Porque nos sobran las razones

El Ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá está preparando la segunda parte del Acuerdo Social, aprovechando la pausa del verano y el pseudo confinamiento que la mala gestión de la epidemia está provocando en los países que han ido recortando y privatizando la sanidad. En esta etapa del Acuerdo Social se pretende dar impulso a la privatización de las cotizaciones sociales que percibe la Seguridad Social, hacia fondos privados de pensiones. Ello supondría una gravísima amenaza al sistema público de pensiones y de hecho a la soberanía de nuestro país, que vería volar nuestros ahorros hacia los paraísos fiscales donde se asientan los fondos buitre y con ello la preservación de un derecho tan básico de nuestra sociedad como son las pensiones. 

Todo este entramado se basa en la falsa premisa de que las pensiones no son sostenibles. No hace tanto tiempo, incluso una de las partes del acuerdo llegó a denunciar esa falsedad. CCOO, en la segunda década del actual siglo presentó en la comisión del Pacto de Toledo un estudio realizado sobre las cuentas y balances de la Seguridad Social, donde se mostraba la suficiencia del sistema y el uso indebido que sobre sus excedentes habían llevado a cabo los distintos gobiernos, práctica que se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy. Este estudio fue complementado por el realizado por el colectivo de Economistas Frente a la Crisis, cuyo cuadro aquí reproducimos.

 

El Tribunal de Cuentas, también advirtió del uso inadecuado del salario diferido de los y las trabajadoras por parte de los gobiernos, y el actual Ministro Sr. Escrivá ya lo puso de manifiesto en su anterior cargo como director de AIREF. 

 

Si no existe ese déficit, entonces no hay justificación a que cambie nuestro sistema. No hay justificación de las reformas que se han impuesto y no existe razón para aceptar esa segunda parte del Acuerdo Social para privatizar los ingresos de la Seguridad Social. 

Auditoría de las cuentas 

En este sentido COESPE (@CoespeOficial), ha realizado una campaña de recogida de firmas para exigir al gobierno la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que acredite el importe que el estado debe a los y las pensionistas y un calendario para su devolución. A esta propuesta se han sumado Ayuntamientos de todo el país, Diputaciones, Parlamentos Autonómicos, Parlamentarios nacionales de diversos partidos, UGT en su último congreso, así como distintas federaciones de CCOO. 

La importancia de esta exigencia es que acaba con el discurso implantado en la sociedad de manera interesada, de que el futuro de las pensiones depende de las reformas de 2011 y 2013 implantadas y las previstas en el Acuerdo Social. 

Por el contrario, las falsas premisas de insostenibilidad, cuando su suficiencia es demostrada y demostrable, solo persiguen el deterioro del actual Sistema Público de Pensiones con el empobrecimiento de los y las futuras pensionistas. Bajo esa supuesta crisis se está imponiendo el aumento de la edad de jubilación y de los años cotizados.

Privatización del modelo de pensiones actuales

Es evidente que tras ese interés de los promotores del Pacto de Toledo, por el desmantelamiento de las pensiones públicas, se encuentra el capital financiero internacional, que necesita para seguir logrando grandes beneficios el control de las bolsas de las pensiones, como ya lo hace en otros países y cuyas nefastas consecuencias conocemos, como los Nomadland de EEUU, los jubilados chilenos, alemanes, etc., todos ellos hijos de los Planes Privados de Empresa que por la mala gestión de sus fondos hoy viven en la pobreza y que han sido implantados ya en Euskadi.  

Un ejemplo reciente del uso contra la clase trabajadora que se hace de los mismos lo tenemos en la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Tubacex por el ERE de despido de 129  trabajadores, siendo uno de los principales accionistas de la misma  los Fondos que gestionan las pensiones de empresa. La paradoja es que se despide a los trabajadores con el dinero de los mismos.  

Su influencia es tal, que ha presionado a la Comisión Europea para que obligue al estado español a implantar la privatización del modelo de pensiones actuales mediante la rebaja del importe de las pensiones públicas, y así obligar a complementarlas con los planes de empresas  privados, usando como chantaje los fondos de recuperación y resiliencia y grandes ayudas económicas que ya vienen reflejadas en los PGE para 2022, en un acto de injerencia contra la soberanía nacional ya que los sistemas de pensiones están fuera de las competencias comunitarias. 

Todo esto da como resultado la perdida continua de los ingresos de  las familias, por el trasvase de renta de estas hacia las grandes fortunas, con las consecuencia del aumento de la pobreza en España, al mismo ritmo que el aumento de la riqueza en manos de unos pocos, que siguen siendo los de siempre. 

Para ocultar ese latrocinio, los comisarios del poder financiero como Escrivá, al mismo tiempo que urdían la segunda parte del Acuerdo Social, fabricaban nuevas mentiras como la influencia negativa del baby boom como nueva justificación ante sus argumentos cada vez mas desacreditados. En realidad, la generación del baby boom español hace años que se está jubilando y la afiliación de la Seguridad Social no deja de crecer a pesar de la epidemia. Frente a esa nueva intoxicación, la proyección del modelo de los Economistas frente a la crisis demuestra la viabilidad el sistema de pensiones hasta el año 2046 con el fondo de reserva de los 843.290 millones de euros está asegurada.

Las falsedades que promueven los medios de comunicación en manos del poder financiero se pueden desmontar con argumentos y movilización. Son una ínfima minoría tratando de saquear a todo un pueblo. Por ello hacemos un llamamiento a la sociedad española,  estudiantes, trabajadores y trabajadoras en activo y en forzoso paro, a las personas en el ámbito cultural, deportivo, musical, a sindicatos y  partidos, que apoyen la convocatoria de COESPE y se unan a la misma en la GRAN MANIFESTACION EN DEFENSA DE LAS PENSIONES Y SERVICIOS PUBLICOS EL 16 DE OCTUBRE EN MADRID, por los inocentes fallecidos en las residencias, por las personas que sobreviven con pensiones y sueldos indignos, estafados y robados por las comisiones bancarias, el precio de los alquileres de las viviendas, las subidas incontroladas de la luz, el abandono de los dependientes, de las viudas y sus derechos al 100/% de la pensión de sus esposos y esposas, al acceso y reconocimiento justo a la invalidez laboral.