. La famosa pirámide empezó a truncarse y empezaba a mostrar que iban siendo más los pasivos que los activos. La correlación flaqueaba y como en cualquier empresa, cuando los gastos son mayores que los ingresos, la forma de corregirlo no es reduciendo gastos, sino ampliando ingresos, lo contrario siempre es un tiro al pie.

La doble imposición, el haber –sin saberlo– pagado a través de las nóminas durante años salió a colación cuando un colectivo con un potente sindicato particular denunció y ganó en todas las instancias su reclamación, que, no solo afectaba a sus sindicados, sino a todos. No lo publicitaron, y así sólo por el boca a boca se fueron enterando todos de la sentencia y sus derechos. Hacienda, el Sr. Ministro de turno, no mandó ninguna circular informando, tampoco los medios se hicieron eco de lo que estaba pasando. Los más avispados reclamaron y recibieron las devoluciones. La gran mayoría empezó a hacerlo masivamente cuando ya el tema no se podía mantener más en la penumbra, y así una ola cada vez mayor de reclamaciones fueron llegando a Hacienda.

Ante la avalancha, los fueron llenando de buenas palabras, aceptación de la realidad, formularios y dilaciones. A pesar de los medios de los que dispone Hacienda, tampoco se informaba de las cantidades que se estaban reclamando, había que reclamar “a ciegas” y aceptar como parte del proceso la revisión de los últimos ejercicios (nadie me pudo explicar por qué). Pasado este trance, el Ministerio decide cambiar la forma de devolución y exigir una nueva solicitud, dando por no valida lo ya presentado. El clamor ya fue incontrolable y una nueva marcha atrás hizo que avisaran que pagarían antes del 31 de diciembre del 2025 y añadirían intereses de demora. Lo cierto es que no se están cumpliendo tampoco los plazos, y que hay miles de pensionistas que o bien han fallecido o incluso han desistido por todo el embrollo burocrático que está acompañando esta reclamación totalmente lícita y refrendada por sentencias judiciales.

A día de hoy, el oscurantismo, la falta de comunicación entre Hacienda y los contribuyentes implicados sigue siendo una verdadera vergüenza, e incluso los propios funcionarios cada vez que se va a pedir explicaciones, dicen que se siga reclamando y que ya llegará. A esto hay que añadir que parte de los afectados ya no están, por ley de vida, aunque los herederos siguen manteniendo sus derechos y los que han cobrado en parciales siguen y así seguirán, sin saber de cuánto estamos hablando.

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