Deuda de la Seguridad Social: una mirada más allá de los titulares

¿Tienen las pensiones los días contados? Un libro de Manuel Álvarez da las claves

 

La deuda de la Seguridad Social española ha alcanzado 136.000 millones de euros tras un aumento de más de 10.000 millones en noviembre, elevando el agujero del sistema de pensiones en un 8% interanual. Aunque estos números suelen generar alarma, una lectura más cuidadosa revela que el problema no es estrictamente un impago inminente, sino un desafío estructural de sostenibilidad que condiciona el futuro económico del país.

En términos estrictamente financieros, la deuda de la Seguridad Social no constituye un impago con los mercados financieros: son préstamos intragubernamentales que cubren déficits temporales. Esto significa que el riesgo de que se dejen de pagar pensiones a corto o medio plazo es bajo. La prioridad política y jurídica del gasto social asegura la continuidad de las prestaciones. Sin embargo, la solvencia real del sistema a largo plazo es otra cuestión.

Organismos independientes como AIReF han advertido que las proyecciones demográficas y el envejecimiento de la población mantienen un desafío para la sostenibilidad de las pensiones, incluso si cifras macro como el gasto sobre PIB no se disparan. Un crecimiento persistente del gasto en pensiones sin contrapartida de ingresos estructurales limita el margen fiscal del Estado y obliga a decisiones difíciles sobre otras prioridades del gasto público. En una línea similar, el Banco de España y la OCDE han señalado que la sostenibilidad fiscal de los países europeos depende tanto de reformas internas como de políticas que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.

Desde una perspectiva técnico-actuarial, como comenté en Pensiones: la promesa rota, la situación española tiene paradojas relevantes. Estudios sobre rentabilidad del sistema señalan una Tasa Interna de Retorno (TIR) por euro aportado muy favorable para el jubilado. Sin embargo, la deuda implícita del sistema (los compromisos futuros acumulados) supera las dos veces el PIB. Es el elefante en la habitación, que no queremos ver. Este desajuste no es visible si solo se observa el presupuesto anual, pero refleja una deuda por compromisos por pensiones que deja al descubierto desequilibrios estructurales preocupantes.

El Financial Times ha destacado recientemente cómo los países europeos enfrentan un dilema común: la resistencia política a reformar sistemas de pensiones más allá de ajustes cosméticos, en un contexto de envejecimiento que presiona las cuentas públicas. España no es una excepción.

Pero más allá de los números fríos, el debate fiscal sobre pensiones debería insertarse en una visión más amplia de prioridades económicas. Tener un sistema de pensiones sostenible no puede significar automáticamente que este sea la prioridad única del gasto público. La inversión en educación, innovación y crecimiento económico es la palanca que puede generar mayor empleo, productividad y, con ello, mayores ingresos fiscales. Un sistema educativo sólido y una fuerza laboral preparada impulsan la innovación tecnológica y elevan la base productiva de la economía, lo que a su vez genera recursos para financiar el conjunto del Estado del bienestar, incluidas las pensiones.

Si la política económica concentra de forma inercial cada vez más recursos en sostener un esquema actuarialmente desequilibrado, se corre el riesgo de reducir la inversión en educación pública, I+D o políticas activas de empleo. Esta renuncia implica un menor crecimiento potencial y, paradójicamente, un estrangulamiento del propio sistema de pensiones en el largo plazo. Aparte de tensionar cada vez más la solidaridad intergeneracional.

En suma, la cuestión no es si se pagarán las pensiones, sino a qué coste se sostendrá ese pago y qué otras oportunidades económicas sacrificaremos si no corregimos a tiempo. España necesita una agenda de reformas que combine ajustes estructurales en pensiones con políticas audaces de crecimiento y capital humano para asegurar que la promesa de seguridad en la vejez no se convierta en una carga que las generaciones futuras no puedan ni quieran asumir.