Hay reformas que nacen con vocación de progreso y terminan siendo una sentencia para quienes más años llevan sosteniéndolo todo. La reforma laboral que el Gobierno de la Alianza Democrática aprobó en Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo pertenece a esa categoría. Lo que Luís Montenegro vende como «Trabalho XXI» —más flexibilidad, más competitividad, más dinamismo— es, en la práctica, un paquete de más de cien modificaciones al Código de Trabajo que debilita la posición de los trabajadores con más antigüedad, facilita su despido y erosiona derechos que les costaron décadas conquistar. Quien tenga más de 50 años y trabaje en Portugal debería leer este texto con atención. Y quien viva en España, también: porque las ideas económicas, como los virus, no respetan fronteras.

Repasemos los hechos. El paquete contempla la ampliación de la duración máxima de los contratos temporales de dos a tres años —y hasta cinco a término incierto—, la reintroducción del banco de horas individual que había sido eliminado en 2019, el desbloqueo de la externalización (outsourcing) para cualquier área de la empresa sin restricciones tras un despido colectivo, y —quizá lo más revelador— la extensión a todas las empresas de la posibilidad de no reintegrar al trabajador despedido de forma ilícita, algo que hasta ahora solo se permitía en microempresas de menos de diez empleados. Añádase la eliminación de la prohibición que impedía a un jubilado anticipado volver a trabajar en la misma empresa durante tres años. Tomadas de una en una, algunas medidas podrían abrir un debate técnico razonable. En bloque, dibujan un paisaje laboral donde la experiencia vale menos, la antigüedad se convierte en lastre y la protección del empleo se adelgaza justo para quienes más la necesitan.

La calle ha respondido con contundencia. El 1 de mayo fue el más combativo que Portugal ha vivido en años. La CGTP, la central sindical histórica, ha convocado una huelga general para el 3 de junio. La UGT, tradicionalmente más moderada y cercana al arco socialista, rompió las negociaciones con el Gobierno después de que la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, diera por concluido el diálogo el 7 de mayo acusando a la central de «intransigencia». Los trabajadores de CP —los ferrocarriles portugueses— ya han anunciado su adhesión al paro. La Federación Nacional de Médicos y la de Profesores también. La Concertación Social, ese instrumento de diálogo que ha permitido a Portugal gestionar reformas duras sin rupturas catastróficas desde la Revolución de los Claveles, está rota. El Gobierno, lejos de desactivar el conflicto, lo traslada al Parlamento.

Lo que más debería preocupar a un lector español mayor de 50 años es la filosofía de fondo. La reforma portuguesa parte de una premisa que ya conocemos: para crear empleo hay que abaratar el despido. Es la vieja receta que España aplicó en 2012 bajo el Gobierno de Rajoy, con resultados que aún hoy se discuten. El dato relevante es que Portugal elige ahora el camino contrario al que España tomó en 2022 con la reforma de Yolanda Díaz, que buscó reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad. Dos países vecinos, con estructuras productivas similares, salarios bajos y economías dependientes del turismo y los servicios, optan por recetas opuestas. La comparación no es ociosa: es un laboratorio en tiempo real sobre qué modelo protege mejor a los trabajadores maduros.

El detalle de la jubilación anticipada merece atención aparte. Hasta ahora, la ley portuguesa prohibía que un trabajador jubilado de forma anticipada regresara a la misma empresa durante tres años. Era una medida diseñada para evitar que las empresas utilizaran la prejubilación como herramienta de despido encubierto: sacar al trabajador veterano, cobrar la pensión y recontratarlo después con peores condiciones. Montenegro quiere eliminar esa barrera. La justificación oficial habla de libertad y de no penalizar a quien desea seguir activo. La lectura sindical es más crítica: sin esa protección, las empresas podrán presionar a trabajadores sénior para que acepten jubilarse anticipadamente, con la promesa de un reenganche posterior que puede llegar —o no— y que, en cualquier caso, llegará con condiciones peores. El mecanismo es tan elegante como peligroso.

El contexto económico agrava el cuadro. La inflación en Portugal subió al 3,4% en abril de 2026, siete décimas más que el mes anterior. El BCE ha avisado de que la subida de tipos en junio es «prácticamente inevitable», lo que encarece las hipotecas —la mayoría indexadas a la Euríbor en Portugal— y comprime aún más el poder adquisitivo de las familias. Las pensiones mínimas, fijadas en 537 euros mensuales, siguen sin alcanzar niveles dignos. El Partido Comunista ha propuesto un aumento intercalar de 50 euros para compensar la pérdida de poder de compra, propuesta que el Gobierno ha ignorado. En este escenario, decirle a un trabajador de 55 años que la solución es más flexibilidad suena a sarcasmo.

Las encuestas reflejan el desgaste. Según Aximage, el Partido Socialista lidera con un 30,6%, mientras que la Alianza Democrática de Montenegro cae al 24,3%, prácticamente empatada con Chega, el partido de extrema derecha de André Ventura, que marca un 23,6%. Montenegro necesitaría el apoyo de Chega o un giro imposible del PS para aprobar su reforma en la Asamblea. La ministra Palma Ramalho ha apelado al «sentido de responsabilidad» de ambos partidos. Pero la política no se decide solo por apelaciones: se decide por votos, apoyos sociales y capacidad de construir consensos. Y en este momento, Montenegro parece estar perdiéndolos todos.

Lo que ocurra en Portugal en las próximas semanas no es un asunto lejano para los españoles mayores de 50. Es un espejo. Cuando un gobierno europeo decide que la competitividad pasa por debilitar la protección del empleo maduro, está mandando un mensaje que trasciende fronteras: los mayores de 50 son prescindibles, adaptables, sustituibles. Esa narrativa, si triunfa en Lisboa, llegará a Madrid. Porque en la Unión Europea las políticas laborales viajan de un país a otro con la velocidad de un memorando de Bruselas. La pregunta que Portugal pone hoy sobre la mesa es la misma que deberíamos hacernos en España: ¿qué sociedad queremos ser cuando el mercado decide que nuestra experiencia ya no cotiza?