El negocio millonario de las residencias privadas: sueldos de miseria y precios desorbitados
El 70% de los centros en España son de titularidad privada
Sueldos base por debajo del SMI y precios por cama de más de 2.000 euros al mes, sin sumarle todos los extras que, según la OCU, suponen 1.320 euros anuales suplementarios de media.
Esta es la realidad detrás del negocio milmillonario de las residencias de mayores privadas, según denuncian a este diario asociaciones de mayores, de familiares y sindicatos.
"La situación actual refleja una contradicción profunda entre el modelo teórico de bienestar y la realidad del mercado. Mientras se consagra el derecho universal a la atención a la dependencia, en la práctica se está produciendo una 'huida hacia adelante' del sector privado con ánimo de lucro", asegura el portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, Xabier Monreal, quien critica que, por una parte, el coste mensual "duplica con creces la pensión media en el Estado, generando un sistema inaccesible para la mayoría sin el apoyo familiar o la venta de patrimonio".
Y edemás, añade, "es especialmente grave que esta dinámica coexista con una precariedad laboral extrema", con profesionales de los cuidados con sueldos que apenas superan el SMI.
"Se genera así una doble injusticia: el servicio es caro para el usuario y los salarios son bajos para las trabajadoras, lo que apunta a que el lucro empresarial se sitúa en el centro", comenta.
En un sentido similar se pronuncia Consuelo Cuadra, responsable de Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que entiende que "los recursos para mayores, sobre todo, del ámbito residencial, se están convirtiendo en un negocio en manos de potentes operadores que cada vez encarecen más los precios de mercado".
"Desde una perspectiva sindical y social, este modelo plantea serios desafíos. Al no contar con financiación ni control directo de las comunidades autónomas, estos centros operan bajo las leyes del libre mercado. Esto genera una enorme brecha de accesibilidad económica para los usuarios y, con frecuencia, una fuerte presión sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del sector", añade Luis Batuecas, coordinador de UGT Servicios Públicos.
Un negocio en auge
Y este modelo de negocio, estaría generando una facturación milmillonaria para un sector, en el que dominan el mercado grandes grupos empresariales, algunos incluso con implantación internacional.
Así dan cuenta de ello varios estudios realizados por entidades especializadas en análisis de mercado. Según los datos del reciente informe Observatorio del sector sanitario privado 2026 de la Fundación IDIS, en España, en torno al 30% de los centros son públicos y el resto tienen titularidad privada.
En total, el mercado administra 289.471 plazas y 3.904 centros. A nivel de facturación, esto supune 7.955 millones de euros anuales, lo que equivale al 0,53% del PIB español.
Y esto se traduce asimismo en empleos directos: 222.581 trabajan en el sector, representando el 25% de todos los puestos sanitarios y sociales del mercado.
Un sector en crecimiento
Además, se trata de un sector en constante crecimiento. Según el estudio Sectores Residencias para la Tercera Edad del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce), la facturación agregada entre el año 2024 y 2025 habría aumentado un 6,9%. Este incremento se debería a una demanda sólida y la tendencia al alza de las tarifas aplicadas por los operadores.
Según el portal Inforesidencias.com, entre enero de 2014 y marzo de 2025, las tarifas habrían aumentado un 15,74% –algo menos que el incremento general del coste de la vida en ese mismo periodo, que fue del 25,6%–.
Por otro lado, según el informe realizado por el Observatorio Sectorial DBK, la gestión de plazas privadas puras concentró el 55% del valor total del mercado.
Un sector concentrado en grandes operadores
El mercado de los cuidados se encuentra altamente concentrado en grandes grupos corporativos. Según los datos del Observatorio del sector sanitario privado 2026 de la Fundación IDIS, DomusVi lidera el sector de forma destacada con 144 centros y 19.352 plazas, generando, sólo esta empresa, una facturación de 844 millones de euros. Le siguen de cerca Vitalia Home –72 centros y 10.087 plazas–, Emeis Iberia –59 centros y 9.330 plazas– e Intercentros Ballesol –55 centros y 8.048 plazas–, explican en el informe.
El informe Sectores Residencias para la Tercera Edad del Observatorio Sectorial DBK también da cuenta de esta concentración: en 2025, los cinco primeros grupos del sector reunieron una cuota conjunta del 23,8% del mercado en valor, porcentaje que se elevó hasta cerca del 35% al considerar a los diez principales operadores.
El mapa de las residencias privadas
Respecto al tamaño, la mayoría de los centros de titularidad privada suelen ser tener más de 100 plazas: el 54% –156.408– superan esta capacidad, según los datos del Observatorio del sector sanitario privado 2026 de la Fundación IDIS.
Ahora bien, este mercado no está extendido de igual manera por todo el país. Otro aspecto que se destaca en el informe son las diferencias que existen entre territorios. El estudio analiza asimismo cuál es la cantidad de plazas privadas en relación al total de la población mayor que vive en la región. La media nacional se sitúa en 3,1 camas por cada 100 personas de más de 65 años. Castilla y León encabeza la disponibilidad de estos servicios con 5,7, seguida de Castilla-La Mancha –4,4– y Cantabria –4,3–. Y en el extremo opuesto, se sitúan regiones como Canarias –0,9–, Baleares –1,5– y la Región de Murcia –1,8-.
