Hospitales llenos, derechos vacíos

Hay una imagen que resume mejor que cualquier dato lo que está ocurriendo: una cama ocupada, un alta médica firmada y una vida en pausa.

Personas —en su mayoría mayores— que ya no necesitan atención sanitaria, pero que no pueden abandonar el hospital porque no tienen a dónde ir. No es una situación excepcional. Es una realidad creciente que los medios han vuelto a poner sobre la mesa y que, sin embargo, seguimos abordando como si fuera una consecuencia inevitable del sistema.

En Canarias, cientos de camas hospitalarias están ocupadas por pacientes con alta médica. Pero más allá de la cifra, lo verdaderamente importante es lo que revela. Porque cuando una persona permanece en un hospital sin necesitar atención sanitaria, el problema ya no es médico. Es social. Y, desde mi punto de vista, también es jurídico.

Conviene empezar por una idea sencilla: un hospital no es un lugar para vivir. Es un espacio diseñado para tratar procesos agudos, no para sostener situaciones de dependencia. La prolongación de una estancia hospitalaria sin justificación clínica no solo resulta inadecuada, sino que puede ser perjudicial. Deteriora la autonomía, desorienta y expone a riesgos que nada tienen que ver con la patología inicial. El propio sistema sanitario lo reconoce: permanecer en el hospital cuando ya no es necesario no es una solución, es un problema.

Lo que ocurre en estos casos es que el sistema sanitario ha cumplido su función, pero el sistema social no ha sido capaz de continuarla. Entre uno y otro aparece un vacío que no debería existir. Un vacío que deja a la persona en una situación de desprotección evidente: no puede volver a su domicilio, no dispone de apoyos suficientes y necesita cuidados que no están siendo garantizados fuera del entorno hospitalario.

La explicación habitual es conocida: faltan plazas. Y es cierto que existe un problema estructural de recursos. Pero aceptar esta explicación como suficiente implica asumir algo mucho más grave: que los derechos dependen de la disponibilidad. Y eso no es compatible con un Estado social y de Derecho.

La atención a las personas en situación de dependencia no es una opción organizativa. Es un derecho subjetivo reconocido por la ley. Y cuando estamos ante un derecho, la Administración no puede limitarse a esperar a que haya medios. Tiene que actuar.

La normativa, además, no es ajena a estas situaciones. Habla de urgencia social, de la necesidad de intervenir de forma inmediata cuando existe riesgo de deterioro. Y difícilmente puede encontrarse un supuesto que encaje mejor en esa definición que el de una persona mayor que, tras recibir el alta médica, permanece en un hospital porque carece de alternativa.

Aquí es donde conviene ser claros. Cuando una persona no puede salir del hospital porque no tiene a dónde ir, no estamos ante un problema de gestión. Estamos ante un incumplimiento del Derecho.

Y ese incumplimiento tiene consecuencias. Para la persona, que ve cómo su autonomía se deteriora en un entorno inadecuado. Para el sistema sanitario, que asume funciones que no le corresponden. Y para el conjunto de la sociedad, que termina normalizando situaciones que no deberían ser aceptables.

A menudo se habla de abandono en términos de conductas activas, pero en estos casos adopta una forma más silenciosa. No hay una decisión expresa de no actuar, pero tampoco hay una respuesta efectiva. La persona queda en un espacio intermedio en el que ningún sistema asume plenamente su situación. Y esa forma de inacción también es abandono.

Ante esta realidad, la pregunta no debería ser si hay plazas o si el sistema está tensionado. La pregunta es otra: si podemos aceptar que una persona permanezca en un hospital, pese a tener el alta médica, porque no tiene a dónde ir. Si la respuesta es no —y desde cualquier perspectiva jurídica debería serlo—, entonces la conclusión es inevitable: no estamos ante un problema organizativo, sino ante una cuestión de cumplimiento del Derecho.

Las noticias publicadas estos días no son solo una fotografía de la situación. Son una advertencia. Nos muestran que el sistema no está llegando a tiempo y que la vulnerabilidad está quedando sin respuesta. Y ante eso, hay algo que conviene recordar. El Derecho no actúa por sí solo. Necesita ser activado, reclamado, exigido. Porque lo que no se reclama, no se activa. Y lo que no se activa, se convierte —con el tiempo— en normal.

Lo verdaderamente preocupante no es que esto esté ocurriendo. Lo verdaderamente preocupante es que empecemos a aceptarlo.