La reforma laboral que Portugal dejó morir: cuando los mayores de 50 pagan la parálisis política
El Parlamento portugués tumbó en junio la reforma del Código do Trabalho
Hay algo profundamente perturbador en la política portuguesa de estas semanas. En el Debate del Estado de la Nación celebrado el pasado 16 de julio, el primer ministro Luís Montenegro proclamó con solemnidad que para su Gobierno «las pensiones son sagradas y todo lo que las ponga en causa es innegociable». La frase, cincelada para los titulares, sonó bien. Pero su eco se desvanece cuando se confronta con la realidad: la reforma laboral que podría haber modernizado el mercado de trabajo portugués yace muerta en el hemiciclo de São Bento, derribada semanas antes por una alianza de oposición que unió a socialistas, populistas y liberales en un voto negativo tan contundente como, según muchos analistas, irresponsable.
Para quienes hayan superado la barrera de los cincuenta años, esta parálisis no es un debate abstracto sobre derecho laboral. Es la diferencia entre poder trabajar dignamente los últimos quince o veinte años de vida profesional o verse empujados hacia una jubilación anticipada que castiga con penalizaciones actuariales cada mes de adelanto. Y es, sobre todo, la certeza de que el sistema que debería protegerles —la Segurança Social portuguesa— funciona sobre una base demográfica que se erosiona trimestre a trimestre, sin que nadie se atreva a abrir el debate de fondo.
La reforma laboral rechazada no era, como quisieron vender sus detractores, una «casa de horrores». Lo ha explicado con lucidez el jurista David Carvalho Martins en el semanario ECO: la propuesta no eliminaba la reintegración del trabajador despedido ilícitamente, sino que daba al juez más margen para convertirla en una indemnización agravada; no creaba jornadas de 50 horas, sino que regulaba mecanismos de banco de horas que ya existían; y, detalle que debería interesar especialmente a los lectores de esta newsletter, ampliaba los servicios mínimos durante las huelgas al cuidado de personas mayores, enfermos y personas con discapacidad. Es decir: protegía a quienes no pueden defenderse solos cuando el país se detiene. La oposición votó en contra también de eso.
Pero el problema va más allá de una ley fallida. Lo verdaderamente preocupante es lo que no se ha hecho: el informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, encargado por el propio Gobierno, no ha sido publicado. «No será divulgado ya», reconoció la concertación social portuguesa, donde patronal y sindicatos coinciden en señalar que la reforma laboral es «inevitable, para este o para el próximo Gobierno». La pregunta incómoda es obvia: si es inevitable, ¿por qué se ha dejado caer? Y la respuesta, igualmente obvia, tiene que ver con el cálculo electoral. Ningún partido quiere firmar un documento que diga en voz alta lo que todos saben en voz baja: que el sistema de pensiones portugués, como el español, necesita ajustes estructurales que ningún elector quiere escuchar.
Para los españoles que lean estas líneas, el paralelo resulta inquietante. España aprobó su propia reforma de pensiones en 2023 con un mecanismo de equidad intergeneracional y una subida de cotizaciones que sigue generando controversia. Portugal, en cambio, ha optado por la inacción adornada de retórica. Montenegro presume en el Debate del Estado de la Nación de haber subido el Complemento Solidario para Idosos —equivalente aproximado de nuestro complemento de mínimos— y de haber financiado al cien por cien los medicamentos para los pensionistas más vulnerables. Medidas reales, sin duda. Pero medidas paliativas, no estructurales. Es como poner tiritas sobre una fractura abierta y llamarlo cirugía.
Mientras tanto, Bruselas ha dejado claro que quiere «medidas restrictivas» en el Presupuesto del Estado para 2027. El ministro de Finanzas portugués, en una posición cada vez más incómoda, asegura que el Gobierno «no intervendrá» en el mercado de determinadas maneras, pero la presión fiscal europea no entiende de promesas vagas. Si Portugal debe ajustar sus cuentas públicas —y debe—, el margen para mantener las pensiones como «sagradas» se estrecha matemáticamente. ¿Quién pagará el ajuste? La experiencia histórica, tanto en Portugal como en España, sugiere que los recortes siempre acaban llegando por la puerta de atrás: congelaciones de facto, pérdida de poder adquisitivo real frente a la inflación, retrasos en la actualización de prestaciones.
Hay un dato que merece reflexión detenida. Portugal tiene hoy más de dos millones de pensionistas para una población de poco más de diez millones de habitantes. La ratio entre cotizantes y beneficiarios se deteriora año tras año, agravada por una emigración juvenil que no se ha detenido y una natalidad entre las más bajas de Europa. En este contexto, la negativa a publicar el informe de sostenibilidad de las pensiones no es prudencia: es cobardía institucional. Y la negativa a reformar el mercado laboral para facilitar la permanencia de los mayores de 50 en el empleo no es protección social: es abandono disfrazado de statu quo.
El trabajador portugués de 55 años que pierde su empleo hoy se enfrenta a un mercado que discrimina por edad —exactamente igual que en España— pero sin las herramientas legales que la reforma rechazada podría haber proporcionado. Queda atrapado en un limbo: demasiado joven para jubilarse, demasiado viejo para que le contraten, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y su Gobierno, que proclama que las pensiones son sagradas, no ha sido capaz de aprobar una ley laboral que le permitiera llegar a esa pensión con dignidad.
Portugal se mira en el espejo del Debate del Estado de la Nación y ve un país que, según su primer ministro, «no quiere ni va a volver a lo que era antes». Pero para los mayores de 50, la pregunta relevante no es si se vuelve al pasado, sino si se está construyendo un futuro en el que quepan. Hasta ahora, la respuesta es un silencio incómodo, envuelto en retórica solemne y aplazamientos indefinidos. Y el silencio, cuando se trata de pensiones y empleo, no es neutralidad: es una decisión política con consecuencias muy concretas para millones de personas.
