Anatolio Díez
Opinión

Ley integral de derechos de las personas mayores

Lunes 11 de marzo de 2019

3 minutos

Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Continua de Hogares 2017 y la Proyección de Hogares 2018-2033, el número de personas de 65 años y más en España es de 8.905.738, un 19,07 % de la población. Y más del 57% de las personas mayores son mujeres.

La esperanza de vida en España se sitúa en los 83,1 años, la más elevada de la Unión Europea. En 2033 el 25,2% de la población superará los 65 años, situándose la esperanza de vida en 87,7 años para las mujeres y 82,9 años para los hombres.

En 1.960.000 hogares reside una persona mayor sola. En 3 de cada 4 de estos hogares, es una mujer. En 2033 habría más de 5,8 millones de hogares unipersonales, lo que supondría el 28,8% del total. Los Servicios Sociales en España atienden a más de 4 millones de personas
mayores.En 2050, por primera vez en la historia, habrá más personas mayores de 60 años que niños. Y en 2066 más de 14 millones de personas serán mayores de 65 años, es decir, el 35% del total.

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT, venimos demandando una “Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores”, que les garantice una protección específica y contemple distintos ámbitos, la salud, la vivienda, la protección económica, la jurídica, la cultura y el ocio. Creemos que es imprescindible desarrollar actuaciones sociales y políticas que afronten las situaciones que viven los mayores y que aborden el futuro inmediato que se presenta.

Los datos anteriores, constatan el importantísimo incremento de los mayores (especialmente de los de más de 80 años), la escasez de servicios sociales para atenderlos y el incremento de hogares unipersonales (3 de cada 4 de estos hogares son mujeres). El aumento de la longevidad constituye un gran cambio y desafío para nuestro tiempo y ello requiere promover iniciativas para estimular la actividad de los mayores en la vida social, familiar y política. Su participación es clave para el desarrollo social. 

Para la UJP-UGT es imprescindible mantener la autonomía de las personas mayores impulsando su papel activo en la sociedad, garantizar su poder adquisitivo (mermado por las reformas efectuadas por el Gobierno anterior), combatir la soledad y minimizar sus riesgos y consecuencias y establecer medidas preventivas y de protección para evitar el maltrato de las personas mayores (que se engloba dentro de la violencia doméstica, familiar o institucional).

Así, la Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores debería garantizar, entre otros:

- La protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.
- La no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.
- La participación activa de los mayores en todos los ámbitos, el social, el político o el privado (como es el familiar) y bajo una
perspectiva intergeneracional.
- Considerar el envejecimiento como un logro obtenido por la evolución del conocimiento humano y como un reto para conseguir
prolongar la pervivencia y garantizar la mejor calidad de vida.


Anatolio Diez Merino, Secretario General UJP-UGT y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.

Sobre el autor:

Anatolio Díez

Anatolio Díez

Anatolio Díez Merino (Orzonaga, León, 1953) es Secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.

Se afilió en 1976 y lleva casi toda su vida en el sindicato. Minero de profesión, su actividad comenzó en el carbón. Allí estuvo ligado a UGT y fue miembro del comité de empresa de Comercial Minera del Carbón. Antes de tener responsabilidades de ámbito estatal, pasó por todos los eslabones del sindicato. En 2008 se jubiló y en 2009 regresó para hacerse cargo de la Federación de Pensionistas de Castilla y León. Desde 2015 está en la estatal.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP tiene por finalidad agrupar y organizar a todos los pensionistas, jubilados y prejubilados afiliados a UGT, cuya pensión haya sido originada por su condición de trabajador asalariado o autónomo, para defender sus intereses sociales, materiales y económicos, orientándolos hacia la consecución del Estado de Bienestar.

… saber más sobre el autor