Residencias caras, salarios bajos: señalemos al verdadero responsable
Al leer en 65YMÁS la denuncia de varias familias sobre una realidad aparentemente difícil de conciliar –residencias cada vez más caras y salarios demasiado bajos entre quienes cuidan– no he podido evitar hacerme una reflexión que nace también de mi propia experiencia profesional.
Entiendo a las familias cuando se preguntan cómo pueden pagar cantidades tan elevadas por una plaza residencial mientras muchos de los profesionales que atienden diariamente a sus mayores perciben salarios que difícilmente se corresponden con la responsabilidad, dureza y trascendencia social de su trabajo. Y comparto, por supuesto, la reivindicación de esos trabajadores de unas condiciones económicas dignas.
Pero después de muchos años trabajando jurídicamente junto al sector residencial, conozco también otra realidad que creo que debemos incorporar necesariamente al debate: muchos centros tienen enormes dificultades para prestar cuidados de calidad, cumplir las crecientes exigencias normativas, mejorar salarios y, al mismo tiempo, mantener precios asumibles para las familias.
Lo veo especialmente en el ámbito rural. Conozco pequeños centros cuyo esfuerzo permite que muchas personas mayores continúen viviendo cerca de su familia, sus vecinos, sus recuerdos y su historia de vida. Y esto no es una cuestión menor: el artículo 3.i) de la Ley 39/2006 establece como principio la permanencia de las personas dependientes, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. Cuando uno de estos centros desaparece, no se pierden únicamente plazas: podemos estar expulsando a una persona mayor de su propio entorno de vida.
Dejemos de buscar al culpable equivocado
Creo que nos equivocamos si enfrentamos a familias, trabajadores y centros. Si los salarios aumentan exclusivamente a costa de las cuotas, muchas familias no podrán pagarlas; si contenemos los precios sin financiación suficiente, muchos centros dejarán de ser viables; y si sostenemos el sistema sobre salarios bajos, terminaremos sin profesionales suficientes para cuidar.
Esto no se soluciona decidiendo quién debe perder. Se soluciona financiando adecuadamente los cuidados.
Y aquí sí creo que debemos señalar la responsabilidad principal: los poderes públicos. El artículo 50 de la Constitución les encomienda promover el bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus necesidades específicas, mientras que el artículo 4 de la Ley 39/2006 reconoce expresamente un derecho subjetivo de ciudadanía en materia de autonomía personal y atención a la dependencia.
Como jurista, creo que debemos extraer todas las consecuencias de esas palabras. La dependencia no es beneficencia, ni caridad, ni una concesión del Gobierno de turno. Es un derecho. Y los derechos cuestan dinero.
En 2026 se ha avanzado. Ahora hay que blindarlo
También quiero ser justo en este análisis. En 2026 se ha producido un incremento extraordinariamente importante de la financiación pública de la dependencia. El Gobierno ha aprobado una aportación adicional de más de 6.000 millones de euros para 2026 y 2027, dirigida, entre otros objetivos, a reducir las listas de espera, aumentar la intensidad de las prestaciones, mejorar los servicios y favorecer mejores condiciones laborales en el sector.
Es mucho dinero y supone un cambio de dimensión respecto de ejercicios anteriores. Hay que reconocerlo y valorarlo. También se ha avanzado en el compromiso de incrementar la participación de la Administración General del Estado en la financiación del sistema y aproximarla al equilibrio con la aportación autonómica previsto en el modelo de la Ley de Dependencia.
Pero precisamente porque hemos comprobado que cuando existe voluntad política pueden movilizarse recursos de esta magnitud, me formulo a mí mismo una pregunta: ¿qué ocurrirá cuando el Gobierno cambie, llegue una crisis económica o aparezcan otras prioridades presupuestarias?
No puedo aceptar que la efectividad de un derecho subjetivo quede condicionada a una negociación parlamentaria, al ciclo económico o a la conveniencia electoral del momento. Si reconocemos jurídicamente el derecho, debemos garantizar también los recursos necesarios para hacerlo efectivo. De lo contrario, no tendremos únicamente un problema presupuestario: tendremos un problema jurídico.
Los dependientes de 2040 podemos ser nosotros
Hay otra razón por la que esta cuestión me preocupa especialmente. Quienes hoy rondamos los cincuenta o sesenta años deberíamos empezar a hablar de la dependencia en primera persona, porque durante las próximas décadas llegarán a edades avanzadas generaciones extraordinariamente numerosas.
Los dependientes de 2040 y 2050 podemos ser nosotros
Y un sistema de cuidados no se improvisa cuando aparece la necesidad. Necesita profesionales, centros, atención domiciliaria, recursos rurales, formación e infraestructuras. Si hoy no somos capaces de remunerar dignamente a quienes cuidan y garantizar la viabilidad de quienes prestan los servicios, mañana tendremos un problema que ya no podremos solucionar simplemente aumentando una partida presupuestaria.
Lo estamos viendo venir y, por tanto, no podremos decir que nos sorprendió.
De la promesa política a la garantía jurídica
Por eso cada vez tengo más clara una conclusión: España necesita una garantía legal de suficiencia financiera del Sistema de Dependencia, estable, plurianual, vinculada a las necesidades reales de la población y protegida frente a los cambios políticos.
Un pacto de Estado sería positivo, por supuesto, pero personalmente ya no me conformo con eso. No quiero solamente un pacto político; quiero una obligación jurídica. Una obligación que vincule al Gobierno de hoy y al de mañana, que impida utilizar la dependencia como instrumento electoral y que establezca unas garantías mínimas cuyo incumplimiento pueda ser controlado y, cuando corresponda, exigido ante los tribunales.
Ese es, a mi juicio, el verdadero debate. Los trabajadores merecen cobrar dignamente, los centros necesitan ser sostenibles, las familias no deberían empobrecerse para pagar los cuidados y las personas mayores tienen derecho a recibir una atención digna. No encuentro ninguna razón por la que debamos garantizar uno de esos intereses sacrificando los demás.
Soy de los que opinan que hemos de financiar desde ya el sistema de cuidados que nosotros mismos necesitaremos porque no estamos hablando solamente de cuánto queremos gastar, sino de qué sociedad queremos ser y de cómo queremos cuidar y ser cuidados cuando llegue nuestro momento.
Por eso, si hemos decidido que la atención a la dependencia es un derecho, actuemos de una vez en consecuencia: financiémosla como un derecho. Y permitamos que pueda defenderse como tal ante los tribunales.
