A menudo solemos escuchar que las instituciones, públicas y privadas, son sensibles a los intereses de las personas mayores, prueba de ello son los numerosos protocolos y guías al uso. Parecería, por tanto, que nosotros, los mayores, podemos estar tranquilos: las administraciones, los bancos, los centros de salud, los cuerpos de seguridad, etc. nos protegen. ¿Es así?

 El caso que voy a exponer es real; he cambiado los nombres y todos aquellos datos que pudieran identificar a las víctimas. Lo relevante son los hechos, y, sobre todo, las preguntas que nos generan.

La Sra. Margarita tiene 89 años, es viuda y vive con su hermana, María Teresa, de 75 años. El caso llegó a servicios sociales a raíz de una intervención de la policía local que, a su vez, fue alertada por una vecina al detectar que en la vivienda de las hermanas se estaban realizando unas obras “poco compatibles con las necesidades reales de las hermanas”. Además, las obras no tenían licencia municipal. Los servicios sociales se personaron en su vivienda y comprobaron que el contratista de las obras, el Sr. Javier (nombre ficticio), de 44 años, se presentó como pareja de María Teresa. Además, se comprobó que el Sr. Javier se había empadronado en casa de las hermanas, procedimiento que requería la aprobación de la Sr. Margarita, propietaria de la vivienda.

Nada que objetar a que una señora de 75 años elija como pareja a un hombre de 44, sin embargo, cuando los servicios sociales le preguntaron a María Teresa si estaba de acuerdo con esa relación obtuvieron una respuesta negativa. Pero, además, la investigación de las trabajadoras sociales descubrió que, a lo largo de los últimos meses, se habían realizado numerosas retiradas de importantes cantidades de dinero en efectivo, que fueron a parar al bolsillo del Sr. Javier. El resultado de todas esas extracciones de dinero ha sido que la cuenta corriente de la Sra. Margarita ha quedado reducida a 50 euros. Hace unos meses, esa misma cuenta disponía de una cantidad cercana a los 250.000 euros.

Y, ahora, vienen otros datos: la Sra. Margarita sufre una demencia tipo alzhéimer, diagnosticada hace más de diez años. Y su hermana María Teresa, no es consciente de la estafa de que han sido víctimas ella y su hermana. Pero, además, ningún funcionario del ayuntamiento tomó precauciones a la hora de realizar el empadronamiento del Sr. Javier en casa de las hermanas Margarita y María Teresa. El caso llegó a los servicios sociales gracias a la alerta realizada por una vecina.

Las preguntas son obvias: ¿cómo el ayuntamiento no tomó precauciones a la hora de realizar el empadronamiento del Sr. Javier? Y, sobre todo, ¿cómo fue posible que la entidad bancaria no indagara la finalidad de recurrentes retiradas de fondos de la cuenta corriente de la Sra. Margarita, afectada de una demencia senil?

Una conocida me ha informado recientemente acerca de unas formaciones que su entidad bancaria, concretamente, Caixabank, está realizando con sus profesionales con el objetivo de que estén especialmente atentos a movimientos sospechosos de fondos en los que están implicadas las personas mayores, especialmente, cuando no se puede garantizar un adecuado nivel del estado cognitivo.

Las estafas son cada vez más sofisticadas, constantemente recibimos mensajes a través del móvil, de nuestras cuentas de correo electrónico o, también, a través de llamadas telefónicas. Una profesional de otra entidad bancaria me explicó que “los estafadores son muy hábiles y siempre van por delante de nosotros”.

En consecuencia, ¿cómo defendernos de los estafadores?, ¿de qué manera las entidades bancarias y, en general, las administraciones nos pueden proteger de toda esa banda de delincuentes, que actúan con especial alevosía contra los mayores? Ante tales interrogantes no es extraño que nosotros, los “viejos”, tomemos nuestras propias medidas que, inevitablemente, van a estar marcadas por la desconfianza.