La ministra de Igualdad, Irene Montero, hace hoy unas declaraciones en La Vanguardia que abren una nueva vía de análisis de la decisión de volver a trabajar en la construcción y la industria: habla de presiones de grandes empresas más preocupadas por sus ingresos que por la salud de sus trabajadores. La reflexión de Montero es la tradicional de Podemos, que tiende a pensar siempre en la maldad del gran empresario, pero nos deja una duda: ¿la “deshibernación” de parte de la economía fue forzada o es una decisión libre del gobierno? Si hubo o hay esas presiones, tiene lógica, porque muchas empresas están en riesgo de no recuperar su actividad después de la epidemia. Permitirles respirar sería la primera tarea de “reconstrucción”. Y ahí es donde está el drama de futuro que se intuye: lo bueno para la salud puede arruinar al país. El gobierno tiene que optar y optó. Ojalá acierte y no tenga que rectificar. Si tiene que rectificar, se habrá completado una nueva tormenta perfecta: habrá empeorado la salud y no se habrá evitado la ruina del país.