Trabajador de la compañía Takeda
Onega Fogonazos

 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, hace hoy unas declaraciones en La Vanguardia que abren una nueva vía de análisis de la decisión de volver a trabajar en la construcción y la industria: habla de presiones de grandes empresas más preocupadas por sus ingresos que por la salud de sus trabajadores. La reflexión de Montero es la tradicional de Podemos, que tiende a pensar siempre en la maldad del gran empresario, pero nos deja una duda: ¿la “deshibernación” de parte de la economía fue forzada o es una decisión libre del gobierno? Si hubo o hay esas presiones, tiene lógica, porque muchas empresas están en riesgo de no recuperar su actividad después de la epidemia. Permitirles respirar sería la primera tarea de “reconstrucción”. Y ahí es donde está el drama de futuro que se intuye: lo bueno para la salud puede arruinar al país. El gobierno tiene que optar y optó. Ojalá acierte y no tenga que rectificar. Si tiene que rectificar, se habrá completado una nueva tormenta perfecta: habrá empeorado la salud y no se habrá evitado la ruina del país. 

 

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