Los mayores piden más control contra los ingresos involuntarios en residencias: "Es preocupante"
La organización HelpAge ha alertado sobre estos casos
Asociaciones de mayores y de familiares han manifestado a 65YMÁS su preocupación frente a los casos de ingresos no voluntarios en centros residenciales.
Estas organizaciones han transmitido esta inquietud a raíz de la publicación del informe del año 2025 del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), gestionado por HelpAge International España, en el que se alerta sobre la gravedad de estos supuestos.
El documento del SEAM incluye la historia de una mujer de 85 años internada forzosamente en un centro para trastornos psíquicos sin un motivo real, a petición familiar y con aval judicial.
Posteriormente, los informes técnicos elaborados por los profesionales demostraron que no había ninguna razón para justificar la medida, es decir, que no padecía un trastorno.
Con la asistencia jurídica del bufete Recover Abogados, se acreditó la inexistencia de este problema, logrando que la justicia dejara sin efectos el internamiento.
En el informe, el SEAM argumenta además que este escenario no constituye un hecho aislado en España. Observan que "esta realidad es cada vez más común, pero poco conocida" debido a que "las víctimas están incomunicadas la mayoría de las veces" y a que quienes promueven el ingreso han interiorizado un prejuicio de corte edadista.
El informe documenta anomalías tales como supuestos de urgencia donde "no se procede a la notificación del internamiento al juzgado dentro del plazo de veinticuatro horas ni a la ratificación de la medida dentro de las 72 horas"; advierte de casos en los que "la autoridad judicial no examina por sí misma a la persona" ni nombra a un facultativo para realizar un peritaje, limitándose a validar los informes médicos de la parte interesada sin contrastación; y denuncia la "falta de representación o defensa judicial de personas afectadas".
Los mayores piden más control
Frente a las realidades expuestas en el documento, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP UGT), Anatolio Diez, califica la situación como "especialmente preocupante" y defiende que "cualquier limitación de la libertad personal debe ser considerada una medida excepcional y estar sometida a las máximas garantías legales". Desde el sindicato advierten de que estos casos suelen quedar invisibilizados porque "muchas personas mayores se encuentran en situaciones de dependencia, aislamiento o vulnerabilidad que dificultan que puedan expresar su disconformidad o acceder a mecanismos de reclamación". Y por ello, exigen "reforzar los mecanismos de supervisión y control de los ingresos", "impulsar sistemas de inspección independientes" y asegurar que "la voluntad, deseos y preferencias de la persona mayor sean escuchados y respetados".
Por su parte, la presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), Gloria Veiga, señala que el internamiento involuntario "es un tema muy complejo que genera un intenso debate ético, médico y jurídico". Sostiene que existe un "riesgo de desamparo institucional" cuando se utiliza esta medida para "aliviar la carga de cuidado familiar o por falta de recursos públicos de apoyo en el hogar". Como soluciones, propone el uso preventivo del "documento de voluntades anticipadas o un testamento vital" y la firma de "poderes preventivos" ante notario, además de exigir un riguroso "control judicial legal obligatorio".
Los familiares también piden soluciones
En una línea similar se pronuncia la asociación de familiares de usuarios de residencias de mayores Pladigmare. Coincide en que la "clara culpabilidad" que experimentan los familiares por la institucionalización, sumada al aislamiento de los residentes, favorece que algunos ingresos forzosos pasen desapercibidos. Ante esta coyuntura, solicita la creación de un "canal seguro de denuncia de casos y situaciones no deseadas, similar al 016, 024..., que proporcione confidencialidad y aporte soluciones seguras", al tiempo que cuestiona la falta de detección por parte de las inspecciones oficiales. Cabe recordar que el SEAM ofrece asesoramiento en ese sentido, a través del teléfono: 900 22 22 22.
Soluciones
Para evitar estas vulneraciones, el abogado Torcuato Recover aboga por "dotar a los jueces de más tiempo y medios" y establecer la "intervención de abogado" para asesorar al afectado.
Además, exige una reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que sea más garantista con los derechos de los mayores.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Profesor Uría también analiza resoluciones de la Audiencia Provincial de A Coruña que concluyen que el artículo 763 no es el cauce procesal válido para autorizar el internamiento involuntario de personas con deterioro cognitivo en residencias. La fundación apunta a una falta de claridad de la normativa reguladora que confunde a los operadores judiciales e irregularidades por parte de centros y facultativos que vulneran garantías básicas.
Gregorio Saravia, de la Delegación de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ratifica que estos internamientos son incompatibles con las obligaciones adquiridas por España al ratificar la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y desde el Defensor del Pueblo se recuerda a este diario que ya en 2017 recomendaron que los centros residenciales adapten sus procedimientos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales ante la ausencia de una ley orgánica específica.
Cabe recordar que, en paralelo, el SEAM propone en su informe de 2025 redactar una "Ley Orgánica de Derechos de las Personas Mayores en España" que reemplace el modelo coercitivo por un "sistema de atención integral psicosocial, basado en el respeto a la voluntad".
A nivel político, este cambio legislativo, el de la LEC, ya se incluye en la propia reforma de la Ley de Dependencia, remitida al Senado en julio por parte del Congreso, tras su aprobación.
La disposición final decimoquinta establece que el Gobierno remitirá, en el plazo de un año, "un proyecto de Ley Orgánica para reformar" el artículo antes mencionado, "a fin de adaptarlo al artículo 49 de la Constitución y a las recomendaciones de Naciones Unidas".
Asimismo, cabe recordar que el grupo parlamentario socialista en el Congreso presentó una proposición de ley que clasifica estos ingresos en asistenciales, terapéuticos y por urgencia vital, exigiendo que el afectado cuente con "asistencia preceptiva de un abogado" desde el inicio del expediente administrativo.
Un sistema garantista
Pese a que existe margen de mejora, expertos como Eduardo Ortega, responsable de EO Abogados, han recordado a este diario que el sistema es "más que garantista", reiterando la excepcionalidad de estos supuestos.
Ortega recalca que la autorización de ingreso exige habitualmente pruebas forenses sólidas y el dictamen de la fiscalía que acrediten el deterioro de la persona.
Por su parte, Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica, recuerda que en el ámbito civil la intervención de abogado no es obligatoria si no la solicita expresamente el afectado, por lo que pide a los operadores que sean escrupulosos e informen siempre de esta posibilidad.
Javier Ferrández, director del Instituto Jurídico Ferrández Pina, apunta que las disfunciones pueden provenir de "los facultativos", del "órgano judicial" o de "manipulación de la familia por intereses materiales". Ferrández propone regular "órganos de coordinación multidisciplinares" para evitar que el juez resuelva condicionado exclusivamente por las conclusiones técnicas escritas.
Desde el bufete Letradox Abogados consideran que la justicia es garantista pero reclaman mayor "agilidad en la resolución" de estos expedientes para acortar plazos y reducir la complejidad del proceso para el entorno familiar.
Finalmente, las patronales del sector residencial descartan una práctica generalizada. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) asegura que la inmensa mayoría de los centros actúa dentro de la ley, pero admite la existencia de "situaciones grises" ligadas a ingresos no plenamente consentidos por personas con deterioro cognitivo, soledad, desbordamiento familiar o falta de alternativas habitacionales. La FED subraya que "una residencia no puede ser nunca un espacio de privación irregular de libertad. Son centros de cuidados, no de internamiento".
En el mismo sentido, la patronal AESTE insiste en que es imprescindible una autorización expresa de la persona previa a su ingreso o, en su defecto, una autorización judicial previa.
