Hay reformas que nacen con vocación de progreso y terminan siendo una sentencia para quienes más años llevan sosteniéndolo todo. La reforma laboral que el Gobierno de la Alianza Democrática ha presentado en Portugal pertenece a esa categoría. Lo que se vende como modernización del mercado de trabajo —más flexibilidad, más competitividad, más dinamismo— es, en la práctica, un paquete legislativo que debilita la posición de los trabajadores con más antigüedad, facilita su despido y erosiona derechos que les costaron décadas conquistar. Para quien tiene más de 50 años, la letra pequeña de esta reforma no es un tecnicismo: es una amenaza directa.

Repasemos los hechos. El paquete del Ejecutivo de Montenegro contempla, entre otras medidas, la ampliación de los supuestos para la contratación temporal, la reintroducción del banco de horas individual, el aumento del límite de horas extraordinarias de 200 a 300 anuales por convenio, la facilitación de los despidos en pequeñas y medianas empresas —que ya no estarían obligadas a reintegrar al trabajador despedido ilícitamente— y, quizá lo más revelador, la eliminación de la prohibición que impedía a un jubilado anticipado volver a trabajar en la misma empresa durante tres años. Tomadas de una en una, algunas medidas podrían abrir un debate técnico razonable. En bloque, dibujan un paisaje laboral donde la experiencia vale menos, la antigüedad se convierte en un lastre y la protección del empleo se adelgaza justo para quienes más la necesitan.

La calle ha respondido con contundencia. El 1 de mayo fue el más combativo que Portugal ha vivido en años. La CGTP, la central sindical histórica, convocó una huelga general para el 3 de junio. La UGT, tradicionalmente más moderada y cercana al arco socialista, rompió las negociaciones con el Gobierno y se negó a firmar el acuerdo. La Federación Nacional de Médicos y la Federación de Profesores ya han anunciado su adhesión al paro. La Concertación Social, ese instrumento de diálogo que ha permitido a Portugal gestionar reformas duras sin rupturas catastróficas desde la Revolución de los Claveles, está rota. La ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, ha advertido de que si no hay acuerdo, el Gobierno llevará su propia versión al Parlamento. El conflicto, por tanto, no se desactiva: se traslada.

Lo que más debería preocupar a un lector español mayor de 50 años es la filosofía de fondo. La reforma portuguesa parte de una premisa que ya conocemos: para crear empleo hay que abaratar el despido. Es la vieja receta que España aplicó en 2012 bajo el Gobierno de Rajoy, con resultados que aún hoy se discuten. El dato relevante es que Portugal, precisamente ahora, elige el camino contrario al que España tomó en 2022 con la reforma de Yolanda Díaz, que buscó reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad. Dos países vecinos, con estructuras productivas similares, con salarios bajos, con economías dependientes del turismo y los servicios, optan por recetas opuestas. La comparación no es ociosa: es un laboratorio en tiempo real sobre qué modelo protege mejor a los trabajadores maduros.

El detalle de la jubilación anticipada merece atención aparte. Hasta ahora, la ley portuguesa prohibía que un trabajador jubilado de forma anticipada regresara a la misma empresa durante tres años. Era una medida diseñada para evitar que las empresas utilizaran la prejubilación como herramienta de despido encubierto: sacar al trabajador veterano, cobrar la pensión y recontratarlo después con peores condiciones. El Gobierno de Montenegro quiere eliminar esa barrera. La justificación oficial habla de libertad y de no penalizar a quien desea seguir activo. La lectura sindical es más crítica: sin esa protección, las empresas podrán presionar a trabajadores seniors para que acepten jubilarse anticipadamente, con la promesa de un reenganche posterior que puede llegar —o no— y que, en cualquier caso, llegará con condiciones peores. El mecanismo es tan elegante como peligroso.

El contexto económico agrava el cuadro. La inflación en Portugal subió al 3,4% en abril de 2026, siete décimas más que el mes anterior. El BCE ha avisado de que la subida de tipos en junio es «prácticamente inevitable», lo que encarece las hipotecas —la mayoría indexadas a la Euríbor en Portugal— y comprime aún más el poder adquisitivo de las familias. El Partido Comunista ha propuesto un aumento intercalar de las pensiones de 50 euros para compensar la pérdida de poder de compra, propuesta que el Gobierno ha ignorado. Las pensiones mínimas, fijadas en 537 euros mensuales, siguen sin alcanzar niveles dignos. En este escenario, decirle a un trabajador de 55 años que la solución es más flexibilidad suena a sarcasmo.

Las encuestas reflejan el desgaste. Según Aximage, el Partido Socialista lidera con un 30,6%, mientras que la Alianza Democrática de Montenegro cae al 24,3%, prácticamente empatada con Chega, el partido de extrema derecha de André Ventura, que marca un 23,6%. Montenegro necesitaría el apoyo del Chega o un giro imposible del PS para aprobar su reforma en la Asamblea. El primer ministro insiste en que no actúa por testarudez sino por convicción. Pero la política no se decide solo por convicciones: se decide por votos, apoyos sociales y capacidad de construir consensos. Y en este momento, Montenegro parece estar perdiéndolos todos.

Lo que ocurra en Portugal en las próximas semanas no es un asunto lejano para los españoles mayores de 50. Es un espejo. Cuando un gobierno europeo decide que la competitividad pasa por debilitar la protección del empleo maduro, está mandando un mensaje que trasciende fronteras: los mayores de 50 son prescindibles, adaptables, sustituibles. Esa narrativa, si triunfa en Lisboa, llegará a Madrid. Porque las ideas económicas, como los virus, no respetan aduanas. La pregunta que Portugal pone hoy sobre la mesa es la misma que deberíamos hacernos en España: ¿qué sociedad queremos ser cuando el mercado decide que nuestra experiencia ya no cotiza?