Mejoras a los trabajadores
De esta manera, teniendo en cuenta que el sector es rentable, sigue creciendo y las tarifas son elevadas, los sindicatos piden mejoras salariales.
Consuelo Cuadra, desde CCOO, reclama, en el contexto actual, "con la negociación del IX Convenio Estatal de la Dependencia" en ciernes, pactar un nuevo marco digno que "contribuirá de forma directa no sólo a atraer a nuevos profesionales sino a evitar que se vayan los actuales".
Por su parte, Luis Batuecas, coordinador de UGT Servicios Públicos, exige también una "dignificación salarial vía Convenio" para los profesionales del sector con el fin de "superar los salarios mileuristas". Asimismo, pide aumentar las ratios de personal, regulando "por ley estatal un número mínimo de trabajadoras por residente". "Menos carga de trabajo reduce el estrés laboral y mejora drásticamente la calidad asistencial del mayor", comenta. Y propone "reconocer las enfermedades profesionales musculoesqueléticas derivadas de las movilizaciones de pacientes y permitir coeficientes reductores para la jubilación anticipada del sector". "Las residencias de capital privado no concertadas no pueden operar como islas ajenas al bienestar social", opina.
Esta petición de mejoras es también compartida por parte de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, así como de varias de las principales organizaciones de mayores del país. José Luis Fernández, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), destaca la "evidente preocupación por el elevado coste" de las plazas, que exigen un "esfuerzo económico muy elevado para gran parte de las familias", lamentando, en paralelo, que los "salarios en muchos casos apenas alcanzan el SMI".
Desde Pensionistas CCOO, su secretario general Juan Sepúlveda recalca que "los precios de las residencias sin concierto son muy elevados" y critica que, simultáneamente, las "condiciones salariales del personal profesional –mayoría mujeres–" sean precarias y las ratios bajas.
Coincide con Sepúlveda el secretario general de UJP-UGT, Anatolio Diez, quien expone esta, a su parecer, "contradicción muy evidente", afirmando que existe una "fuerte presión empresarial para contener salarios y costes laborales", lo que da como resultado un "equilibrio muy frágil" donde las familias no pueden pagar y las empleadas no cobran lo justo.
Finalmente, Gloria Veiga, presidenta de la Confederación Estatal De Mayores Activos (Confemac), comparte la opinión del resto de representantes respecto al precio y es tajante sobre las condiciones de las plantillas, afirmando que "los trabajadores están mal pagados en relación con la carga de trabajo fisica y mental".
Las residencias defienden sus tarifas
"La falta de reconocimiento social del sector de los cuidados es una realidad y, sin duda, esa situación tiene también un reflejo en su reconocimiento económico y en el de sus profesionales", reconocen a este diario desde AESTE, la organización empresarial que engloba a los operadores más grandes del país.
En ese sentido, consideran "necesario seguir avanzando en un mayor reconocimiento social del sector y en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de los cuidados".
"Además, al mismo tiempo, es imprescindible garantizar que todas las personas puedan acceder a estos servicios cuando los necesitan y en condiciones adecuadas. Somos conscientes del importante esfuerzo económico que muchas familias realizan para acceder a determinados servicios. Por ello, entendemos que el debate no debería centrarse únicamente en el precio, sino en el nivel de cobertura pública del sistema; en este sentido, reivindicamos una mayor apuesta de las administraciones públicas –autonómicas, estatales y europeas– por el sector de los cuidados y por la colaboración público-privada. Es necesaria una mayor financiación pública y un refuerzo del sistema de atención a la dependencia que permita asegurar la sostenibilidad, la calidad y la accesibilidad de estos servicios esenciales", indican. Y puntualizan que, "cuando hablamos del precio de estos servicios, no podemos hacerlo al margen de los costes reales que implica prestar unos cuidados de calidad. Reducirlos, sin una financiación suficiente, tendría inevitablemente impacto en la calidad de la atención".
Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) precisan que "nuestros servicios son muy intensivos en personal, así que inevitablemente la mejora en las condiciones laborales de los profesionales tienen una incidencia muy directa en los precios".
"Actualmente, consideramos que ofrecemos servicios muy baratos para los que prestamos y la calidad de los mismos, simplemente hay que comparar nuestros precios con los de los principales países europeos", señalan, aunque reconocen también que "es cierto que es mucho dinero mensualmente" y que son unos apoyos que se van "a prolongar en el tiempo, lo que dificulta que las familias puedan sufragar estos costes".
Con todo, avisan: "Si se quiere mantener y mejorar los servicios y las condiciones laborales del personal, esto es incompatible con la reducción de precios". Y recuerdan que los salarios "están sujetos a las tablas que se negocian con los sindicatos y van de 17.000 a 60.000 euros anuales, dependiendo de la categoría profesional".
